La violencia criminal ha escalado en Piura a niveles inéditos. Entre enero y abril de este año, la región registró 48 homicidios, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Con las tres muertes violentas reportadas en los primeros días de mayo, el número asciende a 51 asesinatos en menos de cinco meses.
Las estadísticas no solo reflejan un incremento sostenido, sino un quiebre respecto a los últimos seis años. En el mismo periodo, Piura reportó 48 homicidios en 2025, 32 en 2024, 18 en 2023, 35 en 2022 y 21 en 2021. El 2026 ya se perfila como el año más violento de la última década para la región.
Sullana concentra la violencia
La provincia de Sullana se ha convertido en el principal foco de la crisis de seguridad. Solo entre enero y abril acumuló 28 homicidios, más de la mitad del total regional. La cifra duplica ampliamente los registros de años anteriores, cuando el promedio oscilaba entre 10 y 11 asesinatos durante el mismo período.
Ante el incremento de la violencia, el Gobierno prorrogó por tercera vez el estado de emergencia en los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos. Sin embargo, para el exministro del Interior Carlos Basombrío Iglesias, la medida resulta insuficiente si no va acompañada de una estrategia sostenida.
“El estado de emergencia es una herramienta que se puede utilizar en algunos momentos, pero de ninguna manera pensar que es la estrategia”, señaló.
Uno de los casos que más conmocionó a la región fue el asesinato de la doctora Minnoska Pinto Lazo, de 38 años, reconocida por ser la única gastroenteróloga en Piura. Su muerte no solo dejó un profundo vacío familiar, sino también una pérdida sensible para el sistema de salud regional.
Dos asesinatos en menos de 24 horas
El jueves 7 de mayo, la violencia volvió a sacudir Sullana. En el asentamiento humano Sánchez Cerro, en el sector Bosconia, Fabio Gonzáles Gutiérrez, de 25 años, fue atacado a balazos mientras se encontraba en un paradero de mototaxistas. Aunque fue trasladado de emergencia a un centro de salud, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.
Menos de 24 horas después, un nuevo crimen volvió a teñir de sangre la provincia. Dayan Jampier Vásquez Saldarriaga, también de 25 años, conducía su mototaxi por la carretera Sullana–Tambogrande cuando fue interceptado por sicarios que se desplazaban en motocicleta. Los atacantes le dispararon a quemarropa antes de huir, dejando el vehículo despistado a un costado de la vía.
En entrevista con Norte Sostenible, Basombrío, especialista del Observatorio del Crimen y la Violencia, sostuvo que el escenario es aún más grave de lo que reflejan las cifras oficiales, debido al retraso en la actualización de datos del SINADEF.
“Con 51 homicidios, deben ser más, deben ser por lo menos 60 los que va a tener dentro de poco”, advirtió.
El investigador afirmó que Piura ya ocupa el segundo lugar del país en incidencia de sicariato, solo por detrás de La Libertad, y alertó que la brecha entre ambas regiones se acorta rápidamente.
Minería ilegal y extorsión
Basombrío atribuye el avance de la violencia a factores estructurales vinculados al crecimiento de economías ilegales. Señaló que Sullana se encuentra rodeada de distritos con presencia de minería ilegal, actividad que suele ir acompañada de organizaciones criminales y mercados ilícitos.
“La minería ilegal irradia violencia hasta su zona cercana”, afirmó.
Ante el anuncio del general Jares Reyme sobre una supuesta reducción del 50% en las extorsiones, el exministro Carlos Basombrío puso en duda la validez de los reportes oficiales y advirtió que una menor cantidad de denuncias no implica necesariamente una caída real del delito. Según señaló, el temor de las víctimas a denunciar y la desconfianza en las autoridades distorsionan las cifras y dificultan conocer la verdadera dimensión del problema.
El exministro también cuestionó la distribución de recursos del Estado para enfrentar la inseguridad. Criticó que el Ejecutivo impulse adquisiciones millonarias de equipamiento militar mientras la Policía enfrenta limitaciones operativas y logísticas.
Asimismo, consideró que varias normas aprobadas por el Congreso han debilitado la lucha contra el crimen organizado. Según dijo, existen alrededor de 13 leyes que terminan favoreciendo a estructuras delictivas o dificultando las investigaciones.
»Por ajuste de cuentas»
La mayoría de homicidios registrados en Piura responde a ataques perpetrados por sicarios, muchas veces vinculados a disputas entre organizaciones criminales o cobro de cupos. Sin embargo, Basombrío remarcó que el argumento de que “se matan entre ellos” minimiza el verdadero impacto de la violencia.
“Eso no es ningún consuelo. Todo esto ocurre en el corazón de las ciudades, donde las balas circulan y termina muriendo gente inocente”, señaló.
Otro de los aspectos que más preocupa a Basombrío es el reclutamiento de menores por organizaciones criminales. Según explicó, muchos adolescentes son captados desde edades tempranas en contextos de abandono y ausencia estatal.
“La mayoría de sicarios son jóvenes, vemos a chicos de 15 años, y eso tiene que ver con que no hay prevención”, sostuvo.
El exministro advirtió que el problema no se resolverá únicamente con patrullaje o presencia militar en las calles.
“Tú puedes tener un tanque cuidando la calle y eso no tiene nada que ver con lo que se produce debajo de la superficie”, afirmó.
Con las elecciones regionales próximas, Basombrío señaló que los gobiernos subnacionales deben asumir un rol más activo en políticas de prevención y recuperación de espacios para jóvenes. Mientras tanto, en las calles de Sullana, la violencia sigue avanzando más rápido que las respuestas del Estado.
Foto de portada: Policía Nacional del Perú – Piura
