A pesar del rechazo de los vecinos de las urbanizaciones aledañas al parque Néstor Martos, en Piura, ayer —luego de una tensa mañana, cuando los vecinos evitaron que los obreros tomaran el espacio público— el consorcio Santa Ana inició los trabajos para la construcción del controvertido y cuestionado proyecto Parque de las Aguas en esta calurosa ciudad norteña. Con mallas verdes cercaron el parque y hoy los residentes reportaron las primeras graves consecuencias de una obra no consensuada con la población: árboles talados y ardillas muertas.
El inicio de la obra fue bastante accidentado. La madrugada del último lunes los vecinos —que se organizaron para vigilar el parque— reportaron la llegada de camiones de la empresa Fuerte Roble EIRL, una de las dos empresas a cargo de los trabajos, con palas, picos y carretillas. También llegaron miembros de construcción civil, un grupo considerado violento por la policía, así como personas foráneas.
Al día siguiente, maquinaria pesada comenzó con la demolición de veredas y el resto de infraestructura del parque, un lugar que a juicio de los vecinos no necesitaba ser demolido, sino solo mejorado. Aquí es importante enfatizar que el proyecto original en el parque Néstor Martos, ideado durante la gestión del exalcalde Juan José Díaz Dios, no consideraba un parque de las aguas, sino solo el mejoramiento de la infraestructura del espacio público. Como es de suponer, costaba 4 veces menos: casi S/ 3 millones.
Ambos recursos legales fueron ingresados al despacho judicial el pasado 12 de febrero, es decir, hace 21 días. No obstante, aún el juzgado no se pronuncia para saber si admite o no la medida cautelar.
Todo cambió, de manera repentina, en la gestión del alcalde Gabriel Madrid (2023-2026), en cuya anterior gestión en el distrito de Tambogrande Fuerte Roble EIRL facturó S/ 33 millones por obras contratadas con dicho municipio distrital. El nuevo costo del proyecto es de S/ 14 millones.
Esa y otras inconsistencias han servido de sustento a los vecinos del Parque Néstor Martos, para interponer ante el Cuarto Juzgado Civil de Piura, a cargo de Evelyn Cruz Cruz, una demanda de amparo y una medida cautelar. Ambos recursos legales fueron ingresados al despacho judicial el pasado 12 de febrero, es decir, hace 21 días. No obstante, aún el juzgado no se pronuncia para saber si admite o no la medida cautelar.
Una obra innecesaria en una ciudad cálida y sin agua
La demanda de amparo, interpuesta por el vecino Celso Quevedo Vera, señala que la comunidad solicitó una reunión de urgencia con la municipalidad de Piura, a fin de “hacer ver la inviabilidad del proyecto por razones técnicas, sociales y ambientales”. Sin embargo, la entidad les denegó dicha petición.
El documento agrega que el consorcio Santa Ana, conformado por las empresas Construcciones y Servicios Generales Fuerte Roble E.I.R.L. y Aro Constructora y Mineros E.I.R.L., “ocasionaría actos graves de alteración al ambiente y al paisaje urbano, así como depredación ambiental en las especies de flora y fauna del parque y otras formaciones biótica, que incluyen inclusive tala indiscriminada de por lo menos 40 algarrobos y otras especies”.
La demanda de amparo añade que “esta situación [la obra] generaría la degradación y destrucción de los hábitats naturales de la flora y fauna locales, nuevamente, en perjuicio de la comunidad aledaña al parque, así como mitigación de zonas de recreación social”.
Asimismo, se indica que el expediente técnico no cumple con lo dispuesto por la normativa vigente, toda vez que el artículo 32.2 de la Directiva del Invierte.pe indica que la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) debe obtener la clasificación y certificación ambiental, así como las certificaciones sectoriales que correspondan, de acuerdo con la normativa de la materia.
En este punto es esencial señalar que a fines de diciembre el alcalde Gabriel Madrid fue hasta el parque Néstor Martos para colocar la primera piedra e iniciar los trabajos. Sin embargo, la población se lo impidió. Entonces, no contaban con opinión favorable ni certificación ambiental, que es el documento que se necesita para toda obra de inversión pública.
En el caso de la medida cautelar, esta incide además de los posibles impactos ambientales en la falta de socialización de un proyecto millonario que afectará la vida cotidiana de miles de residentes. “De no acceder a una medida cautelar, podría ocasionarse daño irreparable, que afecte el ambiente y vida recreacional de las personas en general, dada la característica de la actual del proyecto; siendo que mientras más tiempo siga el pedido sin ser atendido mayor se proyecta el perjuicio para el demandante y toda la población en general de Piura”, advierte el documento.
Certificación a destiempo
En el Perú, todo proyecto de inversión que causará un impacto debe contar con una certificación ambiental, que es un documento que “equivale a la hoja de ruta del proyecto, donde están contenidos los requisitos y obligaciones del titular, así como las actividades que deberá llevar a cabo para remediar los impactos negativos”, según el Ministerio del Ambiente (Minam).
La certificación ambiental debe ser gestionada ante los órganos competentes, que puede ser la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Minam, etc. “No podrá iniciarse la ejecución de los proyectos ni las actividades de servicios y comercio y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si previamente no cuentan con la certificación ambiental”, indica el documento técnico del Minam.
Sin embargo, la obra del Parque de las Aguas, adjudicada en diciembre del año pasado, planeaba comenzar los trabajos sin contar con dicho documento. Pues, a fines del 2023 el alcalde Gabriel Madrid fue hasta el parque Néstor Martos para colocar la primera piedra. No obstante, los vecinos se lo impidieron.
El documento del Minam indica que, de acuerdo al replanteo del expediente técnico del proyecto, se planea talar seis algarrobos y cuatro neem. Asimismo, se reubicarán dos neem, e igual número de molles y palmeras. También se talará 1 pino.
Debido a las observaciones planteadas por los vecinos, que incluían la falta de certificación ambiental, recién el 26 de enero de este año la Municipalidad Provincial de Piura solicitó a la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPIGA) del Ministerio del Ambiente (Minam) la identificación de la autoridad competente y/o determinación de la exigibilidad de la Certificación Ambiental del proyecto.
En respuesta, el 23 de febrero el Minam le indicó a la comuna provincial que dicho proyecto “no se encuentra sujeto al SEIA [Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental], por lo que el titular del proyecto no requiere gestionar la Certificación Ambiental”. El documento del Minam indica que, de acuerdo al replanteo del expediente técnico del proyecto, se planea talar seis algarrobos y cuatro neem. Asimismo, se reubicarán dos neem, e igual número de molles y palmeras. También se talará 1 pino.
Al respecto, el gerente de Desarrollo Territorial y Gestión de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Piura, Gerardo Alvarado Machado, señaló que el Minam emitió una opinión favorable sobre el proyecto, y por ese motivo los trabajos comenzaron ayer.
“¿De qué sirve que se pronuncie cuando ya se tumbaron los árboles o el hábitat de las especies protegidas? El espíritu de la demanda de amparo es, precisamente, proteger que eso no suceda”, comentó César Ipenza.
Sobre el controvertido proyecto, el experto en Derecho Ambiental, César Ipenza, dijo a Norte Sostenible que las autoridades están obligadas a crear áreas verdes. “ Y áreas verdes no es más cemento. Los municipios deben tener más mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático. Es decir, sembrar más especies que capturen Co2, como los árboles. Definitivamente está es una visión antigua de la gestión ambiental y del rol que deben tener los alcaldes en materia climática”, indicó.
El abogado y especialista en materia ambiental agregó que el Poder Judicial debería pronunciarse cuanto antes respecto a la demanda de amparo y medida cautelar interpuesta por los vecinos. “¿De qué sirve que se pronuncie cuando ya se tumbaron los árboles o el hábitat de las especies protegidas? El espíritu de la demanda de amparo es, precisamente, proteger que eso no suceda”, comentó.
Alcalde denunciado
Debido a las múltiples inconsistencias y reclamos de los vecinos, la asociación civil Vigilia Ciudadana denunció la semana pasada al alcalde de Piura, Gabriel Madrid, y a otros funcionarios de la comuna provincial, por los presuntos delitos de falsedad genérica, abuso de autoridad, colusión, entre otros.
Entre los argumentos de la denuncia penal sobresalen el hecho de que el proyecto original costaba cuatro veces menos y no consideraba tala de árboles. Asimismo, señala que es una obra innecesaria, en una ciudad donde urge que se arreglen las pistas, se construya el drenaje pluvial para evitar inundarnos, o se combata la creciente inseguridad ciudadana.
También recoge las inconsistencias e infracciones a las normas de inversión pública, pues el proyecto que adjudicó la Municipalidad de Piura al consorcio Santa Ana utilizó el mismo código único de inversión con el que obtuvo la viabilidad en la gestión del exalcalde Juan José Díaz Dios. Una acción que, a juicio de expertos consultados por este medio, solo sirvió para aprovecharse y en el camino incrementar en 400% el costo del proyecto que, finalmente, fue adjudicado a un consorcio y supervisión cuestionados.
Antes, el Municipio de Piura también había denunciado a los líderes opositores al proyecto. ¿La razón? Ejercer su derecho constitucional a la protesta. Sin embargo, los dirigentes señalaron que continuarán en defensa de un espacio público que conserva una muestra representativa del bosque seco norteño.
Foto de portada: Ralph Zapata/ Norte Sostenible
