A fines de enero de este año, Norte Sostenible publicó la segunda parte del controvertido proyecto Parque de las Aguas en Piura, que pretende ejecutar —a pesar de la oposición de la población— el alcalde provincial Gabriel Madrid Orué. Entonces advertimos que el proyecto, que finalmente se adjudicó, costaba cuatro veces más que la idea original registrada en el portal de inversiones del Estado, con la que se obtuvo la viabilidad. Ahora, en esta tercera entrega, exponemos una serie de inconsistencias, irregularidades e infracciones cometidas durante el proceso de registro en el portal de inversiones y la adjudicación de la obra.
Según el portal de inversiones del Estado peruano Invierte.pe, el proyecto original fue registrado con código único de inversión 2500845 en septiembre del 2020. A inicios de ese año, la comuna de Piura, entonces presidida por Juan José Díaz Dios, firmó el contrato de servicios por terceros N° 002-2020 con el arquitecto Ruddy Javier Flores Flores, para la elaboración del documento técnico “Mejoramiento del Servicio de Recreación Activa y Pasiva en el Parque Néstor Martos de la Urbanización Santa Ana, distrito de Piura”. Con ese nombre fue registrado en el portal estatal.
Un mes después se consiguió la viabilidad del proyecto, que consideraba un espacio de recreación activa y pasiva, mobiliario urbano recreativo, áreas verdes, el expediente técnico, la supervisión y liquidación de obra. Entre los trabajos a ejecutar figuraban: la demolición de infraestructura dañada, sardineles y veredas; así como juegos infantiles, un gimnasio al aire libre, ciclovías, un área de reposo para el adulto mayor, una zona de juego de ajedrez, mantenimiento de la infraestructura actual, equipamiento y áreas verdes en zonas de ingreso. El costo de ese proyecto era de S/ 2.9 millones.
Sin embargo, tres años después, en octubre del 2023, la gestión del alcalde Gabriel Madrid Orué cambió el nombre del proyecto, así como las metas físicas y el presupuesto. Pero conservó el mismo código único de inversión. Es decir, se continuó con el mismo proyecto (que ya contaba con viabilidad), aunque en la teoría y práctica se trataba de un proyecto totalmente diferente. En otras palabras: se hizo una modificación indebida del proyecto original, con un costo que se incrementó en 395%.
“Se ha obviado fraudulentamente el trámite, los requisitos o exigencias que la norma establece para la adecuada ejecución de un proyecto de inversión pública”, señaló Cueva.
Así lo considera el ingeniero Carlos Cueva Palacios, especialista en gestión pública y directivo del colectivo Vigilia Ciudadana. Para él, se hizo un indebido registro del expediente técnico. “Tres años después, la municipalidad [Gestión de Gabriel Madrid] utilizó indebidamente la viabilidad del proyecto para cambiarlo por otro, registrando un expediente técnico que nada tenía que ver con el proyecto original. Ese uso indebido se hizo para pasar a la fase de ejecución obviando deliberadamente lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1252, Ley que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF”, señaló el especialista.
Pero una de las irregularidades más graves, según Cueva, es que dicho proyecto no figura en el Programa Multianual de Inversiones (PMI). “En la intención de incluirlo sí o sí, no repararon que dicho proyecto no se encontraba en la cartera de inversiones, pues no cubre ninguna brecha priorizada por la municipalidad para el periodo 2023 – 2025. Por lo tanto, no figuraba en el presupuesto del año 2023, pero gracias a una modificación presupuestaria, en septiembre y octubre del 2023, la municipalidad logró que le certificaran los S/ 14 millones”, comentó el especialista.
Un proyecto diferente al original
Al cambiar el proyecto original se crearon nuevos impactos, a juicio del ingeniero Cueva. Por ejemplo, “propone crear un circuito de aguas y de un anfiteatro, que son medios de atracción de personas en masa o multitudes. Tanto el mercado de bienes y servicios como el circuito de aguas y el anfiteatro, implica ejecutar obras civiles de mayor envergadura que cambiarán definitivamente la concepción original del Parque Néstor Martos y que actualmente subsiste”, indicó.
Además, habrá mucho más movimiento de personas en un espacio que está circundado por viviendas y vías de menos de diez metros de ancho. “Es decir, no existen espacios abiertos que permitan la debida fluidez en horas punta de asistencia de público, lo cual se convierte en factor de riesgo de seguridad física de personas”, agregó el experto en obras públicas.
Sin embargo, lo que más le preocupa a Cueva es que cuando se hicieron los cambios en las metas físicas y financieras del Parque de las Aguas, la gestión de Madrid no registró el informe técnico que sustente dichas variaciones. “En resumen, se ha obviado fraudulentamente el trámite, los requisitos o exigencias que la norma establece para la adecuada ejecución de un proyecto de inversión pública”, señaló el directivo de Vigilia Ciudadana.
“Aquí debe haber una sanción. Defensoría del Pueblo debe velar por los derechos de todos; y la Fiscalía porque se está actuando contra la norma”, dijo Huaco.
Por su parte, Juana Huaco, catedrática de la Universidad de Piura (UDEP) y especialista en gestión pública, enfatizó que es urgente que Fiscalía, Contraloría y la Defensoría del Pueblo intervengan en este proyecto. “Estamos hablando de malversación de fondos. Lo que debió hacer [el alcalde de Piura] fue dejar de lado el proyecto original [gestión de Díaz Dios] e iniciar otro desde cero, con nuevas metas y nuevo presupuesto a ver si se aprobaba”, subrayó.
La experta de la UDEP añadió que “técnicamente [lo que hizo Gabriel Madrid] no es viable”. “Aquí debería entrar Contraloría y observar este proyecto. Ha surgido de algo totalmente errado. Aquí debe haber una sanción. También debe vigilar Defensoría del Pueblo, para que vele por los derechos de todos; y la Fiscalía porque se está actuando contra la norma, el Ministerio Público debe acusar”, comentó.
Sin certificación ambiental
En el Perú, todo proyecto de inversión que causará un impacto debe contar con una certificación ambiental, que es un documento que “equivale a la hoja de ruta del proyecto, donde están contenidos los requisitos y obligaciones del titular, así como las actividades que deberá llevar a cabo para remediar los impactos negativos”, según el Ministerio del Ambiente (Minam).
La certificación ambiental debe ser gestionada ante los órganos competentes, que puede ser la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Minam, etc. “No podrá iniciarse la ejecución de los proyectos ni las actividades de servicios y comercio y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si previamente no cuentan con la certificación ambiental”, indica el documento técnico del Minam.
Al respecto, una fuente de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente (FEMA) de Piura, que investiga el caso del Parque de las Aguas, dijo a Norte Sostenible que el proyecto impulsado por la gestión de Gabriel Madrid solo cuenta con un escueto e incompleto Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pero no tiene certificación ambiental de los entes competentes. “En ese sentido, el proyecto no puede iniciarse. Si lo hace, debe ser paralizado”, adelantó.
Estudio de Impacto Ambiental del Parque de las Aguas by sosteniblenorte on Scribd
Sobre la fecha de inicio de la obra, según Invierte.pe, debía comenzar el 8 de enero. Sin embargo, debido a la oposición de la población, se presentó una acta para diferir el inicio de los trabajos. El plazo de ejecución, según el contrato firmado, es de seis meses.
No obstante, hasta ahora lo único seguro es que la población aledaña al Parque Néstor Martos no permitirá que se inicie la obra, mientras que la municipalidad de Piura insiste en ejecutarla como sea. Por ese motivo ha desarrollado una agresiva campaña de difusión, que incluye el uso de influencers, enfocada en las supuestas bondades del proyecto.
Al respecto, el Colegio de Arquitectos de Piura ya sentó su postura sobre el tema. Ha señalado que es un despropósito y una pérdida de recursos económicos. Así también lo ha ratificado el decano de esta institución, Leopoldo Villacorta. “No han existido, probablemente, los estudios preliminares fundamentales, por ejemplo, la licencia social. [El proyecto] Nació de una mala manera, indebidamente quizás. Pretender crear un parque cercado, con costos de ingreso, con todo el impacto urbano que va a crear, atenta contra la tranquilidad de los vecinos”, indicó. Y su opinión es respaldada por los principales afectados.
Desde el lunes 19 de febrero, este medio contactó a personal del área de Imagen de la Municipalidad de Piura, para gestionar una entrevista con algún vocero autorizado. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo no obtuvimos ninguna respuesta.
Foto de portada: Ralph Zapata/ Norte Sostenible.
