La actividad aurífera en la región Piura atraviesa un escenario crítico marcado por la informalidad, la baja declaración de producción y la limitada fiscalización estatal, según advirtió Henry Luna Córdoba, director de Catastro del Ingemmet y exviceministro de Energía y Minas, en entrevista con Norte Sostenible.
“El Perú es un país minero: más del 70% de las divisas por exportaciones provienen de la minería formal”, destacó Luna. Sin embargo, contrastó esta realidad con lo que ocurre en Piura, donde la producción de oro prácticamente no aparece en las estadísticas oficiales.
“En este momento, Piura no llega ni al 1% de producción declarada; está entre 0.1% y 0.2%, pese a que sabemos que se extrae una gran cantidad de oro”, señaló.
El especialista alertó que existe una brecha significativa entre lo que se produce y lo que se reporta. “Lo peor es que no declaran”, afirmó, en referencia a numerosas operaciones de pequeña minería y minería artesanal que operan fuera del sistema formal.
Zonas como Suyo, Las Lomas, Paimas y Sapillica concentran esta actividad, donde coexisten operaciones en proceso de formalización con otras completamente ilegales. Ya en 2007, recordó Luna, se identificaban “más de 20 a 30 plantas” en construcción sin trámites formales, tendencia que, según indicó, persiste.
Impacto ambiental y social
A diferencia de la extracción, el mayor riesgo ambiental se encuentra en el procesamiento del mineral. “El impacto más fuerte está en el uso de químicos como mercurio o cianuro”, explicó. Por ello, insistió en la necesidad de reforzar la supervisión ambiental y tributaria.
“El control debe ser integral: OEFA, Osinergmin y también la SUNAT, que debe verificar el origen del mineral y cuánto se produce”, precisó.
Otro impacto clave es la ausencia de supervisión estatal. La falta de declaración impide conocer “dónde están operando, sobre qué comunidades y bajo qué condiciones”, señaló el especialista.
Esto deja a las poblaciones expuestas a actividades sin estándares de seguridad ni responsabilidad social y ambiental. Además, la informalidad dificulta garantizar acuerdos transparentes entre mineros y comunidades.
Si bien algunas poblaciones participan mediante cobros por extracción, estos mecanismos no siempre aseguran beneficios sostenibles ni equitativos en educación, salud e infraestructura.
Sobre el proceso de formalización minera, Luna fue enfático en cuestionar las constantes ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
“Este proceso empezó en 2012 y no ha sido bien implementado. No debería ampliarse más”, sostuvo.
Añadió que muchos mineros han optado por mantenerse en un limbo legal: “Se han dado cuenta de que cada vez que protestan, se amplían los plazos, pero no se esfuerzan por formalizarse”.
Débil rol del Estado regional
El exviceministro también apuntó a la falta de capacidad institucional en la región. Recordó que desde 2002 los gobiernos regionales tienen competencias en fiscalización, formalización y otorgamiento de permisos.
“Piura necesita más profesionales y mayor presencia en campo para ordenar esta actividad”, remarcó.
Finalmente, advirtió que la falta de control podría derivar en escenarios más complejos. Aunque descartó, por ahora, la presencia de organizaciones criminales, sí alertó sobre “grupos que operan sin orientación ni supervisión”.
Pese a los problemas, Luna subrayó que la minería artesanal puede convertirse en una actividad sostenible si se formaliza. “No estamos en contra de la pequeña minería, la promovemos, pero debe hacerse respetando la ley, el ambiente y las comunidades”, concluyó.
Foto de portada: Gob.pe
