La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura abrió una investigación preliminar contra el alcalde de Castilla, Julio César Vásquez Alberca, y otros funcionarios municipales por presuntas irregularidades en la contratación de una obra de agua potable y alcantarillado en el centro poblado Miraflores.
La investigación fiscal está relacionada con el proceso de contratación de la obra “Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de alcantarillado” y comprende, además del alcalde, a funcionarios de la Municipalidad Distrital de Castilla, entre ellos el gerente municipal.
Según la información consignada en la denuncia, el Ministerio Público investiga la presunta comisión de delitos contra la administración pública, entre ellos colusión, negociación incompatible y cohecho.
El proyecto fue licitado inicialmente durante la gestión del exalcalde Walther Guerrero por un monto de S/8.084.148,63. Posteriormente, el proceso fue declarado nulo y la Municipalidad Distrital de Castilla convocó un nuevo procedimiento de selección. En esta segunda convocatoria, la buena pro fue otorgada al Consorcio Castilla por S/8.509.630,13.
La diferencia entre ambos montos asciende a S/425.481,50. Este es uno de los aspectos que deberá ser esclarecido durante la investigación fiscal. La Fiscalía deberá determinar por qué fue anulado el primer proceso, si la nueva convocatoria se realizó conforme a las normas de contratación pública y si existieron actuaciones irregulares de funcionarios municipales o de los participantes en el procedimiento.
También investigan denuncia de otro postor
La investigación comprende además una segunda denuncia presentada por el representante del Consorcio Miraflores, empresa que había obtenido la primera buena pro.
De acuerdo con la información consignada en la denuncia, el postor cuestionó actuaciones realizadas durante el nuevo proceso de selección, específicamente la evaluación de determinados requisitos de la propuesta que finalmente resultó adjudicada.
Estos hechos deberán ser contrastados por el Ministerio Público mediante la revisión de los expedientes de contratación, las propuestas presentadas, las decisiones adoptadas por el comité de selección y las actuaciones de los funcionarios involucrados.
La investigación se encuentra en etapa preliminar. En esta fase, la Fiscalía deberá realizar diligencias para establecer si existieron irregularidades y determinar las responsabilidades individuales que correspondan.
La apertura de una investigación preliminar no implica que el alcalde ni los demás funcionarios comprendidos hayan sido declarados responsables de algún delito. Corresponde al Ministerio Público determinar, a partir de las diligencias y elementos de convicción que reúna, si existen fundamentos para continuar con la investigación.
