El centro histórico de Piura atraviesa una de sus crisis de infraestructura más severas en los últimos tiempos. El emblemático proyecto de drenaje pluvial, valorado en casi 70 millones de soles, se encuentra sumido en un preocupante retraso que amenaza la seguridad de la ciudad ante futuras lluvias. Reportes oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelan una brecha alarmante: al mes de febrero de 2026, la obra apenas registra un avance físico de 2.87%, cuando lo programado para esa fecha era alcanzar un 33.31%. Es decir, presenta un retraso del 30%.
Según Inviertepe, el retraso se debe a interferencias en el campo de telecomunicaciones y eléctricas. La obra es ejecutada por Corporación Diamante JUBERS SAC, una empresa que obtuvo la buena pro del proyecto a pesar de carecer de experiencia previa en la construcción de sistemas de drenaje pluvial. Para cumplir con los requisitos de la licitación, la compañía acreditó únicamente experiencia en la construcción de pistas y puentes en regiones como Loreto, Cusco y Huánuco, una falta de pericia que el Comité de Selección del Gobierno Regional de Piura aceptó sin observaciones.
La controversia aumenta al considerar que en el proceso participaron 72 postores, incluyendo empresas con vasta trayectoria en obras hidráulicas que fueron desplazadas por JUBERS SAC. El decano del Colegio de Arquitectos de Piura, Leopoldo Villacorta, calificó como “llamativo” el silencio de las autoridades de justicia, especialmente cuando las sedes del Ministerio Público y del Poder Judicial se ubican en las zonas que sufren inundaciones constantes y que dependen directamente de esta obra.
Omisiones y expediente deficiente
Un factor determinante en el estancamiento actual de la obra es un expediente técnico deficiente que omitió detalles críticos. Según los informes técnicos, el documento original no consideró las conexiones domiciliarias de telecomunicaciones, careciendo de planos de detalle y presupuestos para ductos de telefonía. Esta “imposibilidad técnica” forzó al Gobierno Regional de Piura a emitir una resolución de urgencia el 23 de enero de 2026 para aprobar nuevos planos que integren las redes eléctricas y de telecomunicaciones olvidadas.
La Contraloría General de la República ha intervenido tras detectar múltiples “situaciones adversas” que ponen en riesgo tanto a los trabajadores como a los ciudadanos. Entre los hallazgos más graves figura la falta de señalización y cercos rígidos en excavaciones profundas, como en el Jirón Huánuco, donde ya se han reportado accidentes con maquinaria y caídas de transeúntes. El ente de control advirtió que estas deficiencias contravienen las normas de seguridad y podrían acarrear penalidades diarias a la contratista.
Además de la inseguridad, el centro de la ciudad se ha convertido en un “laberinto de polvo y escombros”. La acumulación descontrolada de residuos sólidos y material de demolición ha invadido las vías públicas, obstruyendo el paso entre los jirones Huánuco y Junín. Esta situación ha generado una emergencia económica para los comerciantes locales, quienes denuncian una caída drástica en sus ventas debido a la nula transitabilidad y al desorden en las zonas intervenidas.
La gestión administrativa de la obra también presenta fallas críticas que podrían incrementar el costo final para el erario público. Existe una parálisis en la absolución de consultas técnicas por parte de la entidad regional, como el uso de fibra de polipropileno en el concreto, lo que permite al contratista solicitar ampliaciones de plazo y mayores gastos generales. El cronograma original ya ha sido modificado, tras dos ampliaciones de plazo aprobadas por el Gobierno Regional de Piura, con lo cual el nuevo plazo de ejecución contractual se fijó en 23 de mayo de 2026.
Sin respaldo de ANIN
Por su parte, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ha optado por deslindar responsabilidades sobre el proyecto del centro de Piura. Mario Espinoza, representante de ANIN, fue enfático al señalar que el organismo solo se encarga del drenaje en áreas externas, dejando la responsabilidad total de la obra del centro al Gobierno Regional de Piura. Esta falta de articulación entre instituciones ha sido criticada por el Colegio de Arquitectos, que aboga por un plan integral que conecte todos los sectores de la ciudad.
Otro punto de fricción social es la proyectada demolición de la Plaza Tres Culturas para instalar un estanque de tormentas. Vecinos y colectivos de la sociedad civil se oponen tenazmente a estos trabajos, argumentando la necesidad de proteger el patrimonio cultural y ecológico de la zona. La falta de consenso y la desconfianza hacia una empresa con antecedentes de inhabilitación y problemas en obras en Ica y Áncash han caldeado los ánimos de la población piurana.
La supervisión del proyecto tampoco escapa al escrutinio. El Consorcio Supervisor Las Avenidas, encargado de velar por el cumplimiento de la obra, cuenta entre sus filas con profesionales que registran penalidades previas por trabajos en otras regiones.
El impacto económico no solo afecta a los grandes comercios, sino que ha forzado a negocios locales a operar a media marcha o incluso a cerrar temporalmente ante la exposición de cables y tuberías sin protección. La ausencia de certificados de seguridad y la inseguridad ciudadana fomentada por el estado de la obra han transformado el motor comercial de Piura en una zona de riesgo constante para vecinos y clientes.
A medida que el plazo se agota, la incertidumbre crece. La presidenta de la Asociación Civil Vigilia Ciudadana, Mela Salazar, ha cuestionado duramente qué le espera a la ciudad con una obra de alta complejidad en manos de una empresa sin la trayectoria necesaria. La preocupación radica en que, si la obra no culmina adecuadamente, las edificaciones aledañas y el futuro urbano de Piura quedarían en una situación de vulnerabilidad extrema.
La inversión de 68 millones de soles para el drenaje y más de 44 millones para pistas y veredas corre el riesgo de convertirse en un nuevo monumento a la ineficiencia regional. Ya existen precedentes negativos, como la avenida Sullana, donde se invirtieron 45 millones de soles en una pista que colapsó ante lluvias moderadas por falta de un drenaje adecuado. Este historial de expedientes deficientes alimenta el temor de que el actual proyecto repita los mismos errores.
Hoy la obra del drenaje de Piura es hoy un ejemplo crítico de cómo una planificación técnica deficiente y una cuestionable selección de contratistas impactan directamente en la vida ciudadana. Con un avance estancado en menos del 3%, una empresa sin experiencia específica en drenaje y una ciudad que vive bajo la amenaza climática, el proyecto gestionado por JUBERS SAC representa una carrera contra el tiempo que el Gobierno Regional parece estar perdiendo.
Foto de portada: Un ciudadano se muda del centro de Piura, debido a caos por las obras. Crédito: Norte Sostenible.
