Actualizado el 21 de febrero a las 21 horas
Una mujer con su hija en brazos intenta cruzar la avenida Sullana, en el centro de Piura, mientras las mototaxis y autos avanzan raudos levantando una larga estela de agua. A cinco minutos de allí, en otra cuenca ciega, un grupo de vecinos bloquea la carretera como protesta ante los trabajos mal ejecutados por el gobierno central, pues les prometieron que no se inundarían y ahora están con el agua afuera de sus casas. Más adelante, a cinco kilómetros de allí, un grupo de niños juega en una piscina que se forma cada vez que llueve en el lugar conocido como “Dos Grifos”, cerca de la Urbanización Santa Margarita de Piura.
Las tres escenas se observaron esta mañana en un recorrido que realizó Norte Sostenible por la ciudad de Piura, Castilla y el distrito de Veintiséis de Octubre, luego de una lluvia ligera de 5.3 milímetros, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La entidad estatal ya había pronosticado que llovería en Piura y Tumbes. El reporte se mantiene activo hasta mañana 6 de febrero.
Según Senamhi, en Chulucanas se reportó un acumulado de lluvia de 8.3 milímetros, mientras que en Catacaos fue de 3.6 milímetros. Las precipitaciones causaron diversos aniegos en diferentes puntos de la región y expusieron las falencias en los trabajos de mitigación ante el Fenómeno El Niño que ejecutaron los tres niveles de gobierno: central, regional y local.
Recientemente se hizo viral la imagen de una tubería que desemboca al río Piura, y que forma parte del Sistema Alternativo para la Recolección y Evacuación de aguas de lluvia (SARE) de la Urbanización Ignacio Merino, que evitará, según el proyecto, que dicha localidad se inunde, como ocurre cada vez que llueve. Sin embargo, los especialistas, profesionales y público criticaron que se haya ejecutado un proyecto con esos acabados, al que tildaron de “tubería de la vergüenza”.
Cuencias ciegas sin soluciones definitivas
“Han fracasado las obras de mitigación del Ministerio de Vivienda y allí está la evidencia. Estamos inundados aquí en El Chilcal, con un sistema de electrobombeo que está inoperativo. Cuando la ministra de Vivienda vino a inaugurar los Sares dijo que Piura no se inundaría. Mentira, mírenos ahora”, dijo indignado el vecino César Quevedo, quien junto a un grupo de residentes bloquearon la avenida Grau, a la altura de El Chical, como reclamo ante la inundación de sus viviendas.
El 22 de setiembre del año pasado, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, del Ministerio de Vivienda adjudicó de manera directa, en el marco del Decreto de Urgencia 028-2023, el SARE El Chilcal, en Piura. La obra, cuyo costo asciende a S/ 2.2 millones fue entregada al Consorcio LUAB, conformado por las empresas QIAN BEI SRL y Servicios Generales Corall Ingenieros SRL, ambas empresas cajamarquinas.
Sin embargo, Servicios Generales Corall Ingenieros SRL apenas ha ejecutado cinco servicios con el Estado. Los cuatro anteriores fueron con la municipalidad de Cajamarca y el Gobierno Regional de esa región, por el valor total de S/ 259,898. Su obra más grande es la que ejecuta en consorcio en Piura. Los socios y accionistas de la empresa son los hermanos Luis Alberto y Emilio Llanos Huamán, naturales de Cajamarca y afiliados desde el 2018 al partido Alianza Para el Progreso, que lidera César Acuña Peralta.
De acuerdo con el procedimiento de selección, el contrato fue firmado el 17 de octubre y entraba en vigencia al día siguiente. El plazo de ejecución de la obra era de 90 días, es decir hasta el 17 de enero. Sin embargo, el vecino Martín López dijo a Norte Sostenible que el residente de obra le indicó que los trabajos aún estaban al 98%.
A cinco kilómetros de ese lugar, que se inundó con una ligera lluvia, se ubica la zona conocida como “Dos Grifos”, donde se forma una enorme laguna cada vez que llueve. Hoy no fue la excepción, como se observa en las imágenes. El 29 de diciembre el Ministerio de Vivienda adjudicó el servicio de SARE en esa zona al consorcio Manantial, conformado por las empresas CANCOR S.R.L. y Grupo COVASA S.A. DE C.V Sucursal del Perú.
La primera, CANCOR SRL es una empresa cajamarquina que inició sus operaciones recién en enero de este año, según el registro en la Sunat. Su actividad principal es la elaboración de productos de molinería. No cuenta con historial de contratos con el Estado.
Por su parte, Grupo COVASA S.A es una empresa con sede en Lima, que ha ejecutado cinco servicios con el Estado peruano por el valor de más de S/ 277 millones. Todas las obras las ejecutó en consorcio. En la actualidad, según Sunat, la compañía mantiene una deuda coactiva por el valor de S/ 14,340 con Essalud y el Tesoro Público.
La obra fue adjudicada el 29 de diciembre del año pasado por el valor de S/ 1.7 millones y tenía un plazo de ejecución de 15 días calendario. Sin embargo, hoy durante el recorrido que hizo Norte Sostenible en la zona se observó una motobomba evacuando el agua de lluvia.
Empresa inhabilitada construye la tubería de la vergüenza
El 5 setiembre del año pasado el Ministerio de Vivienda adjudicó de forma directa, amparada en el Decreto de Urgencia 028-2023, el SARE en el sector Ignacio Merino, por un valor de S/ 17.1 millones al consorcio Ignacio Merino formado por las empresas Grandes Xtructuras SAC, Grupo Adobe SRL y Constructora Joquesa Ingenieros Contratistas SRL. El contrato fue firmado el 6 de septiembre y tenía una vigencia hasta el 28 de diciembre. El plazo de ejecución de la obra era de tres meses, es decir, debía concluir el 6 diciembre.
Grandes Xtructuras SAC es una empresa trujillana que inició sus operaciones en 2019 y cuenta con ocho contratos con el Estado, todos obtenidos el año pasado y ejecutados en consorcio. La compañía mantiene una deuda coactiva con Sunat por el valor de S/ 9,706 debido a pagos no realizados al Tesoro Público.
Por su parte, el Grupo Adobe SRL es una empresa de Lima que antes de contratar con el Ministerio de Vivienda el año pasado, apenas había realizado dos servicios, en consorcio, con el Seguro Social de Salud por el valor de casi S/ 26 millones. Sin embargo, el año pasado consiguió cuatro contratos con el Ministerio de Vivienda, para ejecutar también en consorcio los SARES de Ignacio Merino, Villa Primavera (Sullana), Cinco Esquinas (Piura) y Av. Guardia Civil (Castilla, Piura). Todas estas obras por la suma de más de S/ 50 millones.
Sin embargo, lo que más llama la atención es que la “tubería de la vergüenza” sea ejecutada también por Constructora Joquesa Ingenieros Contratistas SRL, la cual fue inhabilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado el 27 de octubre del año pasado, mediante la resolución 4141-2023-TCE-S3 de primera instancia.
La empresa fue sancionada, en primera instancia, con una multa de S/ 34,450 “por su responsabilidad consistente en incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del Concurso Público N° 2-2022-CS-UNJBG – Primera convocatoria”. La obra se refiere a unos trabajos que se realizarían en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.
Asimismo, se dispuso, como medida cautelar, suspenderla como proveedora “por el plazo de cuatro meses para participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en caso el infractor no cancele la multa”.
Constructora Joquesa Ingenieros Contratistas SRL, con sede en Lima, inició sus operaciones en agosto del 2022 y cuenta con una corta experiencia en contrataciones con el Estado. En 2022 obtuvo apenas dos contratos por 1 millón en total con Sedapal; y el año pasado consiguió cinco contratos, dos de ellos con el Ministerio de Vivienda por la suma de S/ 45 millones. Se le encargó, siempre en consorcio, ejecutar los SARES de Ignacio Merino y Cinco Esquinas, en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura.
Estas tres últimas empresas también ejecutaron el SARE de Cinco Esquinas, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, que fue adjudicado el 5 de setiembre del año pasado, en el marco del decreto de urgencia 028-2023, por la suma de S/ 28.3 millones. Sin embargo, el último 20 de febrero presentó cangrejeras producto de las fuertes lluvias en la ciudad.
El contrato fue firmado el 6 de setiembre, el mismo día en que también firmaron el contrato para ejecutar el SARE Ignacio Merino, o conocido como el «Tubo de la Vergüenza», que desemboca en el río Piura. En realidad, se trata de empresas con poca o nula experiencia en contratos con el Estado, con deudas coactivas y una de ellas inhabilitada en octubre del 2023: Joquesa Ingenieros Contratistas SRL.
Especialistas como el decano del Colegio de Ingenieros, Hermer Alzamora; y Mela Salazar, del colectivo Vigilia Ciudadana, han solicitado que se pruebe el SARE Ignacio Merino, pues ha sido bastante cuestionado debido a una serie de inconsistencias. Por su parte, en un comunicado el consorcio dijo que las obras aún no están terminadas y que han sostenido reuniones con las autoridades para levantar las observaciones técnicas.
