La Contraloría General de la República detectó serias irregularidades en la contratación de una asesora de imagen en la Municipalidad Distrital de Castilla, en la provincia de Piura, durante el periodo 2023–2025.
Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 009-2026-2-2407-AOP, emitido el 15 de abril de 2026, el Órgano de Control Institucional identificó dos hechos que vulneran la normativa de contrataciones del Estado en la contratación de servicios de comunicación, que incluían la elaboración de notas de prensa, actividades protocolares y asistencia comunicacional.
El primer hallazgo advierte que la proveedora Mirla Julissa Carrasco Tiburcio inició labores el 31 de enero de 2023 sin contar con orden de servicio ni certificación presupuestal previa. A ello se suma que, en ese momento, no tenía inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), requisito indispensable para contratar con el Estado. Pese a ello, la comuna intentó subsanar la omisión mediante una resolución administrativa con eficacia anticipada, mecanismo que —según el ente de control— fue utilizado de manera irregular para validar una prestación ya ejecutada.
La situación se agrava debido a que la única constancia de experiencia presentada por la contratada fue suscrita por el propio alcalde, Walther Guerrero Silva, quien además figura como director y socio de la Academia Éxitus, entidad donde la proveedora habría trabajado entre 2017 y 2018. Este vínculo, advierte la Contraloría, evidenciaría una decisión previa de contratación antes de realizar el estudio de mercado correspondiente.
El segundo hecho irregular corresponde a los años 2024 y 2025. Durante este periodo, la municipalidad efectuó pagos que en conjunto superan los S/ 79 mil, sustentados en informes de actividades considerados deficientes. De acuerdo con el informe, estos documentos eran genéricos y replicaban los términos de referencia, sin detallar acciones concretas, productos entregados ni gestiones realizadas, lo que impide verificar el cumplimiento efectivo del servicio.
Ante estos hallazgos, la Contraloría concluye que se vulneraron disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, la normativa presupuestaria y directivas internas de la entidad edil. El informe fue remitido al alcalde, a quien se le otorgó un plazo de 20 días hábiles para adoptar las medidas correctivas correspondientes.
Foto de portada: Municipalidad Distrital de Castilla
