Piura enfrenta el riesgo de una nueva temporada de lluvias asociada al fenómeno El Niño con una importante cantidad de obras de prevención sin concluir. Según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), el 72% de los proyectos vinculados a la gestión de riesgos, drenaje y defensas ribereñas se encuentran paralizados o abandonados en la región. La situación compromete las acciones destinadas a reducir la vulnerabilidad de la población frente a posibles inundaciones.
La economista Maylith Coronel, especialista del IPE, explicó que esta cifra corresponde a una revisión de 152 proyectos de prevención identificados en Piura, con información actualizada a septiembre de 2026. El problema forma parte de un escenario más amplio: el 69% del total de proyectos de inversión a cargo de los gobiernos regionales y locales también se encuentra en condición de paralizado o abandonado.
La cifra general representa un incremento respecto de diciembre de 2025, cuando el porcentaje alcanzaba el 65,5%. Para Coronel, esta situación evidencia dificultades que no necesariamente responden a la falta de presupuesto, sino también a problemas de planificación y gestión de las inversiones públicas.
“Esto nos da señales de que la mayoría de estos proyectos son pequeños. Entonces, nos dice que no necesariamente es solamente un problema de dinero o de recursos, sino también de planificación. Hay muchas obras pequeñas que no se terminan de culminar y por eso existe una cantidad tan grande de proyectos paralizados o abandonados”, señaló.
El análisis del IPE también identificó distritos donde la situación resulta especialmente preocupante. Talara concentraba 38 de las 110 obras de prevención paralizadas o abandonadas identificadas en el análisis territorial. En La Brea, las 16 intervenciones de prevención registradas se encontraban en esa misma condición.
Uno de los casos mencionados por la especialista es el proyecto de protección de quebradas en San Vicente, cuya inversión supera los S/13 millones, pero registra un avance inferior al 1%. Además, acumulaba casi tres años sin ejecución de gasto.
Coronel advirtió que existen proyectos que llevan varios años sin avanzar y que requieren una evaluación para determinar si deben continuar, reformularse o salir de la cartera de inversiones, en caso de que ya no respondan a las necesidades de la población.
Entre las principales causas de paralización figuran los expedientes técnicos deficientes, el incremento de los costos durante la ejecución, los problemas con contratistas, los arbitrajes y las dificultades relacionadas con los terrenos. También se identifican limitaciones en la capacidad técnica de algunas municipalidades y la rotación de autoridades.
El 73% de la población en riesgo muy alto de inundación
La preocupación aumenta ante las advertencias sobre la posible ocurrencia de un fenómeno El Niño extraordinario. De acuerdo con las estimaciones mencionadas por la especialista, el 73% de la población de Piura se encuentra en riesgo muy alto de inundación, porcentaje que solo es superado por Tumbes, donde alcanza el 80%.
Coronel señaló que el peligro no se limita a las viviendas, sino que también comprende infraestructura pública esencial, como colegios y establecimientos de salud, que podrían verse afectados por las lluvias e inundaciones.
“Es muy crítico y, por lo mismo, se debería tratar de reducir el riesgo y la exposición de la población frente a este fenómeno. Sin embargo, cerca del 72% de los proyectos de prevención, relacionados con gestión de riesgos, drenaje y defensas ribereñas, se encontraban abandonados o paralizados”, alertó.
En ese contexto, la especialista consideró necesario que las autoridades revisen la cartera de inversiones y prioricen las intervenciones que permitan reducir los riesgos en los puntos críticos de la región, especialmente aquellas relacionadas con la infraestructura de protección y los servicios básicos.
Frente a este escenario, Coronel indicó que el principal desafío es garantizar que los recursos destinados a infraestructura se conviertan en intervenciones concretas y oportunas. Mencionó que el Gobierno ha planteado una respuesta fiscal de S/18,000 millones adicionales para infraestructura, pero advirtió que su impacto dependerá de la capacidad de ejecución.
Entre las prioridades mencionó el mantenimiento de carreteras, colegios, sistemas de agua potable, infraestructura de prevención y atención de los puntos críticos identificados en las regiones.“Si los recursos terminan llegando después de que ha pasado la emergencia, en realidad el daño podría ser incluso mayor y el trabajo también tendría que ser mayor para poder cubrir estos daños”, concluyó.
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