Aunque en el Plan de Movilidad Sostenible no aparece con prioridad alta, la Municipalidad Provincial de Piura ha iniciado la fiscalización electrónica con la activación del sistema de fotopapeletas, una iniciativa que ha causado polémica entre la necesidad de seguridad vial y un evidente afán recaudatorio, según especialistas. Este sistema, que opera las 24 horas del día de manera automatizada, busca sancionar el exceso de velocidad y el cruce de semáforos en rojo en 14 puntos de la ciudad.
De acuerdo con las bases integradas del concurso público revisadas por Norte Sostenible, la comuna piurana tiene una proyección sumamente ambiciosa para el primer año de funcionamiento del sistema: se espera imponer un total de 103 mil 830 papeletas. Esto se traduce en ingresos millonarios para las arcas municipales y el contratista elegido.
La recaudación total estimada para este primer periodo de aplicación asciende a 4.2 millones de soles. Este monto se distribuirá bajo una modalidad de pago basada en porcentajes, donde la eficacia del sistema se mide directamente por la cantidad de infracciones efectivamente cobradas a través del Sistema de Administración Tributaria de Piura (SATP).
Contrato de 2 años por 2 millones
El 3 de septiembre del 2025, el Comité de Selección de la Municipalidad de Piura otorgó la buena pro para el servicio de instalación, operación y mantenimiento del sistema de fotopapeletas al único proveedor que presentó propuesta, el consorcio Setrapi, conformado por las empresas SEMOECSA SAS (de origen ecuatoriano) y la peruana Prototipo del Perú SAC.
La propuesta económica de dicho consorcio fue de S/ 2 millones 072 mil 824.46 y el contrato estipula un período de ejecución de 730 días calendario “y/o hasta agotar el total del importe contratado, lo que ocurra primero, computado desde el día siguiente de haber suscrito el contrato”, señalan las bases integradas. Es decir, la Municipalidad de Piura pagará, de manera mensual, un porcentaje del dinero recaudado al consorcio, hasta completar los 2 millones o hasta que se cumpla el período del contrato, que alcanzará a la siguiente gestión municipal.
Al respecto, la especialista en gestión pública de la Universidad de Piura, Juana Huaco, dijo a Norte Sostenible que, claramente, la motivación de este sistema es económica. “Es para recaudar, pero la pregunta para esta gestión que ya se va es: ¿qué se hará con ese dinero?, ¿por qué no ser transparente y decir se destinará para esto o lo otro? Si hoy que pagamos arbitrios tenemos una ciudad caótica, parques y jardínes abandonados, pistas rotas, desorden en el tráfico, etc”, cuestionó la experta.
Asimismo, Huaco advirtió que, en una región que lidera récords de inseguridad ciudadana y homicidios, destinar esfuerzos a la recaudación por multas parece una desconexión total de la realidad. Además, recalcó que las calles de Piura están “todas rotas” y los semáforos fallan constantemente, lo que hace inoportuno un sistema tan punitivo.
“[Las fotopapeletas] no es prioridad en este momento. La prioridad hubiera sido el ordenamiento del tránsito, de todo el transporte urbano, no sé cuántas líneas hay y que pasan por las mismas avenidas y hay zonas que no tienen transporte público. Arreglar los parques y jardínes, ordenar el mercado modelo, el recojo de basura, preparar a la ciudad para las lluvias. Piura tiene otras prioridades urgentes”, explicó Huaco.
No tiene prioridad alta en el Plan Maestro de Movilidad Urbana
Aunque los asesores de la Municipalidad de Piura, Jorge Timaná y William Argumento (experto en seguridad ciudadana y no en transporte), argumentan que el objetivo del sistema de fotopapeletas es la seguridad vial y la modernización del transporte, el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible (PMMUS) de Piura no considera con prioridad alta este sistema. De hecho, recomienda ejecutar otras acciones urgentes y de alta prioridad.
Según este documento estratégico, elaborado en 2019 con apoyo de Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Unión Europea, la implementación de sistemas de foto-infracción tiene apenas una prioridad media para el desarrollo de la ciudad.
El PMMUS señala que la municipalidad debió priorizar acciones de importancia alta antes de centrarse en las fotopapeletas y el plan de seguridad vial. Entre estas acciones urgentes se encuentra el ordenamiento integral del transporte público, un sector que hoy opera en medio del caos y la sobreoferta.
Otra prioridad alta ignorada es la modernización de paraderos y la creación de un sistema integrado de rutas. El plan propone que los piuranos cuenten con un servicio de transporte masivo seguro y eficiente, algo que las fotopapeletas no resuelven por sí solas.
Asimismo, el documento matriz recomienda la unificación de rutas en sistemas troncales, como en la Av. Sánchez Cerro y la Av. Cáceres, para mejorar la eficiencia del flujo vehicular. Esta visión de futuro incluía la introducción de buses ecoamigables (híbridos o eléctricos) para reducir la contaminación, una meta que hoy parece lejana.
La peatonalización de calles en el centro histórico y la modernización de las vías principales bajo el concepto de «calle completa» también figuran como prioridades máximas. Estas obras buscan recuperar el espacio público para el ciudadano de a pie, dotando a las avenidas de veredas amplias y accesibilidad universal.
El plan también subraya la urgencia de realizar el ordenamiento del transporte de carga pesada. Actualmente, los vehículos de grandes dimensiones circulan indiscriminadamente por la mancha urbana, generando riesgos innecesarios y deteriorando el pavimento.
Juana Huaco enfatizó que la gestión actual está fuera de foco al no dar continuidad a los proyectos estratégicos de largo plazo. Puso como ejemplo el fracaso de ciclovías anteriores ubicadas en la avenida Sullana que “nacieron para morir”, aunque costaron casi 1 millón de soles.
Críticas y opacidad de un proceso que debería ser público
Aunque la Ley General de Contrataciones Públicas y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información obligan a los organismos estatales, como municipios y gobiernos regionales, a colgar toda la información de las contrataciones, hasta la fecha el contrato firmado con el consorcio Setrapi no está colgado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), lo que alimenta las sospechas sobre las condiciones reales de la concesión.
Desde los gremios de transportistas, el malestar es palpable debido a la falta de socialización y capacitación previa en torno a este sistema de fotopapeletas. Los dirigentes denuncian que la municipalidad nunca respondió formalmente a sus pedidos de diálogo antes de imponer las multas. “No hemos sido sensibilizados ni capacitados. Las preguntas que hemos hecho no han sido respondidas”, sostuvo Óscar Aquino, presidente de una asociación de taxistas de Piura .
Además, existe una seria preocupación legal sobre la responsabilidad de las infracciones. El sistema emitirá las papeletas contra el propietario del vehículo, lo que ha sido calificado como un abuso en casos donde el dueño no es quien conduce al momento de la falta.
«Las fotopapeletas no son prioridad. La prioridad hubiera sido el ordenamiento del tránsito, de todo el transporte urbano»
JUANA HUACO, EXPERTA EN GESTIÓN PÚBLICA.
En la práctica, el sistema ya muestra contradicciones técnicas flagrantes, como la imposición de límites de 30 km/h en vías diseñadas originalmente como rápidas. Juana Huaco señala que esto obligará a los conductores a formar colas innecesarias para evitar la multa, contraviniendo el propósito original de la infraestructura de la avenida Sánchez Cerro, considerada una vía rápida.
La ubicación de las cámaras cerca de colegios y hospitales ha sido defendida por la municipalidad como una medida de protección al peatón. Sin embargo, para los críticos, este argumento de «seguridad vial» es solo una fachada para maximizar la detección de faltas y el cobro de sanciones que llegan hasta los S/ 2,750.
Los técnicos municipales admitieron en reuniones con la prensa que no se consideraron puntos críticos de alta siniestralidad, como las zonas donde se realizan “piques” nocturnos, como la avenida Educativa, cerca de la Universidad Antenor Orrego (UPAO). Esta omisión solo alimenta la sospecha de que la ubicación de las cámaras se eligió por su potencial recaudatorio y no por su impacto en salvar vidas.
El Plan Maestro de Movilidad Sostenible de Piura es claro al indicar que la fiscalización debe ser el último paso tras haber ordenado la ciudad y mejorado la cultura vial. “Primero hay que ordenar el tránsito para poner papeletas, porque aquí hay un desorden total”, sentenció Juana Huaco.
La gestión edil, que se encuentra a pocos meses de culminar, ha acelerado este proyecto de forma inusual. Esta premura genera dudas sobre si la próxima administración dará continuidad al sistema o si se convertirá en otro elefante blanco de la gestión pública piurana. “No puedo asegurar que continuará en la siguiente gestión”, admitió a Norte Sostenible Jorge Timaná, asesor en transporte de la comuna provincial.
En esa línea, el destino de los 4.2 millones de soles que se proyecta recaudar sigue siendo un misterio para los piuranos, ya que no se ha especificado en qué obras de mejora vial se reinvertirán. Sin transparencia ni un plan que priorice lo urgente, las fotopapeletas corren el riesgo de convertirse en una medida más de recaudación antes que en una solución integral al caos vehicular.
Foto de portada: Noticias Piura 3.0
