Nueve años después de las inundaciones que afectaron al distrito de Cura Mori durante El Niño costero de 2017, cerca de 800 familias que fueron reubicadas en el kilómetro 980 continúan viviendo en condiciones precarias. Llegaron a esta zona con la esperanza de reconstruir sus vidas lejos de las inundaciones, pero todavía enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos, infraestructura y atención de salud.
En un recorrido realizado por Norte Sostenible, se constató que varias familias habitan en viviendas construidas con triplay, carrizo, calamina y otros materiales provisionales. La falta de electricidad, las dificultades para acceder al agua potable y la ausencia de un establecimiento de salud forman parte de los problemas que afectan a los moradores, entre ellos niños y adultos mayores.
«Nosotros en estos momentos estamos en una situación en la que no hemos mejorado. Hay muchas brechas que no se han cerrado y eso hace que nuestra población siga viviendo en condiciones precarias. Necesitamos que el Estado intervenga y ayude a las familias que más lo necesitan», manifestó Carlos Paz, dirigente del sector Nuevo Santa Rosa.
Terrenos sin saneamiento legal frenan proyectos de infraestructura
Uno de los principales obstáculos para ejecutar proyectos de infraestructura es la situación legal de los terrenos. Según explicó Paz, aunque estas tierras fueron entregadas por la comunidad campesina a sus comuneros años atrás, posteriormente aparecieron registradas a nombre de empresas privadas. Esta situación originó conflictos por la propiedad y dificultó la formalización de los asentamientos, así como la intervención del Estado.
El dirigente recordó que se planteó un proyecto de aproximadamente S/120 millones para dotar a la población de agua potable, alcantarillado, electrificación, pistas, veredas y módulos de vivienda. Sin embargo, los desacuerdos entre grupos de moradores y las dificultades para completar los estudios técnicos impidieron que la propuesta avanzara.
»Cuando nosotros venimos en 2017, nos dimos con la sorpresa de que estas tierras ya eran propiedades privadas. Para que el Estado pudiera intervenir y darnos tranquilidad, tuvimos que llegar a convenios de convivencia y acuerdos con las empresas. Se logró un proyecto de S/120 millones, pero no se pudieron completar los estudios técnicos», explicó.
La precariedad también se refleja en la limitada solución habitacional que recibió la población. Paz indicó que, de los 120 módulos de vivienda previstos para el sector de Santa Rosa, solo se construyeron 18. Según señaló, los desacuerdos entre los moradores respecto a la intervención en los terrenos impidieron completar las obras.


Familias sin electricidad ni agua domiciliaria
En la zona no existe una red pública de electricidad, por lo que algunas familias recurren a paneles solares para iluminar sus viviendas. Sin embargo, este sistema presenta limitaciones durante los días nublados y las lluvias.
En cuanto al agua, aunque se cuenta con un pozo perforado con apoyo de la Municipalidad de Cura Mori y Aguas Bayóvar, el recurso no llega directamente a todos los domicilios. Los moradores de sectores como Cristo Viene, Jesús de Nazaret, Lauterio Cisneros, San Martín y Los Tupamaros deben abastecerse mediante puntos de acopio y de manera interdiaria. Tampoco cuentan con una red de alcantarillado.
Nery Sandoval, madre de familia, cuestionó las dificultades para acceder al agua y la falta de electricidad, una situación que afecta principalmente a los niños que necesitan realizar sus actividades escolares en casa.
«Seguimos en las mismas condiciones, no hay nada que haya cambiado. Nosotros también necesitamos agua, así como los demás, y queremos siquiera luz para nuestros hijos, porque ahora ellos necesitan estudiar. No tenemos electricidad ni un centro de salud», expresó.
La falta de atención médica también preocupa a los adultos mayores, quienes deben trasladarse hasta otros sectores para recibir asistencia. Julia Mechato, de 75 años, recordó que llegó al kilómetro 980 después de perder sus pertenencias durante la inundación de 2017. Desde entonces, asegura que las condiciones de vida continúan siendo difíciles.
»No hay ni una posta médica aquí, ni un médico que siquiera nos atienda o nos dé una pastilla cuando nos agarra algún dolor de noche. Tampoco podemos salir porque estamos a oscuras y hay delincuentes que atacan en los caminos y les quitan sus motos», relató.

Colegio funciona en aulas prefabricadas desde hace casi 10 años
Las deficiencias también alcanzan al sector educativo. La institución educativa N.° 2878, que atiende a estudiantes de inicial, primaria y secundaria, funciona en aulas prefabricadas y todavía no cuenta con el saneamiento legal de su terreno, una condición necesaria para concretar un proyecto de infraestructura definitiva.
Su director, Jorge Enrique Ramírez Farfán, informó que el plantel alberga aproximadamente a 272 estudiantes: 57 de inicial, 128 de primaria y 87 de secundaria. Actualmente, dispone de tres aulas prefabricadas para inicial, seis para primaria y cuatro para secundaria.
»Este colegio ya tiene cerca de 10 años y lamentablemente no ha podido ser todavía construido. Aún está en un proceso de legalidad del local escolar, no es una propiedad del Ministerio de Educación y estamos tratando de coordinar para que se pueda concretar esta parte legal», explicó.
El director también advirtió que las altas temperaturas dificultan el desarrollo de las clases, debido a que gran parte de las aulas prefabricadas no reúne las condiciones adecuadas para los estudiantes. Aunque el colegio recibió S/44.000 para trabajos de mantenimiento, estos recursos permitirán atender necesidades inmediatas, principalmente en los techos y la infraestructura existente.



Nueve años después, las brechas siguen pendientes
La proximidad de un nuevo fenómeno El Niño vuelve a poner en atención las condiciones en las que viven las familias del kilómetro 980. Nueve años después de abandonar sus viviendas por el desborde del río Piura, continúan esperando soluciones para acceder a servicios básicos, viviendas adecuadas, atención de salud y una institución educativa con infraestructura definitiva.
La reubicación les permitió alejarse de una zona inundable, pero no garantizó las condiciones básicas para reconstruir sus vidas. Las dificultades para formalizar los terrenos y concretar los proyectos de infraestructura mantienen abiertas brechas que persisten desde la emergencia de 2017.

