Actualizado el 12 de enero del 2024
Hernán Ruiz Arias, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, vive frente al parque Néstor Martos de la Urbanización Santa Ana, una zona que se ha levantado en contra del alcalde de Piura. ¿El motivo? El burgomaestre Gabriel Madrid pretende demoler dicho parque histórico y refugio de algarrobos para levantar, emulando a Lima la gris, un Parque de las Aguas de cemento y fierro.
Pero lo más grave, a juicio de Ruiz Arias y cientos de vecinos que protestan desde hace varias semanas, es que el proyecto nunca fue socializado con ellos. “Tenemos derecho a la consulta. Nunca hubo una reunión como esta [del 08 de enero, ya cuando se había licitado la obra]. Nos vienen a imponer algo que ya está finiquitado. La socialización ha sido violada”, dijo el expresidente de la Corte de Piura, a través de un megáfono y delante de cientos de ciudadanos que lo respaldaban con carteles y arengas.
“Los árboles nos brindan oxígeno, aire limpio y equilibran las altas temperaturas en Piura”, dijo la ambientalista Flor Campos.
El conflicto ha escalado tanto que los vecinos de la urbanización Santa Ana y zonas aledañas exigen al alcalde de Piura que construya el Parque de las Aguas en otro lugar. “Esto se ha hecho entre gallos y media noche y no puede ocurrir en una región como la nuestra. No nos puede tratar así el alcalde. No somos incapaces, no somos una aldea. Ese Parque de las Aguas que lo pongan en otro lugar, acá no. Donde vive Madrid, pero acá no”, dijo enfático Ruiz Arias.
Atentado ambiental en una zona sensible
El expediente técnico, al que accedió Norte Sostenible, señala que el Parque de las Aguas de Piura costará S/ 14 millones 611 mil 094 y se ejecutará en seis meses. Contará con 12 piletas, un anfiteatro de 200 m2, un patio de comidas, servicios higiénicos, losa deportiva, un cerco perimétrico, etc.
También tendrá áreas verdes con gras y plantas ornamentales, como nim, pino, helecho, bougainvillea y duranta. El expediente técnico detalla que se demolerá toda la infraestructura existente en el actual parque y se retirarán 21 árboles (incluido algarrobos). El costo de esta última operación será de S/ 1,306.
Al respecto, la ambientalista Flor Campos Rivas, de Woman Green Leadership, explicó a Norte Sostenible que la tala de árboles perjudica a la población. “Los árboles nos brindan oxígeno, aire limpio y equilibran las altas temperaturas en Piura”, señaló. Pero lo que más le preocupa es que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto no incluye un inventario completo de la flora y fauna existente en el parque.
Por ese motivo, un grupo de biólogos y ambientalistas realizó esa tarea: hallaron 14 especies de aves, entre ellas tortolita peruana, chilalo, negro fino, luisa y soña. Asimismo, vienen realizando un inventario de flora en el sitio. Hasta el momento han registrado 130 árboles, 53 de los cuales son algarrobos. Una especie que es patrimonio regional de Piura, por su importancia en la mitigación del cambio climático, pero que se encuentra amenazada por las plagas y la deforestación. Por lo tanto, su conservación debe ser una política pública.
En esa línea, el biólogo Paul Viñas, de la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (Aider), dijo a este medio que las autoridades deben promover la siembra de árboles nativos y especies del bosque seco, y no su tala. “Lamentablemente, los proyectos que se ejecutan en la ciudad no tienen tanta exigencia a nivel ambiental, porque las normas son muy débiles. No tenemos normas que exijan cierta cobertura vegetal en los parques, por ejemplo, o qué especies colocar”, comentó.
El Parque de las Aguas solo proyecta tener un 20% de áreas verdes en todo el terreno donde se desarrollará. Los vecinos no dejarán que se ejecute.
Pero en el contexto del cambio climático, los proyectos en las ciudades deben tener un enfoque de sostenibilidad, dijo la líder ambientalista Campos Rivas. Sin embargo, del total del área del parque (14,595 m2), solo se destinarán 2,946 m2 para áreas verdes en el proyecto Parque de las Aguas de Piura. Es decir, apenas el 20% del terreno total. “Hay mucha incongruencia en este proyecto y en lo que dice el alcalde y sus funcionarios y lo que señala el expediente técnico”, observó.
Sobre estos cuestionamientos y preocupaciones ambientales, el alcalde Gabriel Madrid dijo a Epicentro TV que no se talará ningún algarrobo. “Solo se retirarán cuatro algarrobos muertos”, precisó. No obstante, el expediente técnico contempla el retiro de 21 árboles y de toda la infraestructura existente en el actual parque Néstor Martos.
Una contratista y supervisor cuestionados
No solo el tema ambiental preocupa a los vecinos, sino también el relacionado con la ejecutora y supervisora de la obra. En ese sentido, Norte Sostenible alertó sobre los peligrosos antecedentes de una de las empresas del consorcio ejecutor Santa Ana: Construcciones y Servicios Generales Fuerte Roble EIRL, cuyo titular gerente es Wilson Calva Villegas. La empresa, que se adjudicó la obra en noviembre del año pasado, tiene una larga data de contrataciones con el Estado, pero fue sancionada en 2019 por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
Mediante la resolución 1015-2019-TCE-S2, el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a dicha empresa con la inhabilitación temporal por 40 meses para contratar con el Estado. El motivo fue haber presentado en consorcio documentos falsos en su propuesta técnica, durante la licitación de una obra en el centro de salud de Pueblo Nuevo de Colán, en Paita. En segunda instancia, su recurso de reconsideración fue desestimado; y, por tanto, se le aplicó la sanción.
Además, entre 2015 y 2018 (cuando Gabriel Madrid se desempeñó como alcalde del distrito de Tambogrande), Fuerte Roble ganó 10 obras y una orden de servicio por la suma total de 33 millones 437 mil soles. Entre los proyectos que ejecutó figuran varias obras de agua y desagüe en diferentes centros poblados del distrito, como consta en los contratos que revisamos.
Asimismo, en dos oportunidades el Estado le resolvió el contrato a Fuerte Roble. La primera vez fue en 2018, cuando en consorcio la empresa se adjudicó el proyecto de mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado en Ayabaca, por más de S/ 40 millones. Sin embargo, no cumplió los plazos estipulados y por ese motivo se le resolvió el contrato.
La segunda vez ocurrió hace dos años, en 2022. Fuerte Roble ganó, de nuevo en consorcio, la obra para rehabilitar el servicio de agua para el riego canal Tablazo, sector Partidor, en el distrito de Tambogrande, por más de S/ 51 millones. Sin embargo, mediante la carta notarial 049-2022-MIDAGRI, el Proyecto Subsectorial de Irrigaciones (PSI) resolvió el citado contrato, al advertir que la carta fianza de fiel cumplimiento presentada por el contratista no fue emitida por SECREX Compañía de seguros de Crédito y Garantías S.A.
Dicha obra se lanzó en el marco del programa de la reconstrucción con cambios; y en la actualidad continúa en ejecución, a cargo de otro consorcio. Mientras tanto, las sospechas sobre Fuerte Roble se incrementan, porque en 2017 vecinos del distrito de Ignacio Escudero, en Sullana, presentaron una solicitud de vacancia contra el alcalde Reynaldo Seminario Quevedo aduciendo que había favorecido a una empresa en múltiples obras. ¿Cuál era? Fuerte Roble, la misma que pretende ejecutar el Parque de Las Aguas en Piura.
Del mismo modo, uno de los supervisores de la obra que impulsa el alcalde Gabriel Madrid también presenta graves antecedentes. El 22 de noviembre del año pasado la comuna de Piura le adjudicó la supervisión al consorcio Santa Ana, conformado por los profesionales Roger Ipanaqué Sernaqué y Joy Villarán Zagazeta. El costo de la supervisión es de S/ 548 mil 350.
En febrero del 2021 el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE le aplicó a Ipanaqué Sernaqué una penalidad de S/ 6,310, por no presentar su informe mensual en el plazo requerido de una obra en un colegio de Huarmaca, en la sierra de Piura. Aquella vez era, junto a otra persona, el supervisor de la obra.
Ese año año también estuvo inmerso en la destitución del jefe de Infraestructura del municipio de Piura, Lenin Talledo Peña. ¿La razón? El entonces alcalde Juan José Díaz Dios se enteró que Talledo Peña, quien también era integrante del comité de selección de las obras, había favorecido con consultorías a su socio empresarial: Roger Ipanaqué.
De igual manera, en marzo del año pasado la Municipalidad Distrital de Morropón resolvió el contrato con Ipanaqué Sernaqué, quien era supervisor en la obra de mejoramiento del colegio Antonio Raymondi de ese distrito, porque no se le encontró en su puesto cuando se le requería.
Posibles salidas a la crisis
Ante el empeño del alcalde de Piura por ejecutar la obra, Hernán Ruiz expone las contradicciones de la principal autoridad de la ciudad. “Piura está bombardeada [pistas rotas y llenas de charcos de agua], ¿cómo están los parques? Sin agua, allí está la pileta de la Plaza Tres Culturas, la del Parque Infantil sin agua. Piura padece de falta de agua”, señaló el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Piura.
En ese sentido, el biólogo y magíster en Ingeniería Ambiental Walter Zelada señala que es urgente incrementar las áreas verdes en la ciudad. Ello con el fin de que ayuden a mitigar el cambio climático y regulen las altas temperaturas. Zelada elaboró su tesis de posgrado sobre el contenido de carbono en la biomasa arbórea del área urbana del distrito de Piura.
Sus principales hallazgos fueron que del total del área del distrito de Piura, solo el 1% son parques. Además, que Néstor Martos es el segundo parque más grande de la ciudad, después del Parque Infantil. “La extensión de los parques públicos de Piura es de 15.81 has y almacenan 1,130 toneladas de carbono”, indicó. En otras palabras: los parques de la ciudad ayudan a frenar el cambio climático.
Además, dijo el especialista, cuanto más viejos y grandes son los árboles [como el algarrobo, por ejemplo] capturan más cantidad de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero. “Los árboles pequeños no tienen la misma biomasa que los viejos y grandes. Sembrar nuevos árboles no reemplaza a los algarrobos más antiguos en términos de captura de carbono”, explicó.
En esa línea, la ambientalista Flor Campos consideró necesario rediseñar el proyecto, y esta vez consultarlo con la población afectada. “No nos oponemos a la modernidad, pero los proyectos deben ser sostenibles. Pues ahora, con el calor en la región, falta vegetación”, enfatizó. De similar criterio es la docente universitaria Mela Salazar, integrante del colectivo Vigilia Ciudadana, quien señaló que el Parque de las Aguas no tiene valor público. ¿Por qué tanto empecinamiento con esta obra? se pregunta ella y miles de piuranos.
