Días después de la jornada electoral del 12 de abril, y mientras avanzaba el conteo de votos de una de las elecciones más complejas de la historia reciente del país, el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga lanzó una acusación que marcaría la agenda política de las semanas siguientes: la existencia de un supuesto “plan morrocoy”, una presunta conspiración para alterar los resultados en su contra.
A esta denuncia se sumaron otras versiones sin sustento, como una supuesta injerencia extranjera en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la difusión del denominado “código 900,000” como prueba de actas fraudulentas. En cuestión de días, estas afirmaciones se amplificaron en redes sociales, alimentando un clima de desinformación y polarización.
Frente a este escenario, la Asociación Civil Transparencia, con más de tres décadas de trayectoria en observación electoral, desplegó a más de 4,000 observadores en todo el país, presentes desde las primeras horas de la jornada.
Su presidente, el economista Álvaro Henzler, presentó los hallazgos recogidos en campo, estableciendo una distinción clave entre irregularidades y fraude electoral.
«Puedo decir con evidencia que esta elección ha tenido serias irregularidades, graves irregularidades, cosas que se tienen que investigar y que tienen que hacer responsables; pero a la misma vez puedo decir que no tenemos evidencia de que haya habido un fraude y que se haya cambiado la voluntad popular del pueblo.»
4,000 observadores en 110 provincias
La metodología de Transparencia no es reciente, la organización ha realizado observación electoral en los procesos del 2000, 2006 y 2011, entre otros. Para esta primera vuelta, se coordinó con el National Democratic Institute (NDI), organismo norteamericano sin fines de lucro con presencia en más de 50 países, y con la encuestadora Ipsos, que lleva realizando conteos rápidos en el Perú desde el año 2000.
«Transparencia desplegó más de 4,000 observadores en las 25 regiones, en 110 provincias, en 1,000 mesas, que es una muestra representativa del Perú con una metodología que nos garantiza que los resultados estadísticos reflejan el comportamiento del 100% de las mesas», explicó Henzler. Eso incluye zonas rurales de difícil acceso, localidades de la selva a las que hubo que llegar con tres días de anticipación, y distritos de alta conflictividad social.
‘’El plan morrocoy’’
Una de las narrativas que con más fuerza circuló en redes sociales fue la ‘’serie 900,000″: una supuesta prueba de que ciertas actas habían sido creadas para beneficiar al candidato Roberto Sánchez en zonas rurales. El argumento sostenía que esos números de acta eran artificiales y habían sido insertados por el «Foro de São Paulo» como parte del «plan morrocoy».
«Ese código existe hace tres o cuatro elecciones. Se crearon porque había centros poblados de gente que vivía muy alejada, con altos niveles de ausentismo, y no les alcanzaba a llegar a su centro de votación. Hace más de tres elecciones, la ONPE decidió abrir mesas más pequeñas en centros poblados para garantizar que todo peruano vote», explicó. El código no es nuevo, es parte del sistema electoral desde antes de que la actual campaña comenzara siquiera.
«Hay centros poblados y actas donde ganó Keiko Fujimori. No es que en todas esas actas con el código 900 K ganó Sánchez. Es como si yo dijera: ‘Ah, porque López Aliaga ganó en Miraflores y San Isidro, hay fraude.’ Hay una ignorancia profunda del sistema electoral y de nuestro país.»
El presidente de Transparencia también señaló que la distribución geográfica del voto responde a patrones conocidos y documentados de la sociología política peruana: ‘’Es normal que candidatos con ciertos discursos obtengan más votos en zonas rurales, del mismo modo que otros los obtienen de manera concentrada en distritos de Lima. Eso no es fraude: es la expresión de la diversidad del electorado peruano’’, afirmó.
Un sistema que falló
Transparencia fue enfática en no exculpar al sistema electoral de sus fallas. La organización reconoce dos problemas centrales durante la jornada del domingo. El primero fue la llegada tardía o nula del material electoral en 75 locales de Lima Metropolitana, concentrados en distritos de Lima Sur y Lima Este. El segundo fue el mal funcionamiento del sistema STE (con laptops e impresoras) que se estrenó en la capital para agilizar el conteo.
«Es un problema gravísimo, una pésima gestión de la ONPE en esos locales. Hay que investigar, hay que sancionar, y claramente ha habido un impacto en la confianza ciudadana», reconoció Henzler. «Pero siempre dimensionar los problemas, ni sobredimensionarlos ni subdimensionarlos: fueron 75 locales de 90,000 los que presentaron problemas.»
El propio Jurado Nacional de Elecciones extendió la jornada al lunes para los 13 locales que no lograron instalarse el domingo. Transparencia respaldó esa decisión. Paralelamente, los análisis estadísticos realizados indican que incluso si todos los ciudadanos impedidos de votar en esos locales hubieran sufragado, el orden de los tres primeros candidatos no habría cambiado.
Otro punto de confusión masiva fue la demora en la proclamación de resultados y la existencia de miles de actas observadas. Para quienes no conocen el sistema, esos plazos se convirtieron una clara señal de manipulación.
No obstante, los datos históricos revelan otra historia. En todas las elecciones generales peruanas recientes, entre el 5% y el 6% de las actas son observadas, es decir, presentan algún problema menor como una firma faltante o un número ilegible, y pasan a revisión de los 60 Jurados Electorales Especiales distribuidos en todo el país. Asimismo, la proclamación final de los candidatos que pasan a segunda vuelta siempre ha ocurrido entre el 11 y el 15 de mayo. «No hay nada irregular en la justicia electoral. Es normal que se proclame el 15 de mayo y es normal que haya actas observadas», señaló Henzler.
La diferencia en 2026 es que la distancia entre el segundo y el tercer candidato es de apenas 20,000 votos, versus los 250,000 que separaban a Fujimori de López Aliaga en 2021, lo que hace que cada acta cuente y genera, comprensiblemente, mayor ansiedad. Pero esa ansiedad no es evidencia de fraude.
Más del 95% sin irregularidades
Los propios observadores de campo de Transparencia midieron en sus 1,000 mesas de muestra un grupo de más de 50 indicadores, pensados para detectar exactamente el tipo de irregularidades que se denunciaron en la elección de 2021: personeros ausentes, falta de secrecía del voto, miembros de mesa no elegidos al azar, sumas que no cuadran. Los resultados de la muestra mostraron que entre el 94% y el 98% de las mesas no registraron irregularidades en cada uno de esos indicadores. Eso no significa perfección, pero sí que los problemas no fueron sistemáticos.
«Eso quiere decir que nuestros observadores vieron que en más del 98% de las mesas todo pasó con normalidad. En todas las elecciones hay irregularidades, y por eso existe un sistema de justicia electoral para observar las actas y resolver esos problemas», explicó el presidente de la organización.
El análisis de Álvaro Henzler sitúa la elección dentro de una crisis democrática previa: el Perú ha retrocedido de “democracia imperfecta” a “régimen híbrido”, según evaluaciones de Economist Intelligence Unit, V-Dem Institute y Freedom House, además de figurar como el país con mayor caída en Estado de Derecho en IDEA Internacional.
En este contexto de inestabilidad, marcado por la posibilidad de tener diez presidentes en una década, las narrativas de fraude encuentran eco en una ciudadanía ya desconfiada. “Hay miedo, pero debemos tener una mirada sensata”, advierte Henzler, subrayando que las críticas al sistema deben basarse en análisis y no en desinformación.
De cara a la segunda vuelta
Para muchos, la primera vuelta ya culminó, aunque el cómputo oficial aún no alcanza el 100%, todo parece indicar que será el izquierdista Roberto Sánchez quien acompañará a la derechista Keiko Fujimori a una segunda vuelta prevista para el 7 de junio.
Frente a ello, Transparencia pidió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales corregir fallas operativas, mejorar su comunicación frente a la desinformación y remitir las irregularidades a control interno.
También exhortó a los candidatos a dejar los discursos de fraude sin pruebas y enfocarse en propuestas, mientras que a la ciudadanía le pidió informarse mejor. Para la segunda vuelta, se eliminará el sistema electrónico y el proceso será manual.
Pese a las críticas, Transparencia sostiene que los resultados de la primera vuelta son válidos y serán proclamados en mayo. ‘’Las denuncias como el plan morrocoy no tienen sustento; lo que sí existe es un sistema electoral con fallas que deben corregirse’’, concluyó.
Foto de portada. Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. EFE.
