Solo 10 de los 16 candidatos al Gobierno Regional de Piura participaron en la firma del Pacto Político Social por la Gobernabilidad de Piura 2027-2030, promovido por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP). El acuerdo busca que las principales demandas de la población sean incorporadas en la planificación y el presupuesto de la próxima gestión regional.
El documento fue suscrito por David Arturo Collazos Maza (Acción Popular), Aníbal Martínez Juárez (Frente Popular Agrícola FIA del Perú), Adler Danilo Calle Castillo (Partido Aprista Peruano), Félix Reimundo Castillo Ramírez (Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú – Comunidad Política Inka Perú), Santiago Enrique Paz López (Partido Democrático Somos Perú), Pedro Enrique Alama Farfán (Perú Primero), Werner Ernesto Wilhelm Herrera (Partido Popular Cristiano), José Antonio Durán Pérez (Renovación Popular), Gerardo José Cabrera Córdova (Salvemos al Perú) y Deciderio Rufino Escobar (Partido Patriótico del Perú).
No participaron Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán (Alianza para el Progreso), Elvis Bonifaz López (País para Todos), Mártires Lizana Santos (Fuerza Popular), Servando García Correa (Movimiento Independiente Fuerza Regional), Roddy Guillermo La Torre Gómez (Podemos Perú) y María Soledad Peña Morales (Visión Perú).
Para Federico Tenorio, coordinador ejecutivo de Grupo Propuesta Ciudadana, la firma representa un primer paso, pero el verdadero desafío será garantizar que los compromisos asumidos puedan ser medidos y fiscalizados cuando se inicie la próxima gestión regional.
“Ahora viene la tarea de que, en cuanto se elija el próximo gobierno regional, este documento genérico que es el pacto político y social se baje a unos indicadores más específicos y esos indicadores puedan tener su correlato financiero, presupuestal, en su programación anual como gobierno regional”, sostuvo Federico Tenorio, coordinador ejecutivo de Grupo Propuesta Ciudadana.
Tenorio consideró además que la ausencia de seis candidatos resta formalidad al proceso, aunque destacó el compromiso expresado por quienes sí acudieron a suscribir el documento. Para el representante de Propuesta Ciudadana, la sociedad civil deberá asumir un rol activo para vigilar que los compromisos no queden únicamente en una declaración.
“Es una pena que no hayan venido seis candidatos. Sin embargo, los presentes han expresado abiertamente su compromiso en asumir este pacto. Tal vez este acto podría haberse hecho un poquito más formal”, manifestó.
El representante planteó que el seguimiento debe realizarse mediante las rendiciones de cuentas periódicas del Gobierno Regional, de modo que las autoridades expliquen cuánto han avanzado en el cumplimiento de las prioridades acordadas.
La tarea pendiente: reducir las brechas
Por su parte, Víctor Palacios Córdoba, coordinador regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, explicó que el objetivo del pacto es evitar que las propuestas queden únicamente en compromisos políticos.
“La importancia de la firma del pacto político social por la gobernabilidad de la región es comprometer a los candidatos al Gobierno Regional a que, independiente de quién resulte electo, pueda luego durante su ejercicio de gobierno incorporar las preocupaciones de la sociedad civil en los instrumentos de gestión pública, plan estratégico de gobierno regional y presupuesto”, explicó.
Palacios señaló que entre las principales brechas que deben continuar siendo atendidas están el acceso al agua y saneamiento, las vías de comunicación, la desnutrición, la conectividad, la salud y los problemas que afectan a mujeres y niños por violencia y trata.
El dirigente remarcó que el seguimiento deberá realizarse mediante indicadores que permitan comprobar objetivamente los avances. Por ello, evitó hablar de un cierre total de las brechas y planteó que el objetivo debe ser su reducción progresiva.
“Por eso contamos con indicadores que permiten verificar objetivamente si hay avance en la reducción de brechas. Yo no hablaría de cerrar brechas, sino reducir brechas”, sostuvo.
La experiencia de anteriores pactos de gobernabilidad muestra que la firma por sí sola no garantiza el cumplimiento de los compromisos. En ese sentido, Tenorio sostuvo que la sociedad civil debe organizarse para ejercer presión y exigir resultados a las autoridades electas.
