Las organizaciones pesqueras y acuícolas de Sechura expresaron su preocupación por el proceso de convocatoria impulsado por Perupetro para adjudicar un contrato de licencia de explotación de hidrocarburos en el Lote Z-69, ubicado frente al litoral de Talara, Paita y Sechura. El Comité de Gestión para la Pesca y Acuicultura de la provincia de Sechura (COGPESCA) advierte sobre los posibles impactos de estas actividades en la bahía, considerada una fuente fundamental de trabajo, alimentación y desarrollo económico para miles de familias.
En dos comunicados difundidos el 14 de octubre de 2026, el comité cuestionó los mecanismos de participación ciudadana vinculados a los proyectos de hidrocarburos en la provincia. Según señaló, en anteriores oportunidades se intentó realizar eventos presenciales, pero estos no llegaron a desarrollarse debido al rechazo de la población. COGPESCA indicó que estos antecedentes constan en actas elaboradas con participación de jueces y de la Defensoría del Pueblo.
La organización sostuvo que la existencia de convocatorias o mecanismos informativos no significa necesariamente que exista aceptación social de las actividades petroleras. Asimismo, recordó que la oposición de sectores de la población sechurana a los proyectos de hidrocarburos tiene antecedentes de aproximadamente 20 años.
COGPESCA señaló que la pesca y la acuicultura son actividades fundamentales para la economía de Sechura. De la bahía dependen pescadores artesanales, maricultores, buzos, armadores, comerciantes, transportistas, trabajadores de plantas y laboratorios, proveedores de bienes y servicios, además de numerosas familias vinculadas directa e indirectamente al mar. Por ello, considera que cualquier actividad que pueda generar contaminación o afectar los recursos hidrobiológicos debe someterse a una evaluación técnica, económica, ambiental y social rigurosa.
Entre sus principales pedidos, el comité solicitó información clara y completa sobre el alcance del Lote Z-69 y las actividades previstas frente al litoral sechurano. También planteó que se evalúen los riesgos para la pesca, la acuicultura, los bancos naturales, la biodiversidad marina y los recursos hidrobiológicos, y que se incorporen las opiniones técnicas del Ministerio de la Producción (PRODUCE), el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), el Gobierno Regional de Piura, universidades y especialistas.
La organización también pidió considerar los antecedentes de oposición social registrados en la provincia y establecer una mesa de diálogo de alto nivel que permita escuchar directamente a la población. Según informó, ya remitió documentos a la Presidencia del Consejo de Ministros, PERUPETRO, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, Petroperu y la Defensoría del Pueblo para expresar su preocupación por los posibles efectos de las actividades de hidrocarburos en la bahía.
COGPESCA informó, además, que presentó una acción de amparo, admitida por el Juzgado Civil de Sechura, y que solicitó la instalación de una mesa de diálogo de alto nivel. Sin embargo, los comunicados no detallan el contenido de las medidas judiciales posteriores ni precisan si las entidades destinatarias han respondido a sus solicitudes.
En su pronunciamiento, el comité invocó la Ordenanza Regional N.° 496-2023/GRP-CR, que declara la bahía de Sechura como área exclusiva para el desarrollo de actividades productivas de pesca y acuicultura, con el objetivo de preservar su ecosistema y biodiversidad. No obstante, la propia organización reconoció que esta norma regional no detiene automáticamente un proceso nacional relacionado con hidrocarburos, debido a las limitaciones de su jerarquía legal.
Por ello, COGPESCA sostiene que la defensa de la bahía requiere acciones legales, evaluaciones técnicas y ambientales, coordinación entre instituciones y participación ciudadana. El comité afirma que su posición no es contraria al desarrollo, sino que busca proteger las actividades económicas tradicionales, el empleo, la alimentación y la biodiversidad marina de Sechura.
La controversia en torno al Lote Z-69 plantea interrogantes sobre los posibles impactos de la explotación petrolera, la evaluación ambiental de las actividades previstas y la participación de las comunidades que dependen de los recursos marinos. Hasta la información contenida en los comunicados, no se incluye una respuesta de Perupetro ni de las demás entidades mencionadas frente a los cuestionamientos de las organizaciones pesqueras y acuícolas.
