Por: Adriana Saguma
Piura volverá a las urnas para elegir el próximo domingo 4 de octubre a su alcalde provincial, quien tendrá la dura misión de enfrentar tres graves problemas: el Fenómeno El Niño, que los expertos han considerado de extrema intensidad; la inseguridad ciudadana que golpea a los vecinos; y las enormes brechas en saneamiento básico. Además, deberá coordinar la culminación de la millonaria obra de pistas, veredas y drenaje pluvial del Centro Histórico de Piura.
En ese contexto, Norte Sostenible analizó las hojas de vida, declaraciones ante Contraloría, actividades empresariales, contratos con el Estado e investigaciones de los 13 candidatos que buscan alcanzar la alcaldía de Piura. Entre los perfiles destacan varios candidatos con investigaciones o sentencias, un alcalde vacado e investigado por corrupción, empresarios sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado, entre otros.
Exalcalde de Castilla vacado e investigado por corrupción
El exalcalde de Castilla, Walther Guerrero, de 52 años, aspira al sillón municipal de Piura con el partido político Podemos Perú. Sin embargo, su postulación ocurre tras haber sido vacado por violar las normas de contratación pública, al haber contratado en el municipio que dirigía a su socio comercial. Se trata de un hecho que viene investigando la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Guerrero fue vacado de la Municipalidad Distrital de Castilla en junio de este año, luego de haber contratado a Fidel Humberto Barreto Gonzales, su socio en diversas empresas, mediante tres órdenes de servicio emitidas en marzo, junio y setiembre de 2024, por un total de S/ 31 500. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concluyó que existió un interés directo del alcalde y recogió los hallazgos de la Contraloría General de la República.
El órgano de control reveló que el proveedor no cumplía los términos de referencia, que su constancia del Registro Nacional de Proveedores fue emitida el mismo día de la invitación a cotizar, que las actividades declaradas en su RUC no correspondían al servicio contratado, que no presentó un currículo documentado que acreditara la experiencia requerida y que los informes utilizados para sustentar los pagos eran genéricos y repetitivos.
Además, advirtió que la contratación contravenía la ética de la función pública debido al vínculo societario entre el proveedor y el titular de la municipalidad. Para el JNE, estos elementos, sumados a que Barreto no registraba contrataciones con el Estado desde 2011 y volvió a contratar precisamente con la municipalidad dirigida por su socio, demostraron que el interés privado del alcalde se superpuso al interés público, por lo que revocó la decisión del concejo municipal que inicialmente había rechazado la vacancia y dejó sin efecto la credencial de Guerrero.
Al mes siguiente, en julio, el JNE multó al candidato con S/165 mil por no cumplir con retirar una publicidad estatal en la red social Facebook en periodo electoral. Guerrero es natural de Cajamarca, pero reside en Castilla. Es licenciado en Educación y su carrera política comenzó en 2010 cuando fue elegido regidor distrital de Castilla con el movimiento regional Unidos Construyendo. Tras dos fracasos en 2014 y 2018, alcanzó la alcaldía distrital en 2021 con el partido Unidad Regional.
En 2018 declaró ante el JNE solo una vivienda en Tacalá valorizada en S/ 80 mil y dos vehículos por la suma de S/ 88 mil. Sin embargo, tres años más tarde, en 2022 declaró ante la misma entidad bienes inmuebles por S/ 335 mil y un vehículo de S/ 40 mil 100. Al asumir la alcaldía, el año siguiente, declaró ante Contraloría un patrimonio de S/ 808 mil 720.
Para estas elecciones ha reportado bienes inmuebles por S/ 340 mil, un vehículo de S/ 60 mil y acciones en empresas del rubro educación y alimentos por la suma de S/ 642 mil, lo que en conjunto constituyen un patrimonio consolidado de más de S/ 1 millón.
Norte Sostenible buscó entrevistar al postulante, pero hasta el cierre del artículo no respondió nuestros mensajes ni llamadas.
Exregidor de Piura vinculado al negocio de los grifos busca la alcaldía
Otro de los postulantes que busca convertirse en alcalde provincial de Piura es Miguel Cueva Celi, de 69 años, un político con una larga trayectoria en la administración pública pero a su vez salpicado por denuncias, investigaciones y cuestionamientos. Fue regidor en tres períodos: 1995-1998 y 1999-2002 (Municipalidad Provincial de Sullana); y entre 2015-2018 en la comuna de Piura, durante la gestión de Óscar Miranda Martino.
De acuerdo con su hoja de vida del 2006, cuando postuló para congresista de la República, Cueva consignó ante el JNE que afrontó un proceso penal por el delito peculado según el expediente N° 123-05, interpuesto por la Municipalidad Provincial de Sullana en 2005, cuando era regidor.
Asimismo, el expediente N° 2035-01 indica que Cueva fue demandado por ejecución de garantías promovida por el Banco Regional del Norte en 2004.También enfrentó una denuncia civil por ejecución forzosa interpuesta por Amanda Gamero Vda. de Bel en 2003, la cual fue suspendida por prescripción. Otra demanda en su historial que figura en el JNE fue interpuesta por Roberto Quintana Delgado, según el expediente N° 03313-2005, por superposición de propiedad en 2005.
Cueva Celi no cuenta con título profesional universitario, pero sí con una larga trayectoria política de más de 30 años, que incluye una postulación fallida a la vicegobernación regional en 2002 y al Congreso de la República en 2006 y 2011. Gran parte de su vida laboral ha estado vinculada al negocio de los grifos.
Desde los años 90, el candidato ha ejercido como concesionario de las estaciones de servicio Monterrico y Petroperú y propietario de la estación de servicios San Miguel SRL, empresa que administran sus hijos desde 2005. Cuando era regidor de la Municipalidad de Piura (2015-2018), esta empresa obtuvo contratos con la Empresa Prestadora de Servicios (EPS Grau) por la suma de S/ 360 mil 106. Lo llamativo es que la comuna de Piura forma parte de la Junta de Accionistas de la EPS Grau.
En la actualidad, Cueva Celi ejerce como gerente general de la Estación de Servicios Don Alberto S.R.L., que se ubica en Colán (Paita) y que en julio de este año fue sancionada temporalmente para contratar con el Estado durante 4 meses, hasta el 24 de noviembre del 2026. ¿La razón? Haber contratado con el Estado estando impedido para ello y al haber presentado información inexacta durante un proceso de selección de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo de Colán, en 2025.
La Resolución N° 06780-2026-TCP-S6 indica que en febrero de 2025, Estación de Servicios Don Alberto SRL obtuvo la buena pro para la adquisición de combustible en dicha municipalidad distrital, por S/ 141 mil 441, luego de competir contra la empresa Estación de Servicios San Miguel SRL, cuyos propietarios son los hijos del candidato.
El Tribunal de Contrataciones del Estado comprobó que ambas empresas pertenecían a un mismo grupo económico, ya que eran propiedad de Miguel Cueva y sus cuatro hijos y compartían el mismo domicilio fiscal en la avenida José de Lama, en Sullana, lo que constituía un impedimento para ser participante, postor y/o contratista en dicho proceso de selección.
En su época de regidor de la Municipalidad de Piura, Cueva Celi declaró ante Contraloría bienes por la suma de S/ 1.2 millones. Sin embargo, en su reciente declaración ante el JNE reportó dos bienes inmuebles por casi S/ 150 mil e ingresos anuales del sector privado por S/ 219,400, es decir, más de S/ 18 mil mensuales.
Este medio se comunicó con el candidato y con el encargado de prensa de su campaña, pero dijeron que “en esta oportunidad preferimos no realizar una entrevista telefónica enfocada específicamente en esos temas [las denuncias e investigaciones]”. Sin embargo, el último 23 de setiembre, tras el debate de candidatos en la Municipalidad de Piura, al ser consultado por las investigaciones que consignó en su hoja de vida de 2006, Cueva Celi tildó a nuestra periodista Analí Valencia como loca. «¿Por peculado?.. Oye estás loca. ¿Quién te ha mandado a hacerme esas preguntas?», cuestionó el postulante.
Luego, al preguntarle sobre la sanción al grifo Don Alberto SRL, Cueva Celi comentó: «Eso ya lo he aclarado, ya no, ya no. Es de mis hijos» y se marchó raudo sin responder a varios periodistas que le hicieron la misma pregunta.
El regidor cuestionado por ejercer varios cargos en simultáneo
Martín Gerardo Olivares Chanduvi, de 53 años, fue elegido regidor provincial de Piura para el periodo 2023-2026 con el partido Contigo Región, del actual gobernador regional Luis Neyra. Sin embargo, durante esos mismos años se ha desempeñado en simultáneo en distintas entidades del Estado, motivo por el cual ha sido muy cuestionado por los ciudadanos.
De acuerdo con su hoja de vida, además de ejercer el cargo de regidor provincial desde el 1 de enero del 2023, el candidato se desempeñó como asesor del Gobierno Regional de Piura (enero-marzo 2023), director regional de Educación (marzo-diciembre 2023) y como asesor del Congreso de la República (2024-2026). Todo ello en el mismo periodo para el cual fue elegido como autoridad municipal. Asimismo, entre los años 2015 y 2024 se desempeñó como director de la institución educativa San José.
La evolución de sus bienes es significativa desde que inició sus funciones como regidor provincial. En 2023 declaró un patrimonio de S/ 149 mil 571, que se incrementó a S/ 474 mil 318 en 2026. Esto representa un incremento de S/ 324 mil 747, equivalente a un crecimiento de 217.1% en dicho período.
Para estas elecciones, Olivares declaró ingresos anuales por S/280 mil 076, un inmueble de S/ 70 mil 478.71 y dos camionetas y una motocicleta valorizadas en S/ 156 mil 122. Con la motocicleta, de placa 37259S, tiene dos papeletas del 2020 y 2021 sin cancelar por la suma de S/ 111.80, por las faltas G40 y G10. Al respecto de estas multas, dijo que desconocía de estas papeletas; aunque precisó que compró el vehículo a otra persona en 2023. «Esas papeletas son anteriores a la compra. Desconocía», precisó.
Pero, el candidato también reporta participación en dos empresas que contrataron con el Estado en los últimos años. La primera es Servicios Generales Ecologic Site EIRL, que actualmente figura con baja de oficio ante la Sunat desde el 31 de enero del 2025. Según los registros del OECE, entre los años 2016 y 2020 obtuvo órdenes de compra y servicios con el Gobierno Regional de Piura y la Municipalidad Distrital de El Tallán por montos superiores a los S/87 mil.
La segunda empresa corresponde a Contratistas y Servicios Generales OMP EIRL, también dada de baja en SUNAT, pero con contratos públicos entre 2011 y 2014 por S/1 millón 996 mil.
Entrevistado por Norte Sostenible, el candidato Olivares dijo que la ley no impide ejercer varios cargos. «La mayoría de regidores tiene un trabajo estable, desarrolla sus labores propias. La labor de regidor no es de naturaleza exclusiva. No he tenido impedimentos para ejercer varias funciones, las he cumplido con cabalidad», comentó.
Respecto al incremento de sus ingresos, señaló que responde a su labor como asesor de un congresista. «Aparte de ello, en 2024, yo cesé en el magisterio, me cesaron con 24 años de servicios y mi CTS fue de S/ 150 mil», comentó.
El regreso del exgobernador regional de Piura
De la mano del Partido Popular Cristiano (PPC), Javier Fernando Miguel Atkins Lerggios, de 70 años, pretende reinsertarse en la escena pública en estas elecciones. Sin embargo, su retorno está marcado por las investigaciones que afronta en el Poder Judicial relacionadas con el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura.
En septiembre de 2024, el fiscal provincial Luis Alberto Ordóñez Choque, del equipo Lava Jato, formuló una acusación fiscal contra el exgobernador por el presunto delito de colusión agravada. La fiscalía sostuvo un presunto favorecimiento a la constructora brasileña Camargo y Correa mediante ampliaciones de plazo en la obra que alcanzó los S/ 480 millones, situación que motivó el allanamiento de su vivienda en Los Ejidos, en 2023.
“De las 32 denuncias que tenía ya solo quedan cuatro, entre ellas las del Alto Piura que hay dos: una en Lima y otra en Piura. Están en etapa de control de acusación, ocho años lleva el proceso, ya veremos qué sigue. Le hacemos frente a todas las investigaciones”, indicó en sus descargos a Norte Sostenible.
A esta acusación se suman otras dos. La primera está relacionada con la obra del Puente de San Miguel, conocido históricamente como “Puente Viejo”. Atkins fue procesado por presunta colusión agravada tras las presuntas irregularidades en la licitación pública N° 005-2012 y la sobrevaloración por S/ 4.1 millones detectadas por la Contraloría en noviembre de 2018.
Pese a que la fiscal Jennifer Fernández solicitó la pena de 10 años de cárcel para Javier Atkins, el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal de Piura absolvió a Atkins al determinar que actuó de acuerdo a sus funciones firmando resoluciones que ya estaban avaladas por sus gerencias. Sin embargo, según informó el candidato, pese a que fue absuelto, el caso nuevamente ha sido reabierto.
“En primera instancia, el juez me exculpa, luego la sala absolvió a los demás inculpados, pero el Ministerio Público envió (el caso) a Lima y ha vuelto a otra sala a iniciar de cero, ese juicio lleva 12 años”, precisó.
La segunda corresponde a presuntas irregularidades, incremento de presupuesto y uso de fondos en la ejecución de la obra vial de la carretera del Kilómetro 21–Tambogrande. Sobre este caso, Atkins dijo que este proceso “lleva 8 años, hay audiencias, los fiscales tienen que volver a revisar, seguimos aquí, todo bajo control en sentido que hay orden, las investigaciones continúan”.
Atkins es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Piura (UDEP) y cuenta con una especialidad en MBA otorgado por la Texas Southern University. En el sector público ha ejercido altos cargos de confianza: se desempeñó como viceministro de Pesca y Acuicultura en el Ministerio de la Producción (2018-2019) y trabajó en la Oficina de Diálogo del Ministerio de Educación entre 2024 y 2025.
Al asumir la jefatura del Gobierno Regional de Piura en 2011, Atkins declaró un patrimonio de S/ 556 mil 933. Más tarde, en 2016, ya cuando había dejado el máximo cargo regional, reportó un patrimonio superior a los S/ 2.3 millones. Sin embargo, para estas elecciones, el candidato solo declaró ingresos anuales del sector privado por S/ 120 mil. No reportó bienes inmuebles ni acciones en ninguna empresa.
Un ingeniero civil especializado en infraestructura pública y privada
Jorge Hilton Flores Bazán (Alianza para el Progreso) es uno de los candidatos con el perfil más técnico de la contienda electoral. Ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Piura (UNP) y con una maestría en Project Management por la Universidad Tecnológica del Perú, ha desarrollado su carrera profesional en torno a la ejecución, supervisión y gestión de proyectos de infraestructura tanto en el sector público como privado.
Durante los últimos años se ha desempeñado como docente de la UNP, coordinador de proyectos de FLOBA Consultores y Constructores S.A.C. y encargado de asistencia técnica para las regiones Piura y Tumbes del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), entidad adscrita al Ministerio de Educación. Su experiencia laboral también incluye cargos en empresas constructoras y del sector industrial como Pacasmayo y Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A.
Para estas elecciones declaró ante el JNE ingresos anuales por S/110 mil 308, además de dos predios rurales valorizados en S/109 mil y dos vehículos cuyo valor conjunto asciende a S/151 mil 111. En una reciente entrevista con Norte Sostenible, el candidato señaló que sus prioridades serán agua y saneamiento, lucha contra la inseguridad ciudadana y protección de la ciudad ante el Fenómeno El Niño.
Do Santos, Morillas y otros candidatos
Natural de Iquitos, en la región Loreto, John Alexander Do Santos Ocmin (Acción Popular) radica actualmente en Piura y combina experiencia en el sector público y privado. De acuerdo con su hoja de vida presentada ante el JNE, se desempeñó como coordinador administrativo en la Dirección Regional de Educación de Piura entre 2018 y 2019 y ejerce la profesión de contador público en su estudio contable desde el 2016.
El candidato declaró ingresos anuales por S/33 mil 070 correspondiente al 2025. Asimismo, registra una motocicleta valorizada en S/3.500 con una papeleta pendiente de pago por una falta G59 (no llevar casco de seguridad).
También declaró participación en cinco empresas. Entre ellas figuran Grupo Dos Santos Inversiones Generales EIRL, Listo Inversiones Inmobiliarias SAC y Servicios, representaciones Diados SAC y Proyecto Emprendedor, además de Asociación Allyn Pacha Perú, actualmente dada de baja de oficio. Con Grupo Dos Santos Inversiones Generales E.I.R.L. obtuvo contratos con el Estado por casi S/ 2 millones.
Otra de las candidatas a la alcaldía de Piura es la exregidora Kelly Morillas, quien ha vestido varias camisetas políticas: fue regidora provincial por Alianza para el Progreso (2015-2018), posteriormente renunció a Renovación Popular y al Partido Morado, y ahora busca convertirse en alcaldesa provincial con Fuerza Popular, el partido del exgobernador regional Servando García.
Cuando asumió como regidora de Piura, en 2015, reportó bienes por S/ 225 mil 793; y para estas elecciones registró 30% de acciones en dos bienes inmuebles valorizados en S/ 281 mil 073 y una casa de campo.
Otro de los postulantes es Carlos Eduardo Cruz Michilot, del Partido Aprista Peruano. El candidato está vinculado a dos empresas del sector odontológico que registran deudas coactivas. Se trata del Centro Odontológico Clotident E.I.R.L., donde registra el 100% de participación y figura como gerente, y Clotident S.R.L., donde posee acciones. Ambas empresas registran obligaciones pendientes de pago por S/31 mil 473 ante Essalud, ONP y el Tesoro Público.
Segundo Buenaventura Chávez Albirena, candidato de Ahora Nación, presenta un perfil principalmente vinculado a la cultura, la educación y los proyectos comunitarios, sin experiencia previa en cargos de elección popular. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Piura, ha coordinado iniciativas culturales como Sala 2060, Bibliotecas para la Vida y Patio del Recreo, y entre 2021 y 2022 fue gerente de Educación, Cultura, Deporte y Recreación de la Municipalidad Provincial de Piura. En su hoja de vida para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 declaró ingresos anuales de S/21 mil 600 y tres vehículos menores valorizados en conjunto en S/13 mil 500, sin registrar bienes inmuebles, acciones ni participaciones societarias.
Otro candidato es Guillermo Chávez Timoteo, de 60 años y postulante del Partido Patriótico del Perú, registra en su hoja de vida un antecedente penal: en 2007 fue condenado por desobediencia a la autoridad a 100 jornadas de servicio comunitario. Licenciado en Educación y magíster en Docencia Universitaria, ha ejercido como docente universitario y director de una institución educativa.
Ricardo Paulini Palacios, de 38 años y candidato de Progresemos, es empresario gastronómico y gerente de la cevichería La Barra del Chino desde 2021; sin embargo, en su hoja de vida ante el JNE registra una denuncia por violencia familiar, vinculada al expediente N.° 7010-2025-0-2001-JR-FF-04, proceso en el que se dictaron medidas de protección en su contra. También mantiene una deuda pendiente desde 2016 ante la Municipalidad Provincial de Tumbes por una infracción de tránsito. Licenciado en Administración por la Universidad Privada Antenor Orrego, declaró ingresos anuales de S/6 mil provenientes del sector privado y un predio valorizado en S/53 mil 245. Además, los registros consultados señalan que su RUC figura con suspensión temporal y que la cevichería registra suspensión de actividades comerciales y cese de personal desde fines de 2025.
Otro de los postulantes es José Luis Morey Requejo, abogado de profesión y especialista en derecho administrativo. Cuenta con una sólida formación técnico-legal y posee más de 20 años de servicio continuo en diferentes niveles de la administración pública peruana. Es recordado en la política regional reciente por haber sido elegido Consejero Regional de Piura para el periodo electoral 2019-2022 (representando al movimiento Región para Todos), donde se enfocó en labores de fiscalización y normatividad regional. En las elecciones pasadas postuló sin éxito al cargo de alcalde provincial de Piura, con el partido político del actual gobernador regional Luis Neyra.
Editado por Ralph Zapata
