Los productores de arroz volverán a las calles en los próximos días luego de rechazar el Decreto de Urgencia N.° 005-2026, publicado este sábado en el diario oficial El Peruano, al considerar que no atiende las principales demandas que motivaron el reciente paro agrario de cuatro días en diversas regiones del país.
Así lo anunció Santos Portilla Huarniso, presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Valle San Lorenzo Piura, quien aseguró que el sector se siente nuevamente burlado por el Gobierno tras revisar los alcances de la norma.
“La verdad es que no cumple nuestras expectativas porque nosotros no íbamos por esa migaja. Lo más triste es que el Gobierno se sentó a conversar con personas que no tuvieron nada que ver con este paro y arreglaron las cosas a espaldas del verdadero agricultor”, declaró.
El dirigente sostuvo que la decisión de retomar las protestas fue adoptada tras una reunión virtual entre los representantes de Arroz Perú y dirigentes agrarios de distintas regiones del país, quienes concluyeron que el decreto no resuelve la crisis que atraviesa el sector.
“Decidimos que vamos a volver a reclamar nuestros derechos porque hemos sido burlados por el Gobierno”, afirmó.
Aunque evitó precisar la fecha exacta del reinicio de las protestas, Portilla adelantó que la medida será anunciada próximamente y tendrá carácter indefinido.
“Va a ser mucho más pronto de lo que se imaginan los gobiernos y esos dirigentes que nos han traicionado. La fecha la mantenemos en reserva todavía, pero el paro será indefinido”, señaló.
Según explicó, uno de los principales cuestionamientos es que el decreto destina 120 millones de soles para la compra de arroz a nivel nacional, monto que consideran insuficiente frente a la magnitud de la crisis.
“Para el sector arrocero solamente se destinan 120 millones y eso es insuficiente para todo el Perú. El problema sigue siendo el mismo: continúa ingresando arroz importado, se satura el mercado y los precios siguen por los suelos”, sostuvo.
Los productores reclaman medidas más profundas, entre ellas la suspensión temporal de las importaciones de arroz, subsidios para fertilizantes, un programa de Reactiva Agrario para pequeños productores y políticas que permitan recuperar la rentabilidad de la actividad agrícola.
“Lo ideal era que se cierre la importación porque todos los días sigue entrando arroz. Eso llena el mercado y provoca que el precio se desplome. Hoy el agricultor está quebrado”, enfatizó.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Sechura, Medio y Bajo Piura, Máximo Valdiviezo Delfín, confirmó que los dirigentes vienen evaluando el contenido del decreto y adelantó que en los próximos días se realizará una asamblea regional para definir las acciones a seguir.
“Soy franco: no estamos de acuerdo con ese monto que ha puesto el Estado. Además, nosotros no hemos participado en la elaboración de esos puntos ni en los acuerdos que se tomaron”, manifestó.
Valdiviezo también cuestionó la asignación de 50 millones de soles para la intervención y mantenimiento de infraestructura de riego, como drenes y canales, al considerar que dicha inversión no responde a las demandas que motivaron las protestas agrarias.
“Los agricultores no hemos salido a protestar para que limpien canales o drenes. Eso es una responsabilidad permanente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y de la Autoridad Nacional del Agua; es una obligación que deben cumplir independientemente de cualquier medida de fuerza”, sostuvo.
Asimismo, criticó que los recursos destinados a la compra de arroz sean distribuidos a nivel nacional sin tomar en cuenta el grado de participación de las regiones en las recientes movilizaciones, señalando que varios sectores que no respaldaron la protesta podrían terminar beneficiándose de los acuerdos alcanzados tras la medida de fuerza.
Desde la Presidencia del Consejo de Ministros, el secretario de Gestión Social y Diálogo, César Sierra Sanquinés, defendió la medida y aseguró que el decreto representa una primera respuesta a la problemática del sector.
“Estos 120 millones obedecen a un empadronamiento inicial y forman parte de una primera fase. El problema del agricultor no acaba aquí, por eso se está dejando una hoja de ruta para que el próximo gobierno continúe con estas acciones”, explicó.
No obstante, los agricultores consideran que la norma no aborda aspectos fundamentales como el incremento de los costos de producción, el acceso a financiamiento, la competencia de las importaciones y el deterioro de la rentabilidad del cultivo.
Según Portilla, la nueva protesta contará con una mayor participación de organizaciones agrarias y otros sectores productivos afectados por la crisis del agro.
“Si en el último paro fuimos entre 15 mil y 20 mil agricultores, esta vez podríamos superar los 30 mil. Ya no es solo un problema del arroz; es un problema de toda la agricultura nacional”, afirmó.
Los dirigentes adelantaron que la medida se desarrollará a nivel nacional y podría incluir más puntos de bloqueo que los registrados durante la reciente paralización, mientras esperan una respuesta concreta del Ejecutivo a sus principales demandas.
