La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/1’204.819,99 en el proceso de formulación y elaboración del expediente técnico para la remodelación del estadio Miguel Grau, en el distrito de Castilla. La auditoría concluyó que el Gobierno Regional de Piura aprobó el proyecto bajo una modalidad de inversión que no correspondía y autorizó pagos por un expediente técnico incompleto, con graves deficiencias en los estudios de suelos.
Los hallazgos están contenidos en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 015-2026-2-5349-AC, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional y remitido el pasado 26 de junio al gobernador regional, Luis Ernesto Neyra León. La investigación comprende las actuaciones realizadas entre el 6 de noviembre de 2023 y el 15 de diciembre de 2025.
La principal observación de la Contraloría apunta a que la Unidad Formuladora del Gobierno Regional registró y aprobó la remodelación del estadio como una Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR), una modalidad destinada a intervenciones puntuales sobre infraestructura en funcionamiento.
Sin embargo, la auditoría determinó que el estadio permanecía más de un año sin operar, condición que impedía utilizar esa figura de inversión. Conforme a la normativa de Invierte.pe, el proyecto debió formularse como una inversión pública regular, con la evaluación de distintas alternativas técnicas.
El informe sostiene que esta decisión condicionó todo el desarrollo del proyecto. Durante la ejecución de la obra, la empresa contratista detectó que las tribunas presentaban deficiencias estructurales que obligaban a su demolición total y a la reformulación integral del expediente técnico, cambios que excedían los alcances permitidos para una IOARR y que terminaron sustentando la resolución del contrato de obra.
La Contraloría también advirtió que funcionarios de la Unidad Formuladora aprobaron los entregables del estudio de preinversión sin contar previamente con la opinión técnica del Instituto Peruano del Deporte (IPD) ni con estudios completos de topografía y mecánica de suelos. A pesar de ello, se autorizó el pago total del servicio.
Solo por esta observación, el órgano de control estimó un perjuicio económico de S/476.350,07.
Pagaron expediente técnico pese a incumplimientos
La segunda observación revela que funcionarios de la Dirección de Estudios y Proyectos otorgaron conformidad a un expediente técnico que incumplía los términos de referencia y las obligaciones contractuales.
Según la auditoría, el documento presentaba deficiencias técnicas, especialmente en los estudios de mecánica de suelos, incompatibles con las características de la infraestructura proyectada. Además, el expediente ni siquiera había sido presentado físicamente cuando fue aprobado y se omitió aplicar una penalidad contractual de S/4.120 por los incumplimientos detectados.
Pese a estas observaciones, se autorizó el pago del tercer y cuarto entregable al consultor.
Este hecho generó un perjuicio económico adicional de S/728.469,93, con lo que el daño patrimonial total asciende a S/1,2 millones.
Obra terminó en arbitraje
La elaboración del estudio de preinversión y del expediente técnico fue adjudicada al Consorcio Alfa 360, integrado por Arquitectura y Construcción Alfa 360 E.I.R.L. y el ingeniero Samuel Moisés Pineda Meneses, mediante el Concurso Público N.° 03-2024-GRP-GRI-CS-CP-1.
El contrato, firmado en mayo de 2024, ascendió a S/1’200.700 y contemplaba un plazo de ejecución de 180 días calendario.
Posteriormente, la ejecución de la obra fue contratada por S/19’206.235,69, pero el contrato terminó resolviéndose en diciembre de 2025, luego de que el consorcio ejecutor alegara la imposibilidad de continuar los trabajos debido a circunstancias no atribuibles a ninguna de las partes.
La Contraloría precisó que esa resolución contractual no fue evaluada en esta auditoría porque actualmente es materia de un proceso arbitral iniciado por el propio Gobierno Regional de Piura.
Siete exfuncionarios involucrados
Como resultado del control posterior, la Contraloría identificó presunta responsabilidad civil en siete exfuncionarios y exservidores del Gobierno Regional.
Entre ellos figuran la exdirectora de la Unidad Formuladora, Luzmila Troncos Merino, y los monitores Glenny Ysabel Seclén Enrique, Dora Sembrera Chinchay, Manuel Isaías Valerio Alcívar y Christians Link López Vílela, además de otros servidores que participaron en la formulación y revisión del proyecto.
Por lo que recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría iniciar las acciones legales correspondientes para el resarcimiento del perjuicio económico ocasionado al Estado. Asimismo, determinó presunta responsabilidad penal en dos exdirectores y dispuso remitir el caso a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que evalúe el inicio de las acciones judiciales que correspondan. Los involucrados también afrontan presunta responsabilidad administrativa, cuyo deslinde deberá ser realizado por la autoridad competente.
La auditoría fue anunciada por el contralor César Aguilar Surichaqui tras la resolución del contrato de rehabilitación del estadio Miguel Grau, el principal recinto deportivo de la región, que permanece cerrado e inoperativo desde hace más de diez años. El informe ya fue remitido al Gobierno Regional para que adopte las medidas correspondientes.
