“Llegó Navidad y Año Nuevo y no pasó nada”, dice con la voz desencajada Tranquilino Ramos Guerrero, veterano habitante y símbolo de Lobitos, un balneario piurano que hace un año fue golpeado por un derrame de crudo de petróleo y luego por un maretazo. “No hay turismo, todos los hoteleros estamos así”, añade el hombre mientras explica la situación económica y social de esta paradisíaca playa del norte peruano.
Para él, el 2025 fue nefasto para los negocios de Lobitos, tras el derrame ocurrido el 21 de diciembre del año anterior. La caída de sus ingresos es dramática: de facturar cientos de soles en un día normal de temporada, hoy la realidad lo golpea de frente. “Todo el verano la playa estuvo cerrada. Hasta ahora [no vendemos] ni 100 soles… a veces 20 no más al día”, confiesa Tranquilino, evidenciando el quiebre de la economía local, tras la emergencia ambiental.
A unos metros de su local, llamado ‘El Tranqui’, se ubica el Albergue de Lobitos, administrado por Patricia Abanto, también dirigente de la zona y una de las más férreas defensoras del balneario norteño. “Todavía nos estamos levantando de la imagen [de los derrames], pero vamos a ver cómo empieza esta temporada. Aún las reservas están al 60% para las fiestas de Fin de Año”, cuenta.
La trampa de la indemnización
Uno de los puntos más indignantes de este año de post-emergencia ambiental en Lobitos ha sido la negativa de Petroperú a reconocer una indemnización justa por el daño económico y de imagen causado tras los dos derrames ocurridos en diciembre del 2024 y julio de 2025. Patricia Abanto explica con detalle la estrategia legal que dejó a los pobladores con las manos vacías: “No nos ampara ninguna ley y ellos se acogieron a la ley que decía que el petróleo debió entrar a nuestras casas para que nos indemnicen… La ley es el daño patrimonial, o sea, traducido al criollo, tenía que haber entrado el petróleo a nuestras casas, a los hoteles, y allí nos podían indemnizar el daño”, explica.
La indemnización económica fue uno de los acuerdos pactados entre los vecinos de Lobitos y Petroperú tras el primer derrame de petróleo y plasmados en actas de reunión oficiales. Sin embargo, Abanto denuncia que la empresa estatal nunca reconoció la pérdida económica derivada de la alerta ambiental, a pesar de que las playas estuvieron cerradas durante tres meses.
Actualmente, la ocupación hotelera apenas alcanza un 60% o 70%, afectada tanto por la crisis económica nacional como por el estigma del derrame. “Nos estamos levantando ahora de la imagen [de los derrames] todavía”, señala, mientras critica que el Estado, a través de empresas terceras, solo ofreció puestos de trabajo temporales para limpiar áreas públicas y canastas de víveres en lugar de compensar el daño real al patrimonio de las familias afectadas.
Pescadores: entre canastas de víveres y el abandono del Estado
Para los pescadores, el gremio más vulnerable tras los derrames, la “justicia” se redujo a la entrega de canastas de víveres y una tarjeta por 1,500 soles. Jorge Periche, presidente del Gremio de Pescadores de Lobitos, recuerda que tras meses de batallar en Lima, solo lograron acordar la entrega de cinco canastas de 300 soles cada una.
“Trajimos un mal resultado porque solamente nos estaban dando 200 soles como indemnización, cuando nosotros habíamos solicitado 60 mil soles para cada pescador afectado. Pero, como Petroperú está quebrado, logramos 1,500 soles para cada persona. En total se entregó esa cantidad a 1,100 personas del balneario”, contó Periche, quien reafirmó que la petrolera estatal no cumplió con la compensación prometida.
Al respecto, Patricia Abanto precisa que la tarjeta con los 1,500 soles entregados a los afectados de Lobitos fue por el segundo derrame de julio. “Pero nos hicieron firmar un documento en el que renunciábamos a las pretensiones económicas por el primer derrame”, señala. En otras palabras: fue un acuerdo para evitar reclamos y la prometida indemnización económica tras el primer derrame de crudo.
Periche es enfático al señalar la raíz del problema: la falta de fiscalización en la infraestructura petrolera. “Aquí hay un culpable y es el Estado peruano. La corrupción es lo que hace que tengamos ductos, plataformas y tanques en mal estado. Si hubiera una buena fiscalización, no estuviéramos diciendo ya no queremos más petróleo”, señala.
Además, denuncia que el desembarcadero artesanal de Lobitos sigue con el techo hundido y barandas rotas por los oleajes anómalos de hace un año, mientras el Gobierno Regional de Piura se limita a realizar visitas sin ejecutar las obras necesarias. “Esto no es responsabilidad de Fondepes, sino del Gobierno Regional de Piura, de Luis Neyra. Pero hasta ahora no nos atienden”, señala.
Otro precedente de impunidad ambiental
El panorama nefasto en Lobitos se agravó en julio de 2025, cuando un segundo derrame en el pozo 383 del Lote VI contaminó 500 metros de quebradas y obligó a suspender las clases escolares por el fuerte olor a gas. El alcalde Ricardo Bancayán fue tajante: “Petroperú se burla de nuestro pueblo”. A pesar de que la Fiscalía Ambiental de Sullana inició investigaciones por presunto delito de contaminación, los procesos avanzan a un ritmo que los locales consideran una burla, citando casos similares como el de Savia Perú en 2012 que aún no tienen sentencia.
Hoy, el Lote VI se percibe como una “bomba de tiempo” con tuberías de hasta 70 años sin el mantenimiento adecuado. “Ahorita el lote está abandonado. Todo el culpable es PeruPetro, porque su trabajo es fiscalizar que haya inversión, que haya mantenimiento, que cumplan los acuerdos de ley. Pero PeruPetro nunca ha hecho su trabajo. ¿Cómo va a ser posible que seleccionen a empresas que no tenían experiencia en hidrocarburos?”, cuestiona la dirigente Abanto.
Lobitos no es solo un balneario manchado; es el reflejo de una gestión de hidrocarburos donde la remediación es superficial y la justicia, inexistente. La falta de cumplimiento en las indemnizaciones sienta un precedente nefasto: en el Perú, contaminar un ecosistema vital y destruir la economía de un pueblo puede resolverse con vales de alimentos y tecnicismos legales.
Foto de portada: Playa Lobitos. Créditos: Ralph Zapata/ Norte Sostenible.
