El caso por la desaparición del universitario Anthony Camizán Guerrero ingresará a la etapa de juicio oral luego de que culminara la fase intermedia del proceso penal. Así lo confirmó el abogado de la familia, Raúl Coloma Barrios, quien aseguró que los elementos reunidos por la fiscalía durante la investigación “son sólidos y contundentes”.
La audiencia de etapa intermedia se desarrolló el último jueves y permitió el saneamiento del proceso, así como la validación de los medios probatorios que serán debatidos ante un juzgado colegiado de Piura.
“Ya se ha realizado el auto de enjuiciamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pasar a juicio. Entramos a la tercera etapa del proceso penal, que es el juzgamiento”, declaró el letrado.
El principal imputado en el caso es el suboficial de la Policía Nacional Rone Edixon Córdova Godos, quien permanece prófugo desde el 19 de diciembre de 2025, fecha en la que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas ordenó nueve meses de prisión preventiva en su contra por su presunta participación en la desaparición del joven universitario ocurrida el 21 de agosto de 2022.
“Las pruebas son contundentes”
Coloma sostuvo que durante la audiencia la defensa de Córdova Godos no logró desacreditar los principales elementos recopilados por la fiscalía.
“Los argumentos son sólidos. Las pruebas que se han recopilado en toda la investigación preparatoria han sido coherentes”, afirmó.
Entre los medios probatorios más relevantes, el abogado mencionó el acta de recorrido realizada con presencia de peritos, fiscalía y abogados, en la que el suboficial sostuvo inicialmente que trasladó a Anthony Camizán desde Canchaque hasta Salitral y luego retornó a la comisaría para continuar sus labores.
Sin embargo, esa versión, según explicó, quedó debilitada tras el análisis de las comunicaciones telefónicas realizadas la noche de la desaparición.
“Todo quedó desdibujado cuando las operadoras telefónicas revelaron que el señor Córdova Godos realizó dos llamadas la noche del 21 de agosto de 2022. Una fue al suboficial Mell Gipson Sancarranco y otra a Jeni Ocaña Julca, quienes serían pareja”, indicó.
La defensa de la familia Camizán sostiene que existe una relación directa entre Córdova Godos, el suboficial Mell Gipson Sancarranco Vega y Jeni Ocaña Julca, quienes también aparecen vinculados en las investigaciones fiscales.
“No llamó en vano. No los llamó para preguntar cómo estaba el clima. Los llamó por el tema del secuestro”, aseguró Coloma.
El celular de Anthony
El abogado recordó además que el celular iPhone 11 perteneciente a Antony Camizán terminó en manos de Sancarranco Vega, quien actualmente afronta otra investigación por presunta obstaculización de la justicia.
“Cuando se interrogó a Mell Gipson, él dijo que el teléfono se lo entregó Córdova Godos. Entonces, para nosotros está clarísimo quién es el responsable”, manifestó.
Asimismo, reveló que en el equipo telefónico incautado existen conversaciones entre Sancarranco y Ocaña consideradas relevantes para el caso.
“Hay chats donde se dicen: ‘No digas que tenemos conversación con Córdova Godos, no digas que tenemos un chat grupal’. Eso es parte de las pruebas que irán a juicio”, precisó.
Fiscalía pide hasta 30 años de cárcel
De acuerdo con el abogado, la condición de servidor público de Córdova Godos agravaría la eventual condena.
“La pena mínima sería de 30 años porque él es policía. Y si se llega a probar la muerte de Antony Camizán, estaríamos hablando incluso de cadena perpetua”, sostuvo.
El proceso es conducido por la Tercera Fiscalía Penal Provincial de Chulucanas, a cargo de la fiscal Oliván Guerrero Castillo.
Familia cuestiona falta de captura
Tras conocerse que el caso avanzará a juicio oral, Junior Camizán, hermano del joven desaparecido, señaló que la familia espera recibir esta semana la resolución formal emitida por el juzgado.
“Ya esta semana nos van a dar el documento donde ya está todo por escrito. El jueves ha sido la audiencia con el juez y ya está para juicio”, declaró.
Aunque todavía no existe una fecha definida para el inicio del proceso oral, sostuvo que la familia mantiene la expectativa de que finalmente se emita una sentencia ejemplar.
“Nada va a devolver a mi hermano, pero nosotros esperamos cadena perpetua y que diga dónde está el cuerpo de mi hermano”, expresó.
No obstante, a casi cuatro meses de haberse dictado prisión preventiva contra el suboficial, la defensa y la familia cuestionaron que las autoridades aún no hayan logrado ubicarlo.
“No es posible que después de cuatro meses no se conozca su paradero. Habría que preguntarle a la Policía qué está haciendo. No queremos creer que exista protección, pero es preocupante”, señaló Coloma.
Por su parte, Junior Camizán denunció que el equipo especial de la Divincri que inicialmente estuvo a cargo de las investigaciones y logró ubicar el celular de Antony habría sido desarticulado en las últimas semanas, situación que, según dijo, genera preocupación en la familia.
“Les quitaron la camioneta y dividieron el grupo. No sabemos con qué motivo han hecho eso. Esperemos que no responda a un espíritu de cuerpo”, sostuvo.
