La Contraloría General de la República lanzó una severa advertencia al Gobierno Regional de Piura y a las autoridades locales durante la inspección realizada este lunes en los principales puntos críticos del río Piura. El órgano de control sostuvo que, si ocurre un desborde durante el próximo fenómeno de El Niño, la responsabilidad recaerá directamente sobre las autoridades competentes por no haber ejecutado oportunamente las acciones de prevención.
«Si se desborda el río siempre va a ser responsabilidad de las autoridades regionales y locales. Esperemos que eso no suceda porque los únicos afectados serían los ciudadanos», afirmó el gerente de la Contraloría, Luis Castillo, al término del recorrido.
La declaración cobra especial relevancia porque contradice la posición sostenida por el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, quien en reiteradas oportunidades ha manifestado que la región no dispone de presupuesto suficiente para intervenir el cauce del río.
Sin embargo, la Contraloría sostiene que la Ley de Recursos Hídricos establece, desde un punto de vista funcional, que tanto los gobiernos regionales como los locales son los responsables de la limpieza y descolmatación de los ríos dentro de sus jurisdicciones.
Asimismo, la normativa vigente permite al Gobierno Regional realizar modificaciones presupuestales de hasta el 20% de sus recursos para atender labores de prevención y, de ser insuficientes, gestionar financiamiento adicional mediante el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES).
«Primero tenemos que ver qué tenemos en casa y hacer las modificaciones presupuestales del caso. Si aún así faltan recursos, existe el FONDES para poder solicitar», explicó Castillo.
El funcionario precisó además que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ya remitió al Gobierno Regional 74 fichas técnicas valorizadas en aproximadamente S/858 millones, con las intervenciones necesarias para la limpieza y descolmatación del río. No obstante, aseguró que la Contraloría no ha encontrado evidencia de que se hayan realizado modificaciones presupuestales ni gestiones para obtener recursos adicionales.
«La ley de presupuesto permite hacer esas modificaciones. Si tienen que hacerlas, tienen que hacerlas. Estamos a tiempo», remarcó.
Riesgo inminente
La preocupación del órgano de control también responde a la capacidad actual del río Piura. Según explicó Castillo, el cauce, en las condiciones en las que se encuentra, soportaría apenas un caudal cercano a 1.000 metros cúbicos por segundo, mientras que las proyecciones del fenómeno de El Niño estiman descargas de entre 1.600 y 1.800 metros cúbicos por segundo.
Frente a ese escenario, la Contraloría anunció que las autoridades disponen de aproximadamente tres meses para ejecutar acciones concretas. Si ello no ocurre, iniciará servicios de control posterior para determinar responsabilidades administrativas o penales por una eventual omisión de funciones.
Durante la inspección también se reveló otra preocupación con respecto a los almacenes regionales destinados a la atención de emergencias, los cuales continúan prácticamente desabastecidos, pese a que el sistema registra una ejecución superior al 95% del presupuesto destinado a ayuda humanitaria.
«Queremos saber en qué se gastaron esos recursos, qué bienes se compraron y dónde están», indicó Castillo al anunciar una investigación específica sobre el destino del dinero ejecutado.
Asimismo, la Contraloría revisa el uso del 30% del Programa Presupuestal 068, destinado a la adquisición de maquinaria para atender emergencias. Según las primeras observaciones, parte de esos recursos habría sido utilizada para comprar vehículos orientados al transporte y no maquinaria pesada para trabajos de prevención.
Durante la inspección también participó el congresista Eduardo Castillo, quien calificó de alarmante que el Gobierno Regional haya ejecutado gran parte de los recursos destinados a emergencias sin resultados visibles en materia de prevención.
«Si me dices que han gastado el 95% de la plata destinada a prevención y no se han preocupado por un punto crítico como este, donde hay vidas humanas, la preocupación es enorme», declaró.
El parlamentario también cuestionó el estado de los almacenes de ayuda humanitaria.
«Estuve en los almacenes y no vi absolutamente nada. Los 17 almacenes destinados a las zonas que quedan aisladas están en cero», denunció.
Para el legislador, la intervención de la Contraloría permitirá esclarecer si hubo un uso inadecuado de los recursos públicos y establecer las sanciones correspondientes.
Bajo Piura denuncia abandono
Desde el Bajo Piura, el dirigente Víctor Chunga sostuvo que el problema no responde únicamente a la falta de recursos, sino a la ausencia de decisiones políticas para intervenir el río.
«La intervención no se hace por falta de voluntad política de los gobiernos regionales y municipales», cuestionó.
El dirigente propuso conformar una unidad ejecutora temporal que reúna la maquinaria de las municipalidades y del Gobierno Regional para realizar la descolmatación integral del río hasta su desembocadura.
También criticó que las autoridades no cuenten con un verdadero plan de contingencia para proteger a la población más vulnerable.
«No tienen un plan de emergencia. Deberían existir por lo menos 10.000 carpas y cinco toneladas de alimentos no perecibles para atender a la población y no hay nada», afirmó.
Según indicó, los distritos de Catacaos, Cura Mori y El Tallán continúan siendo los más expuestos a una eventual inundación, con pérdidas económicas que podrían superar los S/50 millones en cultivos y viviendas.
Mientras las advertencias se multiplican, la Contraloría insiste en que todavía existe margen para actuar. De no hacerlo, sostiene, cualquier desborde del río Piura dejará de ser un desastre únicamente natural para convertirse también en la consecuencia de decisiones que no se tomaron a tiempo.
