Con la colaboración de Robinson Zapata Ruiz
A la mujer —una madre como la tuya o la mía— le acaban de arrancar, con balas y sangre, a su hija. Por eso, ahora que habla frente a las cámaras, es sostenida por su hijo. Si no estuviera él allí, cogiéndola de los brazos, se derrumbaría frente a todos. Razones no le faltan para desplomarse: acaban de matar a quemarropa a su hija Ana Lisbeth, de 24 años, en su primer día de trabajo en una obra pública. La única palabra que repite sin cesar, quizás porque es lo único que nos queda frente a la impotencia de no poder retroceder en el tiempo, es justicia. Justicia. Una palabra que repiten también, como un pedido desesperado, los cientos de deudos de las víctimas arrebatadas por la delincuencia en Piura.
“¿Cómo a la presidenta la resguarda la Policía, el Ejército? Cuando ha venido la han resguardado bastante. ¿Y a nosotros quién nos cuida?”, reclama furiosa e indignada la madre de Ana Lisbeth. A su lado, vecinos, familiares y amigos exigen seguridad y justicia para una joven valiente. Ana era topógrafa y la responsable de su familia y de su hermanita con habilidades diferentes. Una chica que ahora ha quedado desamparada.
Ana había ingresado a trabajar recién a una obra pública en el asentamiento humano Villa Primavera, en la provincia de Sullana, en Piura. No imaginaba que ese viernes 6 de septiembre dos delincuentes, a bordo de una motocicleta, le dispararían a quemarropa. Y, aunque su hermano la levantó de la tierra donde agonizaba para llevarla al hospital, su muerte fue bastante rápida. En los videos que se difundieron, se escuchan los nervios, la desesperación, la impotencia frente a una situación desbordada.
Cifras en aumento y respuestas tardías
El incremento de la delincuencia en Piura no es reciente, mucho menos en Sullana, que ahora mismo es el epicentro de este flagelo. Desde la pandemia, las cifras de crímenes se incrementaron de forma alarmante, sin embargo, las medidas adoptadas por las autoridades no fueron las más efectivas. En 2020, de acuerdo con data pública obtenida por Norte Sostenible, se reportaron 16 crímenes en Sullana. Al año siguiente casi se duplicó la estadística en la provincia: 29 asesinatos. Ese año el gerente de Seguridad Ciudadana de Sullana, Vincenzo Leva Lamarca, pidió la intervención inmediata de las autoridades policiales frente a una ola de violencia donde predominaban las disputas entre bandas criminales, especialmente en el contexto de la construcción y otros sectores económicos.
En 2022, Sullana experimentó un aumento alarmante en la criminalidad y registró un total de 56 asesinatos, de los cuales el 80% fueron por sicariato. Asimismo, 96 personas resultaron heridas por disparos de armas de fuego. Al año siguiente la situación se mantuvo crítica y se reportaron 41 homicidios, lo que obligó a la presidenta Dina Boluarte a declarar el Estado de Emergencia en Sullana desde septiembre de ese año.
Sin embargo, las cifras de asesinatos este 2024 se desconocen. Expertos en seguridad ciudadana coincidieron en que existe un subregistro en las estadísticas, pues muchas personas no denuncian por temor o porque reciben amenazas constantes. En lo que va del año las tres muertes ocurridas el 6 de septiembre desnudaron un problema creciente en Sullana: un huracán de muerte y miedo; y la nula respuesta de la Policía.
Desde la pandemia, las cifras de crímenes se incrementaron de forma alarmante, sin embargo, las medidas adoptadas por las autoridades no fueron las más efectivas.
En la actualidad, los tipos de crímenes más comunes en Sullana son el sicariato (ajuste de cuentas entre bandas criminales), la extorsión a empresarios y comerciantes, los robos y hurtos; los asaltos a mano armada y los homicidios por confusión. Los delincuentes usan motocicletas para escapar con facilidad y actúan con fiereza, pues muchas veces ultiman a sus víctimas con varios disparos en la cabeza; y luchan por el control territorial y de actividades ilegales, como el narcotráfico o la extorsión en obras civiles.
Según fuentes de Inteligencia de la Policía, entre las principales bandas criminales que operan en Sullana destacan “Los Silvios”, “Los Augusto”, “Los Bolongos”, “Los Payasitos”, “Los Alcedos”, “Los Pichilas”, “Los Malditos del Norte” y “La mafia del Chira”, entre otras. Todas estas organizaciones se dedican a la extorsión, el cobro de cupos, el sicariato y los asaltos a mano armada.
“Pagas o te mueres”
Lo llamaremos ingeniero Juan. La primera vez que lo llamaron no contestó, porque no responde números desconocidos. Pero, de inmediato recibió varios mensajes de texto amenazantes. Hablaban de su rutina, de su negocio, del nombre de su hijo y dónde estudiaba. Le exigían 10 mil soles mensuales, para no balearle su casa ni atentar contra su familia. Juan no hizo caso, hasta que le dejaron un sobre con una bala y una nota mal escrita en la puerta de su casa.
“El apogeo de las actividades del rubro de la construcción civil en la Provincia de Sullana ha generado la aparición de grupos delictivos, que bajo la apariencia de representar al sector de “construcción civil”, actúan al margen de la ley, sometiendo a empresarios o empresas inmobiliarias, al pago de “cupos” y extorsión”, señala la tesis “Delito de extorsión y su relación con el delito de sicariato en la provincia de Sullana en el año 2022” de la autora Vanessa Farfán Reyes.
El ingeniero Juan pensó en pagar los primeros 10 mil soles, pero un amigo suyo le ofreció una salida: contratar a otro delincuente para que “se arregle” con el extorsionador. Así funciona el negocio en el norte peruano: “pagas o te mueres”; o contratas a un ‘chaleco’ para que te cuide y defienda de los extorsionadores. Juan optó por lo segundo. Luego de conversar con el ‘chaleco’ accedió a pagar 2 mil soles al extorsionador y 500 soles al ‘chaleco’. A partir de entonces, se siente más seguro en las obras civiles que ejecuta.
“Ahora todos los ingenieros y empresas pagan ‘cupo’. No hay ninguna que no lo haga”, dice a Norte Sostenible el excoronel en retiro del Ejército del Perú, Eduardo Arbulú, un funcionario público experto en seguridad ciudadana. “He conversado con muchos amigos que tienen compañías constructoras y dicen: ¿para qué nos hacemos problemas? Pagas y con eso trabajamos tranquilos. Pero eso [el pago de cupos a extorsionadores] ya se ha instituido y hay que combatirlo”, aconseja.
Por su parte, Farfán Reyes señala en su tesis que en Sullana se reciben un promedio de cinco denuncias diarias por el delito de extorsión, “pero existen muchos más casos que no son denunciados por temor a las consecuencias, a que atenten contra sus vidas y la de sus familias”. La autora alertaba que “los delitos de extorsión y sicariato han alcanzado niveles realmente alarmantes en comparación con años anteriores y de no buscarse soluciones urgentes, estos delitos irán en aumento”, tal como ha ocurrido.
¿Es suficiente el Estado de Emergencia?
Sullana fue declarada en Estado de Emergencia, mediante el DS 105-2023 del 19 septiembre del 2023. Los distritos abarcados fueron Sullana, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Miguel Checa e Ignacio Escudero. Sin embargo, debido al aumento de homicidios, sicariato, extorsión y robos agravados dicha medida se prorrogó el 10 de enero del 2024 con DS 003-2024 por 60 días; y venció el 10 marzo de este año.
¿Cuáles fueron los resultados de esa medida extraordinaria? Para responder esa pregunta Norte Sostenible solicitó por Ley de Transparencia y Acceso a la Información los resultados al Ministerio del Interior. De acuerdo con la data recibida, del 18 de septiembre al 9 de marzo se realizaron 8,913 operativos, se detuvo a 2,140 personas, a 324 extranjeros vinculados a diversos delitos; se incautaron 48 armas, se recuperaron 213 vehículos; y se detuvo a 457 requisitoriados.
Asimismo, se decomisó 14,085 Kg de PBC; 17,171 ketes de PBC; 760 Kg de marihuana; y se incautó productos de contrabando por 346,231 soles. La Policía aseguró que disminuyeron los delitos, y que se redujo el ingreso de migrantes ilegales. También señaló que se envió más personal y se reforzó la vigilancia en los puestos de vigilancia de frontera, como el Alamor, Espíndola, Pampa Larga y el puente Internacional La Tina.
No obstante, la Defensoría del Pueblo comentó que esta medida extraordinaria no es suficiente para acabar con el crimen. “Este tipo de medidas deben ir acompañadas de otras, como, por ejemplo, fortalecer las capacidades de la PNP, optimizando sus recursos humanos, técnicos, logísticos y de infraestructura, incentivando la participación de la sociedad civil organizada”, recomendó.
En el distrito de Sullana, por ejemplo, la Policía solo cuenta con 3 patrulleros para custodiar a más de 300 mil habitantes, lo que demuestra la carencia de logística de la Policía. Pero también falta personal: en Piura, por ejemplo, solo hay 1 efectivo por cada 500 habitantes; cuando el promedio debería ser de 2 policías por cada 500 habitantes. Asimismo, la Defensoría del Pueblo (2022) informó que en las principales comisarías de los distritos de Piura y Sullana, el 24% de policías realiza patrullaje a pie y el 18% lo hace en vehículos. Solo el 7% de los vehículos cuenta con GPS.
Lo que se necesita es trabajar en conjunto, que la Policía use la logística de las Fuerzas Armadas, para combatir la delincuencia.
“La subregión policial de Sullana cuenta con graves deficiencias tanto en el ámbito logístico como en el operativo. Las comisarías no cuentan con suficientes vehículos, ya que la mayoría están fuera de servicio. Tampoco cuenta con equipos de alta tecnología como lo utiliza Lima, y es muy preocupante en las condiciones que la policía combate estos delitos”, señala la tesista Farfán Reyes.
En la misma línea, Arbulú considera que el Estado de Emergencia no es suficiente para erradicar la creciente inseguridad en Piura. “Declarar la emergencia es todo un tema burocrático. Lo que se necesita es trabajar en conjunto, que la Policía use la logística de las Fuerzas Armadas, para combatir la delincuencia, que el Ejército vaya a las zonas vulnerables, armen sus carpas y esté en los asentamientos humanos, porque eso tiene un efecto disuasivo”, señala.
Respuestas más drásticas
Frente a la delincuencia desbordada en el norte peruano, el excoronel Arbulú indica que se necesitan respuestas drásticas y mano dura. “Hay que combatirlos como se hizo con el terrorismo, proque estamos viviendo un ‘terrorismo urbano’. Todos sabemos quiénes son los extorsionadores, quiénes cobran cupo, pero necesitamos actuar”, señala.
En ese sentido, el experto en seguridad ciudadana dijo que los Coresec, los Coprosec y los Codisec ya no funcionan. “Hay que tener otro tipo de organización, porque no hay efectividad. Se debe trabajar un tema de Inteligencia, que la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia) tenga núcleos en las regiones más calientes. Hay que unir la inteligencia de todas las Fuerzas Armadas y actuar. Hay que hacer rastrillaje, porque sabemos dónde están los delincuentes y sus caletas, pero no quieren actuar”, indicó.
Por su parte, el exdefensor del Pueblo de Piura, César Orrego Azula, dijo que la política pública de seguridad ciudadana en Perú necesita un viraje inmediato y urgente a favor de garantizar la vida. “Los derechos fundamentales y el desarrollo de Piura están en grave peligro diariamente. El esfuerzo público y privado debe enfocarse en acabar con el sicariato”, indicó.
Otra de las medidas que recomienda Farfán Reyes es que la Municipalidad Provincial de Sullana, a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, implemente una base de datos que facilite la identificación de mototaxis y motos lineales, “contando también con cámaras de video vigilancia para una rápida identificación”. Todas estas recomendaciones buscan evitar más muertes, como la de los ingenieros Kevin Palacios Zapata, Fabián Cabrera Nima y la topógrafa Ana Yarlequé, que han dejado una estela de miedo en toda la región Piura.
Foto de portada: Maribel Mendo
