A dos semanas de culminar el 2025, la Cámara de Comercio de la región Piura advierte que, pese a un crecimiento económico por encima del promedio nacional, la región y el país cierran el año con retrocesos en competitividad, aumento de pobreza y serias brechas que amenazan el desempeño del próximo año. Mateo Gómez Matos, presidente del gremio empresarial, expone un diagnóstico que combina avances parciales con desafíos críticos que aún no encuentran respuesta desde el Estado. Lo entrevistamos recientemente en el Foro «Entorno Económico 2025-2026. Decisiones estratégicas para tiempos de cambio», realizado en el Hotel Costa del Sol de Piura.
Gómez señala que, aunque Piura ha mostrado dinamismo en sectores clave, la recuperación no ha sido uniforme. “En muchos sectores Piura no ha recuperado los niveles prepandemia. Por ejemplo, en el turismo definitivamente estamos lejos de los niveles prepandemia», explicó.
A septiembre de este año, la región registró un crecimiento superior al 6%, cifra que duplica el promedio nacional (3.3%). Para el empresario, este desempeño es positivo pero insuficiente frente a las necesidades sociales. “Obviamente que a nivel nacional el crecimiento no debería ser del 3%, sino debería ser eso del 6, del 7%. Si seguimos creciendo a nivel nacional a niveles del 2 o del 3% la pobreza aumenta, no alcanza para reducir pobreza», dijo.
Además del turismo, Gómez precisa que Piura debe sostener su desempeño en pesca y agroindustria, pero advierte que otros sectores —como energía, petróleo, gas y minería formal— requieren una apuesta decidida para incrementar su aporte. A esto se suma el impacto de problemas estructurales, como las brechas en seguridad hídrica y conectividad vial. Sobre este punto, dijo que“tenemos una falta de seguridad hídrica enorme. El año pasado tuvimos el estrés hídrico que todos recordamos. Este año está terminando con agua. No sabemos qué va a pasar en 2026”, añadió.
El presidente de la Cámara de Piura destaca la urgencia de inversiones en reservorios y represas, al igual que fortalecer la infraestructura penitenciaria para enfrentar la inseguridad creciente. “Necesitamos que el gobierno invierta en un nuevo centro penitenciario para Piura, por ejemplo, en régimen semicerrado, donde no haya contacto del interno con el visitante para evitar que se introduzca chips, teléfonos celulares, armas, etcétera», indicó.
Inseguridad y el impacto en la economía
El representante del gremio empresarial señala que la inseguridad es, junto con las brechas hídricas, el principal riesgo para la estabilidad económica del 2026. La persistencia de delitos violentos, extorsiones y asesinatos ha deteriorado la confianza de los inversionistas y elevó los costos operativos de las empresas, que destinan mayores recursos a vigilancia privada y seguros.
En este contexto, Gómez advierte sobre las consecuencias de una eventual declaratoria de emergencia por inseguridad. “Pensamos que debería examinarse con mucho cuidado porque eso suele traer restricciones a la movilidad y restricciones a la movilidad en Piura en tiempos de Navidad lo consideramos que puede ser contraproducente», precisó.
Gómez agrega que estas medidas, además de no ofrecer resultados sostenibles, pueden convertirse en espacios vulnerables para prácticas irregulares. “Muchas veces no funciona. Muchas veces también da cobertura a adquisiciones con tintes de corrupción”, afirma.
Para el sector empresarial, la solución pasa por reforzar capacidades policiales y fiscales, invertir en infraestructura penitenciaria moderna y ejecutar políticas de prevención más allá de operativos temporales. “Estamos necesitamos que el gobierno invierta en un nuevo centro penitenciario para Piura”, insistió.
Preocupación por impactos económicos debido a obras
El cierre del año ha estado marcado por obras simultáneas en Piura que han generado serias afectaciones al comercio y la movilidad urbana. La Cámara de Comercio ha manifestado su preocupación por los expedientes deficientes y la apertura de múltiples frentes durante la campaña navideña. Gómez diijo que “nos parece muy inoportuna el inicio de obras en los meses previos a la temporada navideña y a la temporada de lluvias y además muy poco inteligente abrir tantos frentes al mismo tiempo”.
El empresario precisa que los negocios han reportado pérdidas significativas e incluso cierres totales en algunos casos. “Definitivamente van a ser cuantiosas. Hay negocios que han cerrado ya el 100%», puntualizó. Con él coincidieron decenas de emprendedores que han denunciado el cierre de sus negocios y el reporte diario de pérdidas económicas debido a la ejecución desordenada de obras en la ciudad de Piura, justo en época de Navidad y Fin de Año.
La inseguridad, un factor decisivo
Para Óscar Zapata, presidente de Perú Cámaras, el principal foco de preocupación es el avance de la criminalidad y la informalidad. Zapata identificó la lucha contra la inseguridad como una tarea primordial del gobierno, señalando que «a los empresarios nos toca seguir trabajando con fe, con entusiasmo, seguir generando riqueza para que justamente haya más empleo, más inversión, más confianza y al gobierno le toca hoy por hoy este luchar contra la contra la criminalidad».
La inseguridad impacta directamente en las empresas, especialmente las más vulnerables. Aunque no proporcionó una cifra exacta, indicó que «muy buena cantidad de las empresas que cierran son las pequeñas y medianas empresas», una situación que se ve tropezada por acciones criminales y «principalmente del narcotráfico político, la minería [informal]».
Añadió que la inversión privada se retrae en un ambiente hostil: «Evidentemente nadie pues en su sano juicio trae sus dineros para arriesgarlos en un ambiente de esta magnitud». Respecto a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), Zapata calificó la medida como «pésima» y cuestionó su propósito.
«Yo la veo pésima [la ampliación del REINFO]. De verdad que nunca debió ampliarse ni por un año, ni por dos, ni por nada», sentenció Zapata, tildando el mecanismo como «de alguna manera una legalización a la informalidad».
El ejecutivo expuso que la minería informal opera sobre las concesiones de las empresas formales, creando un «daño es enorme» y afectando negativamente la imagen internacional del país: «la imagen del país es es mala, ¿no? O sea, no se está protegiendo la inversión como debería».
Zapata expresó su incomprensión ante la permanencia del REINFO, considerando que las autoridades tienen las herramientas para fiscalizar a los mineros informales, ya que para obtener el registro «necesitan la clave Sol. Quiere decir que la SUNAT los tiene perfectamente visualizados». Atribuyó la continuidad de este sistema a lo que «parece que es el temor de que hay pues una presión gigantesca».
Una pésima gestión pública
En cuanto a la gestión pública, Zapata lamentó la política de ejecución «muy pobre» que resulta en obras postergadas o inconclusas, citando el ejemplo de Piura, donde «las obras más esenciales en materia de agua no han sido culminadas».
Señaló que esta ineficiencia se repite a nivel nacional, especialmente a fines de año, cuando las autoridades buscan cerrar presupuestos. «Aquí en Piura he visto viniendo el aeropuerto hay un montón de calles cerradas, intervenidas y no se ve obreros trabajando, ¿no? Y justamente estamos en fechas de Navidad donde los comercios realmente se afectan», comentó, criticando que «eso no puede ser, eso tiene que acabar».
Mirando hacia el futuro, Zapata mantiene un optimismo moderado, especialmente por el desempeño del sector agroindustrial y la pesca. Sin embargo, insistió en que la seguridad será la prioridad indiscutible para el próximo ciclo electoral. Para las nuevas autoridades, el tema de la seguridad «es, yo diría, la columna vertebral del problema» y deberán enfrentarlo «mucho más severamente».
Foto de portada: Mujeres cargan agua en bidones en Los Polvorines, Piura, Perú. Foto: Norte Sostenible.
