La controversia por las elecciones rectorales de la Universidad Nacional de Piura (UNP) ha entrado en una nueva etapa. Mientras la Primera Sala Civil de Piura confirmó la medida cautelar que protege judicialmente los resultados de los comicios anulados por el Comité Electoral, el Ministerio Público avanza en una investigación penal que busca determinar si existió una cadena de mando detrás de la decisión que impidió la proclamación del José Luis Ordinola Boyer como rector universitario.
En conferencia de prensa, Ordinola Boyer explicó que ambas vías judiciales persiguen objetivos distintos. «La acción de amparo protege nuestros derechos constitucionales de elegir y ser elegidos. El proceso penal busca establecer quiénes fueron los responsables del daño causado a la universidad», sostuvo.
Según el docente, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla ha reunido 85 elementos de convicción que desvirtúan los argumentos utilizados para anular las elecciones y permiten reconstruir cómo se habría ejecutado la decisión. Afirmó que las pesquisas ya no solo alcanzan a los integrantes del Comité Electoral, sino también a quienes habrían dirigido sus actuaciones.
«Todo el mundo pensaría que la cadena de mando termina en el Comité Electoral, pero no. Según la fiscalía, la cadena de mando aparece en el doctor Enrique Cáceres Florián», afirmó Ordinola Boyer.
El candidato de Dignidad Universitaria indicó que la hipótesis fiscal se sustenta en que Cáceres, pese a haber perdido las elecciones, permaneció en el rectorado; que su permanencia en el cargo se fue ampliando sucesivamente; y que varias de las resoluciones adoptadas durante el conflicto llevan su firma.
«¿Por qué el perdedor termina gobernando la universidad? ¿Quién firma las resoluciones del Consejo Universitario y de la Asamblea Universitaria? Enrique Cáceres. Por eso la fiscalía considera que él aparece como el jefe de la cadena de mando», señaló.
Ordinola Boyer también informó que el Ministerio Público le ha solicitado cuantificar los perjuicios ocasionados por la anulación del proceso. Explicó que inicialmente se evaluó el daño económico, pero posteriormente la investigación incorporó el impacto institucional y psicológico generado entre docentes, estudiantes y la propia universidad.
«El daño psicológico es el daño causado a los alumnos que votaron por el candidato ganador, a los profesores que hicieron lo mismo y al proyecto de universidad que nunca pudo ponerse en marcha», manifestó.
Respecto a la vía constitucional, destacó que la confirmación de la medida cautelar ratifica la protección judicial frente a la anulación de las elecciones y fortalece la expectativa de que la Sala Civil confirme también la acción de amparo, lo que permitiría restituir los resultados del proceso electoral realizado en julio de 2025.
«Si se confirma la acción de amparo, también quedará consolidada toda la protección constitucional del proceso electoral y podremos asumir el cargo que nos corresponde por decisión de la comunidad universitaria», sostuvo.
Finalmente, el candidato de Dignidad Universitaria advirtió sobre una presunta estrategia para prolongar el conflicto judicial hasta 2028. Según dijo, el objetivo sería impedir que se ejecute el resultado de las elecciones y esperar una eventual modificación legal desde el Congreso que permita nuevamente la reelección de rectores.
«Están trabajando la idea de llevar este proceso lo más largo posible para llegar al 2028 y recién convocar nuevas elecciones. Lo que está en juego no es solo un rectorado, sino el respeto a la democracia universitaria», concluyó.
