Aunque el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, celebra la represa Cascapampa como una de sus obras emblemáticas, al igual que los caminos de accesos al componente I del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP), la entidad regional se ha visto obligada a intervenir económicamente ambas obras. La decisión, formalizada mediante resoluciones gerenciales, expone un patrón reiterado de incumplimientos contractuales, retrasos críticos y serios cuestionamientos a los procesos de selección y control de la inversión pública. Ambas son ejecutadas por consorcios integrados por dos empresas que arrastran millonarias deudas coactivas con el Estado.
Las obras intervenidas son la “Creación de la Represa Cascapampa para el Servicio de Agua para Riego” y la “Ejecución del saldo de obra del Subcomponente N.° 2: Caminos y Accesos del Componente I del Proyecto Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino”, ambas consideradas claves para el desarrollo agrícola e hidráulico de la región. La decisión de intervenir económicamente surgió tras una serie de incumplimientos por parte de las contratistas y la advertencia de la supervisión de resolver ambos contratos.
Represa Cascapampa: 16 meses de retraso
La construcción de la represa Cascapampa, ubicada en el distrito de Sondorillo (Huancabamba) se inició el 14 de diciembre de 2023 con un presupuesto actualizado de S/ 32.2 millones. Su finalidad es almacenar 2.9 millones de metros cúbicos de agua para irrigar 1,364 hectáreas agrícolas, beneficiando directamente a cientos de familias.
No obstante, al cierre de octubre de 2025, el avance físico acumulado apenas alcanza el 46.9%, cuando debió superar el 98%. El retraso fue advertido por el Consorcio Supervisión Cascapampa, que alertó sobre la ausencia de personal, maquinaria y materiales mínimos en obra.
Ante la persistencia del incumplimiento, la Gerencia General del PEIHAP cursó una carta notarial al Consorcio R (encargado de la obra) el 15 de octubre de 2025. La respuesta del contratista fue solicitar la intervención económica, alegando deficiencias en el expediente técnico. Con ello, perdió automáticamente el derecho a reclamar mayores gastos generales o indemnizaciones en el futuro.
El saldo de obra pendiente asciende a S/ 15 millones, mientras que existen valorizaciones aprobadas impagas por S/ 702 mil, además de controversias por mayores gastos generales que aún se discuten en la Junta de Resolución de Disputas. El interventor designado para esta obra es el Ing. Herver Joseth Ramírez Carrasco, gerente de Obras y Supervisión del PEIHAP.
Para asegurar la continuidad del proyecto, se ha abierto una cuenta corriente mancomunada donde se depositarán los pagos de las valorizaciones pendientes. La obra debía terminar en septiembre del 2024, pero tras varias ampliaciones de plazo e incumplimientos del consorcio se procedió a la intervención económica. Aún se desconoce la nueva fecha de término de esta obra.
Caminos y accesos: retrasos, paralizaciones y advertencias ignoradas
La segunda obra intervenida es la “Ejecución del saldo de obra del Subcomponente N.° 2: Caminos y Accesos del Componente I del Proyecto Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino», con una inversión de S/ 117 millones, iniciada en marzo de 2024 y con plazo original de culminación en junio de 2025. Sin embargo, al 30 de septiembre de 2025, el avance físico ejecutado era de solo 36.25%, menor al 80% programado.
La supervisión determinó que las valorizaciones acumuladas representaban el 72.6% del calendario acelerado vigente, condición que —según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado— habilita la intervención económica sin necesidad de apercibimiento previo.
El Consorcio Lima Sur, ejecutor del proyecto, fue notificado por múltiples incumplimientos: paralizaciones injustificadas, falta de profesionales clave, retrasos en expedientes técnicos y presentación extemporánea de valorizaciones. Al igual que en Cascapampa, el contratista solicitó la intervención económica, reconociendo implícitamente las deficiencias.
El saldo de obra pendiente supera los S/ 71.5 millones, y las valorizaciones aprobadas sin pago ascienden a S/ 1.44 millones. El interventor designado es el Ing. Rachid Yussef Altuna Jumbo, especialista en supervisión. Los trabajos tienen 7 meses de retraso y se desconoce cuándo culminarán.
Empresas con más de S/ 15 millones en cobranza coactiva
El denominador común en ambos proyectos es alarmante. Las empresas Constructora e Inversiones J&M Nazareth E.I.R.L. y CONDIAL E.I.R.L., integrantes de los consorcios ejecutores, registran deudas coactivas con la SUNAT que superan los S/ 15 millones, vigentes desde diciembre de 2023.
De acuerdo con la SUNAT, Constructora e Inversiones J&M Nazareth E.I.R.L. le debe al Estado S/ 1,498,453.00 por falta de pagos al Tesoro Público y Essalud. Mientras que CONDIAL E.I.R.L. tiene deudas coactivas por S/ 14,394,991.00. Solo en el caso de Nazareth, la SUNAT ya ha efectuado retenciones coactivas por más de S/ 257 mil sobre valorizaciones de obra. Estas obligaciones tributarias eran públicas y verificables antes de la adjudicación de los contratos, lo que abre serias dudas sobre la debida diligencia aplicada por el PEIHAP durante los procesos de selección.
La Directiva N.° 013-2019-OSCE/CD considera expresamente la insolvencia económica del contratista como un factor determinante para la intervención de obras públicas. Uno de los aspectos más llamativos es que ambas empresas tienen como socio accionista principal a la misma persona: Alexander Martín Huayta Munayco, cuestionado por obras ejecutadas en Cañete.
Además, Constructora e Inversiones J&M Nazareth EIRL presenta una sanción temporal, del 26 de febrero del 2020 a octubre de ese año, por haber presentado información inexacta al Organismo de Contrataciones del Estado. Asimismo, en diciembre del 2024 fue sancionada con S/ 20 millones y suspensión temporal de seis meses por una obra vial en San Martín.
Contraloría advierte posible perjuicio al Estado
El panorama se agrava con el Informe de Hito de Control N.° 010-2025-OCI/3921-SCC de la Contraloría General de la República, publicado en diciembre del 2025. El órgano de control concluyó que la Represa Cascapampa se encuentra en “alto riesgo” de no cumplir su finalidad pública.
Durante una inspección realizada el 4 de diciembre de 2025, la comisión de control constató que el avance en componentes críticos —como el aliviadero, la ataguía, el sistema de captación y el centro de operaciones— es casi nulo, y que las prestaciones adicionales aprobadas permanecen prácticamente paralizadas.
Los adicionales y pago de mayores metrados aprobados por el Gobierno Regional de Piura suman S/ 3.5 millones, que representan una incidencia del 14% sobre el valor total de la obra. Fueron solicitados por la contratista para corregir deficiencias en el expediente técnico de la obra y cumplir con los objetivos.
La Contraloría advirtió, además, que la precaria situación financiera del Consorcio R, sumada al escaso plazo restante, podría derivar en embargos que comprometan aún más la continuidad de la obra. Por ello, exigió al titular del PEIHAP adoptar acciones correctivas inmediatas.
En el caso de la obra de caminos y accesos, la entidad regional aprobó dos adicionales por la suma de casi S/ 2 millones. Si bien el Gobierno Regional de Piura sostiene que la intervención económica busca evitar la paralización total y proteger la inversión pública, los hechos revelan fallas estructurales en la planificación, selección y supervisión de contratistas.
Este escenario se produce, además, tras la transferencia de la gestión del Proyecto Alto Piura al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en un claro retroceso para los intereses regionales de Piura. El trasfondo se explica debido a que luego de 16 años de lanzado con bombos y platillos, el Proyecto Alto Piura no ha logrado concretarse; y las gestiones regionales que lo manejaron no fueron eficientes en el uso de los recursos de todos los piuranos.
Foto de portada: Trabajos en la represa de Cascapampa. Crédito: PEIHAP.
