El Gobierno publicó el miércoles 2 de septiembre el Decreto de Urgencia N°010-2026, con el que busca acelerar la participación del sector privado en acciones de mitigación ante el fenómeno El Niño. Sin embargo, la medida ha generado cuestionamientos por los tiempos y procedimientos que establece para que las empresas puedan intervenir.
Para César Alvarado Ancieta, experto internacional en grandes infraestructuras hidráulicas, la norma no responde a la velocidad que exige una situación de emergencia. En entrevista con Norte Sostenible, cuestionó que el mecanismo contemple una cadena de aprobaciones, presentación de documentos y competencia entre empresas antes de iniciar las intervenciones.
“No es un decreto que está a la altura de lo que es una emergencia. Una emergencia significa tratar, como su palabra lo dice, rápido, de inmediato, en una situación crítica”.
El decreto establece que el titular de la entidad pública tendrá hasta cuatro días hábiles para autorizar el procedimiento, luego de contar con informes técnico y legal. Después, el comité especial tendrá un día para invitar a dos o más empresas; estas dispondrán de cinco días para presentar sus propuestas y el comité contará con otros dos días para evaluarlas.
A ello se suman los plazos para aprobar expedientes técnicos de IOARR de emergencia, liquidar convenios y emitir certificados de inversión. Para Alvarado Ancieta, esta secuencia puede terminar retrasando la intervención en zonas que necesitan obras antes de que se intensifiquen las lluvias.
“Quizás unos 30 días o más. No creo que sea antes. Estamos viendo que lo están pateando para octubre. Treinta días o más”
CÉSAR ALVARADO, ESPECIALISTA INTERNACIONAL EN HIDRÁULICA
El especialista sostiene que el Estado debería reducir drásticamente los tiempos y contar con un equipo técnico capaz de identificar de inmediato a las empresas con experiencia para ejecutar las intervenciones prioritarias.
“Un decreto de emergencia significa ejecutar obras de emergencia rápido. El proceso de tramitología debe ser rápido, ya debe ser de dos, tres días, no más”, manifestó.
Alvarado Ancieta considera que la demora es especialmente preocupante porque cada semana perdida reduce el margen para ejecutar trabajos antes del periodo de lluvias. En ese escenario, advierte que el decreto podría terminar desincentivando la participación de empresas privadas en lugar de facilitarla.
“Le ha puesto la valla muy elevada, muy difícil de poder acometer en lo que se llama una realmente emergencia”, sostuvo.
Chutuque, una de las obras que podría quedar rezagada
Otro cuestionamiento del especialista es que, debido a los procedimientos establecidos, las intervenciones más rápidas de tramitar podrían terminar concentrando los recursos privados en la descolmatación de ríos y quebradas.
Alvarado Ancieta considera que esta no debería ser la única prioridad, pues existen obras de emergencia que requieren una intervención más compleja, como defensas, trabajos en Chutuque o el reforzamiento de infraestructura hidráulica.
Alvarado Ancieta estimó que la ejecución integral del canal de Chutuque podría demandar entre 10 y 12 meses, dependiendo de la logística y de la participación de empresas y profesionales especializados.
Alvarado Ancieta también expresó preocupación por el periodo de vigencia de la norma, que contempla intervenciones hasta diciembre de 2027. A su juicio, esta extensión podría abrir la puerta a que algunas empresas utilicen el mecanismo con objetivos distintos a la atención estrictamente urgente.
El experto advirtió que el marco podría ser aprovechado con fines de lucro o incluso generar riesgos de corrupción si las decisiones no están sustentadas en criterios técnicos.
“Aparentemente podría ser utilizado por algunas empresas que sí quieren hacer, pero con otros objetivos, con objetivos de lucro o con objetivos de beneficios inadecuados o corrupción”, advirtió.
Sin embargo, ante la posibilidad de que una contratación directa de empresas pueda generar corrupción, el especialista sostuvo que ello no necesariamente tendría que ocurrir.
Para Alvarado Ancieta, una emergencia requiere que el Estado pueda identificar y contratar rápidamente a empresas capaces de ejecutar cada obra. No todas las compañías, remarcó, tienen la experiencia para intervenir en infraestructuras hidráulicas complejas.
“Si ustedes tienen un líder técnico y esa persona es responsable, con gente calificada y un equipo técnico, no hay por qué. Hay supremacía de la ética profesional”, finalizó.
