El Consorcio Vial Turicarami cuestionó duramente la decisión de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna de resolver el contrato del proyecto vial en Sullana, al calificarla como “ilegal, arbitraria y en contra del bien común”. A través de un comunicado, la empresa expresó su rechazo a la medida y advirtió que la paralización de la obra afecta directamente el desarrollo de la región.
El proyecto en cuestión corresponde al mejoramiento de la transitabilidad vial en la carretera departamental PI-102, tramo que conecta el óvalo Turicarami con Jíbito, en los distritos de Sullana y Miguel Checa. Según el consorcio, la resolución contractual se sustenta en supuestos incumplimientos que consideran infundados.
En ese sentido, la empresa negó haber incumplido con la permanencia del residente de obra, señalando que el profesional estuvo presente de manera continua durante el 2025 y que su breve ausencia por motivos de salud fue debidamente justificada, solicitándose oportunamente su reemplazo.
Respecto al avance físico de la obra, el consorcio aseguró que los retrasos registrados tienen justificación técnica, debido a deficiencias en el expediente original. Entre ellas, mencionó la existencia no prevista de redes de agua, desagüe y electricidad, incluyendo tuberías de asbesto, lo que obligó a ejecutar trabajos adicionales y coordinaciones con entidades como Enosa y EPS Grau.
Asimismo, sostuvo que estas interferencias fueron reconocidas por la propia entidad, pero que, pese a ello, no se otorgaron las ampliaciones de plazo necesarias para continuar con normalidad. Esta situación, indicaron, ha sido llevada a instancias correspondientes y se encuentra en proceso de evaluación.
El consorcio también cuestionó que la decisión se haya tomado cuando la obra ya presentaba avances significativos, lo que derivó en su paralización por disposición de la supervisión. Frente a ello, solicitó formalmente que la entidad se desista de la resolución contractual y permita retomar los trabajos.
Finalmente, la empresa advirtió que, de no revertirse la medida, iniciará acciones legales, aunque reiteró su disposición de continuar con la ejecución del proyecto dentro del marco normativo, priorizando el interés público y la culminación de la obra vial.
