El martes, decenas de estudiantes beneficiarios de Beca 18 se concentraron en la Plaza de Armas de Piura para expresar su rechazo al proyecto de modificación del reglamento del programa, impulsado por el Ministerio de Educación (Minedu). Los manifestantes advirtieron que las nuevas disposiciones endurecen las condiciones para conservar el financiamiento y ponen en riesgo la continuidad de miles de jóvenes provenientes de familias de bajos recursos.
La controversia surgió tras la publicación del proyecto de reglamento de la Resolución Ministerial N° 365, mediante el cual el Minedu propone modificar las causales de pérdida de la beca. Entre los cambios más cuestionados figura la obligación de aprobar todos los cursos de cada ciclo académico. De aprobarse la norma, un estudiante que desapruebe una sola asignatura podría perder automáticamente el beneficio que financia sus estudios superiores.
Los cambios también establecen que los becarios deberán matricularse obligatoriamente en el número de créditos previsto por la malla curricular, restringiendo la posibilidad de reorganizar su carga académica según circunstancias personales o económicas. Asimismo, limita el cambio de carrera y añade un nuevo criterio disciplinario que obliga a mantener un trato respetuoso con funcionarios de Pronabec, bajo riesgo de perder la beca por conductas consideradas intimidatorias, agresivas o irrespetuosas, una disposición que los estudiantes consideran ambigua.
«Actualmente la normativa establece que un becario pierde la beca por desaprobar un mismo curso más de dos veces o por desaprobar todos los cursos en un semestre. Ahora pretenden que con solo desaprobar un curso en cualquier ciclo se pierda automáticamente el beneficio. Consideramos que esta medida es totalmente injusta», sostuvo durante la protesta Gladys Romero, representante de los estudiantes.
Romero explicó que la medida podría afectar a cerca de cinco mil becarios en toda la región, muchos de ellos egresados de colegios públicos que enfrentan un complejo proceso de adaptación al ingresar a universidades con altos niveles de exigencia académica.
«Ya aceptamos un nivel de disciplina cuando firmamos el compromiso con Pronabec, pero existen factores emocionales, familiares y psicológicos que pueden afectar el rendimiento académico. No es justo que por un pequeño error nos quiten la oportunidad de convertirnos en profesionales», afirmó.
La estudiante también cuestionó que las modificaciones respondan a una política de reducción presupuestal. «Creemos que esta medida busca disminuir el presupuesto destinado a educación. Ya ocurrió con otras becas y ahora vemos un recorte gradual que termina afectando a quienes más necesitan este apoyo», señaló.
«Quiero ser la primera profesional de mi familia»
Entre los testimonios que marcaron la jornada estuvo el de Keterine Sancristo Montenegro, estudiante de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Piura. Originaria de San Ramón, en Cajamarca, dejó su hogar para estudiar en Piura, donde hoy vive sola y afronta los desafíos de sostener una carrera universitaria lejos de su familia.
La joven recordó que, apenas llegó a la ciudad, fue víctima de un robo a mano armada y que varios de sus compañeros también han atravesado situaciones de violencia o dificultades económicas que afectan su desempeño académico.
«Es fácil, señor ministro, tomar decisiones desde un escritorio, pero es muy difícil que se ponga en el pellejo de nosotros, porque nosotros vivimos la cruda realidad y no sabemos cómo usted puede ser tan indiferente a nuestra realidad», expresó durante la protesta.
Montenegro también cuestionó el nuevo artículo 28 del proyecto de reglamento, que sanciona conductas consideradas irrespetuosas hacia funcionarios de Pronabec.
«El reglamento dice que no podemos faltar el respeto, pero ¿quién define qué es una falta de respeto? ¿El burócrata de turno al que no le gusta que reclamemos? Eso no está claramente establecido», manifestó.
Asimismo, rechazó el argumento de que el Estado asume el costo de los cursos desaprobados.
«Eso no es real. Cuando un estudiante jala un curso, muchas veces lo paga con su propio dinero o se nivela en verano sin ampliar la beca. Nosotros hacemos el esfuerzo por terminar la carrera dentro del tiempo establecido», sostuvo.
Para la estudiante, perder la beca significaría truncar un proyecto familiar.
«Quiero ser la primera profesional de mi familia. Cargo con mi sueño, pero también con el sueño de mis padres. No es justo que nos pongan una barrera que puede impedirnos lograrlo solo por desaprobar un curso», afirmó.
«Venimos de colegios públicos»
Jean Carlos, estudiante de Ingeniería Industrial y de Sistemas y natural de Morropón, sostuvo que la propuesta desconoce las brechas educativas con las que llegan muchos beneficiarios.
«Es una medida demasiado injusta porque no considera la realidad de los becarios que venimos de colegios públicos. El proceso de adaptación a la universidad es muy abrumador y por eso pedimos que esta normativa no sea aprobada», declaró.
Una preocupación similar expresó Catherine Aranda Mendoza, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Piura. Explicó que Beca 18 representa la única posibilidad de acceder a la educación superior para cientos de jóvenes provenientes de familias de escasos recursos.
«Las becas cambian vidas. Muchos somos los primeros de nuestras familias en llegar a la universidad. Venimos de una educación básica con muchas brechas y adaptarse a una universidad exigente no es fácil. Desaprobar un curso no te hace menos inteligente ni menos capaz», sostuvo.
Aranda advirtió que las nuevas exigencias también tendrían un impacto en la salud mental de los estudiantes.
«Además de la presión académica, ahora viviríamos con el miedo permanente de perder la beca por un solo error. Eso genera ansiedad y una enorme carga emocional para quienes estudiamos lejos de nuestras familias», señaló.
Los estudiantes anunciaron que continuarán realizando movilizaciones mientras el Ministerio de Educación mantenga abierto el proceso de consulta del proyecto de reglamento. Su principal demanda es que se mantengan las reglas vigentes y que cualquier modificación sea debatida con los propios beneficiarios antes de su aprobación.
