El hombre abre la puerta de calamina de su casa y avanza unos metros, en medio de un arenal caliente. “Mira, esta es la carpa que nos entregaron en 2017, cuando se salió el río”, dice y muestra un toldo descolorido por el inclemente sol y el paso de los años. Cristobal Timaná, 63 años, camisa desgastada, pantalón arremangado y pies descalzos, añade: “la mayoría de damnificados ya no tiene su carpa, pero yo la conservo”.
―¿Por qué la conservas Cristóbal?
―La utilizo como cuarto, aquí duermo yo. Además nos protege de los zancudos― dice el hombre de rostro tostado por el sol.
Cristóbal Timaná es el principal dirigente de los damnificados por El Niño costero del 2017, quienes abandonaron sus casas en los pueblos de Pedregal Grande, Narihualá, Pedregal Chico, Nuevo Pedregal y La Campiña, en el distrito de Catacaos, obligados por la inundación de marzo de ese año. Entonces se instalaron en este arenal caliente, sin pistas asfaltadas ni servicio de desagüe.
El 27 de marzo cumplirán siete años refugiados en el campamento de San Pablo, ubicado al lado izquierdo de la carretera Piura-Chiclayo. Se trata de un arenal sin calles asfaltadas, sin alcantarillado, sin posta médica ni colegio. La mayoría de viviendas levantadas allí son de material rústico: esteras, quincha (barro y carrizo), calaminas o madera.
―¿Alguna vez recibieron ayuda del gobierno?
―Vino PPK, ¿recuerdas? Nos prometió muchísimo, pero no cumplió― dice Cristóbal, mientras recorremos el campamento.
Una fallida reconstrucción
El plan integral de la reconstrucción era el documento que contemplaba todas las obras de reconstrucción a ejecutar luego de El Niño costero 2017 y los trabajos de prevención necesarios para evitar futuras inundaciones en 13 regiones del país: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes.
El costo de implementarlo era de más de S/ 50 mil millones e incluía cuatro componentes: soluciones de vivienda, fortalecimiento de capacidades, reconstrucción de infraestructura dañada y construcción de obras de prevención. En este último componente destacaban las soluciones integrales y el manejo de cuencas y ríos en el norte peruano.
El costo de cada componente era el siguiente: reconstrucción, S/ 26,970 millones; construcción S/ 21,849 millones; soluciones de vivienda, S/ 1,283 millones y fortalecimiento de capacidades, S/ 732 millones. En total el costo del plan de la reconstrucción era de S/ 50,833 millones.
El costo de implementar el plan integral de la reconstrucción era de más de S/ 50 mil millones e incluía cuatro componentes.
Norte Sostenible solicitó por la ley de transparencia y acceso a la información pública a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC) el consolidado de los proyectos ejecutados desde 2017, cuando se instauró, hasta diciembre del año pasado, fecha en que culminó su labor. En esa línea, del total de intervenciones (10,772) en los componentes de construcción y reconstrucción contempladas en el plan integral, solo culminó el 73,2% de ellas, es decir, 7,890.
Los sectores donde menos se avanzó fueron Salud, con apenas 22 intervenciones concluidas de 149 proyectadas en total. Esto representa apenas el 14% de lo programado. Asimismo, en el sector Educación culminó el 61% de las 1,500 intervenciones contempladas. En tercer lugar, en Transportes y Comunicaciones terminó el 65% de las 992 obras proyectadas.
En esa misma línea, en el sector Agricultura la ARCC finalizó el 74% de las 1,899 intervenciones programadas; mientras que en Vivienda (que incluye obras de saneamiento) concluyó el 79% de las 6,227 intervenciones proyectadas en el plan integral.
Del costo total del plan integral se ha financiado casi S/ 31 mil millones; y de esta cifra se ha ejecutado, a diciembre del año pasado, cerca de S/ 25 mil millones, lo que representa un avance financiero del 80%. En otras palabras: aún queda por financiar casi S/ 20 mil millones de las obras contempladas en el plan integral, muchas de las cuales son soluciones integrales para manejo de ríos y drenajes pluviales en las regiones del norte peruano.
Las viviendas prometidas
Sentado en un tronco de algarrobo, afuera de su vivienda, Cristóbal Timaná dice que en alguna oportunidad ―aunque no recuerda el año― funcionarios del Ministerio de Vivienda les pidieron abandonar sus casas del campamento San Pablo para ser instalados en el complejo Una Sola Fuerza, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura. Pero no aceptaron.
―Nadie quiso ir por una sencilla razón: acá [en el campamento] los terrenos son grandes y podemos criar nuestros animalitos [gallinas, cerdos, patos, chivos]. Allá son módulos pequeñitos― añade.
Hoy el Complejo Una Sola Fuerza, que beneficiaría a 260 familias damnificadas por el Niño costero, está abandonado por un lío judicial con la Asociación de granjeros Cristo Rey. Es, digamos, un elefante blanco en medio de urbanizaciones emergentes en el sector noroeste de la ciudad.
El plan integral de la reconstrucción planificaba construir 48,961 módulos de vivienda, pero solo se han concluido 24,889, es decir, apenas el 51%. El gobierno invirtió en total, en esas viviendas, la suma de S/ 617 millones. No obstante, damnificados como Cristóbal Timaná y el resto de familias asentadas en San Pablo no cuentan con una vivienda digna.
Sin soluciones definitivas
El Fenómeno El Niño es recurrente en Perú, así que nuestro país necesita prepararse para enfrentar este evento climático. Entre las soluciones definitivas para evitar inundaciones se encuentran la gestión de ríos y quebradas, así como la construcción de drenajes pluviales. En esa línea, el plan integral de la reconstrucción contemplaba 93 soluciones integrales en 17 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales en las ciudades de Talara, Piura, Sullana y Paita (Piura), Tumbes, Chiclayo (Lambayeque) y Trujillo (La Libertad).
Las soluciones integrales se centraban en la instalación de alertas tempranas y sistemas de protección frente a inundaciones en cuencas y ríos, así como reforestación de zonas degradadas. La mayoría de estas obras se encuentran en ejecución, con poco avance, o aún no han sido licitadas. Mientras tanto, en el caso de los drenajes se adjudicaron seis de ellos, a excepción de Piura.
Pero recién están en etapa de elaboración del expediente técnico, que tomará hasta el 2027. Luego, concretar las obras demorarán entre 5 y 7 años más, de acuerdo con especialistas del Colegio de Ingenieros de Piura a los que consultamos. En el caso de Piura no se ha licitado porque no contaba con un plan maestro. Este recién fue terminado a fines del 2022.
Las soluciones integrales se centraban en la instalación de alertas tempranas y sistemas de protección frente a inundaciones en cuencas y ríos, así como reforestación de zonas degradadas.
Ahora falta que se licite para conocer a la empresa que ejecutará el expediente técnico, y luego la que realizará las obras físicas. Pero el proceso de adjudicación de este emblemático proyecto será desarrollado por la Autoridad Nacional de Infraestructura, que deberá retomar todos los proyectos inconclusos de la ARCC.
En esa línea, Eduardo Arbulú, exdirector del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura, indicó a Norte Sostenible que ha habido mucho retraso en cuanto al plan integral de la cuenca del río Piura y al plan maestro para el drenaje, que iban a solucionar el problema de las inundaciones en la ciudad. “Ese trabajo debe empezarse ya, para no estar con motobombas cada vez que llueve”, comentó.
¿Por qué no se cumplieron los objetivos?
Cuando se conformó la ARCC, en abril del 2017, se planteó el objetivo de terminar las obras del plan integral cuando finalice sus operaciones esta entidad, es decir, en diciembre del 2023. Sin embargo, no se logró debido a varios motivos. Uno de ellos estuvo vinculado a los constantes cambios en la dirección de la institución. Pasaron siete directores ejecutivos: Pablo de la Flor, Edgard Quispe, Nelson Chui, Amalia Moreno, Robert López, Rosmary Cornejo y Raphael Anaya.
Además, hasta el 2021 la ARCC no era unidad ejecutora, solo se encargaba de transferir los recursos económicos a los ministerios, gobiernos regionales y locales para que ejecuten las obras priorizadas en el plan integral. Sin embargo, el avance registrado hasta entonces era muy pobre, por eso se decidió impulsar las obras a través del convenio gobierno a gobierno, con Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Bajo esta modalidad se encuentran 185 proyectos, que comprenden 93 soluciones integrales en 17 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales; y la construcción de 18 establecimientos de salud y 74 instituciones educativas en nueve regiones del país.
Sobre la gestión de la ARCC, Fernando Neyra, experto en gestión de desastres y exviceministro de Vivienda, explicó que una de las lecciones que deja es que urge una gestión de riesgo durante la ejecución de las obras. “Me refiero a los riesgos administrativos o contractuales que pueden haber en la ejecución de obras. Porque puedo tener un buen proyecto, pero al momento de ejecutar surgen los problemas. Ese ha sido uno de los principales cuellos de botellas de ARCC, porque han quedado obras inconclusas o paralizadas por diversas razones”, explicó.
En ese sentido, Neyra dijo que es importante también supervisar los comités de selección de los proyectos, pues “como se sabe, siempre hay empresas que se coluden con los comités de selección”. Agregó que, por eso, es imprescindible implementar la gestión de riesgos durante los procesos contractuales. “Y no basta con la tarea de la Contraloría”, precisó.
Por su parte, Amalia Moreno, exjefa de la ARCC entre octubre del 2019 y mayo del 2022, dijo que cuando ella dejó la institución el avance ―hasta ese momento― era del 70% aproximadamente. “¿Qué ha pasado después? Hay que pedir explicaciones a quienes dirigieron la ARCC después de mí [...] ¿Qué recibe ahora la población del norte? Incertidumbre, porque no sabe si sus proyectos van a culminarse o no. Tenemos proyectos emblemáticos parados”, comentó.
"Que hoy la población del norte le agradezca a sus autoridades políticas el desastre que ha terminado siendo la reconstrucción", criticó Amalia Moreno, exdirectora ARCC.
La funcionaria pública fue muy crítica con la gestión de la ARCC, después de su salida. “¿De mayo del 2022 [cuando ella salió] hasta enero del 2024, qué han hecho los gobiernos y los que han liderado los de ARCC, para que ese porcentaje [del 70%] mejore? O simplemente dejaron que pase el tiempo para que desapareciera [la ARCC]”, dijo.
Agregó que las autoridades y políticos vinculados al proceso de reconstrucción “lo que han querido es beneficiarse políticamente para seguir en el modus operandi que han tenido durante siglos o décadas haciendo gestión de proyectos [...] Que hoy la población del norte le agradezca a sus autoridades políticas el desastre que ha terminado siendo la reconstrucción”, criticó.
Más allá de los balances y críticas a las diferentes gestiones de la ARCC, Cristóbal Timaná espera que la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura se acuerde de ellos y los ayude a mejorar sus condiciones de vida. “No pedimos mucho, solo lo necesario para vivir con dignidad”, solicitó el líder de los damnificados de Piura.
