A partir del próximo 15 de mayo, la Municipalidad Provincial de Piura pondrá en marcha un sistema de fiscalización electrónica de tránsito, conocido como fotopapeletas, que permitirá sancionar automáticamente infracciones como el exceso de velocidad y el cruce de semáforos en rojo. La iniciativa, presentada como una herramienta para reducir la siniestralidad vial, ha desatado una controversia que enfrenta a autoridades locales con gremios de transportistas y sectores de la ciudadanía.
El sistema operará mediante 14 cámaras instaladas en zonas de Castilla y Veintiséis de Octubre, consideradas de alta incidencia de accidentes y gran circulación peatonal, entre ellas, vías cercanas a colegios, hospitales y centros comerciales.
De acuerdo con la comuna, los equipos, certificados por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), registrarán en tiempo real las infracciones, generando evidencia audiovisual que será notificada al conductor.
“El ciudadano recibirá la papeleta en su domicilio o en su casilla electrónica, junto con un código QR que le permitirá visualizar el momento exacto de la infracción”, explicó el consultor William Argumedo.
Desde la Gerencia de Transporte y Movilidad Urbana, su titular, Aldo Villegas Valverde, sostuvo que la medida responde a limitaciones operativas. “No contamos con suficiente personal policial para fiscalizar de manera permanente”, indicó. Añadió que el sistema se sustenta en el Decreto Supremo 03-2014-MTC, el cual, según la comuna, habilita el uso de medios tecnológicos para el control del tránsito.
En la misma línea, el asesor Alberto Rojas enfatizó el carácter preventivo de la iniciativa. “No se trata de sancionar, sino de generar un cambio de conducta. En Piura, cruzar la luz roja se ha normalizado y es una falta grave que pone en riesgo vidas”, afirmó.
Cuestionamientos
Pese a ello, la legalidad del sistema continúa siendo el principal foco de controversia. A inicios de este año, un primer intento de implementación fue suspendido ante la ausencia de una ordenanza municipal que respalde formalmente las sanciones automatizadas.
El entonces gerente de Transporte, Gerardo Novillo Gonzales, reconoció en su momento que no existía un marco normativo local que permitiera emitir multas mediante este mecanismo, lo que abrió un debate sobre la validez jurídica de las fotopapeletas y el principio de no retroactividad.
Incluso, la Municipalidad de Castilla emitió un pronunciamiento público en el que rechazó la medida, al considerar que estas acciones se estarían realizando sin coordinación ni sustento normativo.
Desde los gremios de conductores, las críticas han sido contundentes. Miguel Chunga, presidente de la Defensoría de Transportistas de Piura, cuestionó la interpretación municipal del decreto supremo citado. “Esa norma no menciona las fotopapeletas. Si revisan el texto, verán que no existe esa figura”, señaló para Norte Sostenible.
El dirigente también apeló al Reglamento Nacional de Tránsito, cuyo artículo 7 establece que la imposición de infracciones corresponde exclusivamente al efectivo policial asignado al control vial. “Las municipalidades no pueden crear mecanismos paralelos ni modificar el cuadro de infracciones vigente”, advirtió.
Chunga adelantó que, de aprobarse una ordenanza que respalde el sistema, se iniciarán acciones legales. “Existen precedentes del Tribunal Constitucional que limitan estas competencias. Vamos a recurrir a las instancias correspondientes”, afirmó.
Una ciudad desordenada
Las sanciones previstas no son menores. Cruzar una luz roja implica una multa de S/ 660, mientras que el exceso de velocidad puede alcanzar entre S/ 990 y S/ 2,750, dependiendo del nivel de infracción. En vías como la avenida Sánchez Cerro, el límite es de 30 km/h, con una tolerancia de hasta 35 km/h antes de activar sanciones progresivas.
Sin embargo, los cuestionamientos no se limitan al plano legal. Conductores y vecinos señalan que la ciudad enfrenta serias deficiencias en infraestructura vial, como pistas deterioradas, señalización insuficiente y obras inconclusas. En ese contexto, consideran que la medida prioriza la recaudación antes que la solución integral del problema.
“Primero deberían mejorar las condiciones de las vías. Así como está la ciudad, esto genera más incertidumbre que orden”, sostuvo Chunga, quien descartó convocar a protestas y apostó por la vía judicial.
El 15 de mayo marcará así un punto de inflexión para Piura: el inicio de una política de control más estricta o el comienzo de una nueva disputa legal en torno a sus alcances.
Foto de portada: Noticias Piura 3.0
