La Cámara de Comercio y Producción de Piura expresó su preocupación por las declaraciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien señaló que no habría tiempo ni presupuesto para ejecutar obras de mitigación frente al fenómeno El Niño. El gremio empresarial sostuvo que estas limitaciones no deben convertirse en razones para reducir las acciones destinadas a disminuir el riesgo en la región.
En un pronunciamiento emitido este 18 de agosto, la Cámara de Comercio recordó que Piura ya conoce el impacto de los eventos de El Niño, con pérdidas de vidas, daños en viviendas y cultivos, interrupción de carreteras y servicios, así como fuertes efectos sobre la economía regional. El gremio también alertó sobre el escenario previsto para el periodo 2026-2027 y señaló que cada intervención técnicamente viable debe ser evaluada y ejecutada con carácter de urgencia.
Uno de los puntos considerados prioritarios es la intervención en Chutuque y Virrilá. Según la Cámara de Comercio, mejorar la evacuación de excedentes y reducir el riesgo de inundaciones permitiría proteger a poblaciones de Sechura y el Bajo Piura, así como sus viviendas, medios de vida y actividades productivas. El gremio también destacó la importancia de esta intervención para los maricultores de la zona.
El pronunciamiento plantea además una serie de medidas que, a criterio del sector empresarial, deberían ser evaluadas bajo un criterio de emergencia. Entre ellas figuran la instalación de muros móviles de protección, la descolmatación y desvegetación de cauces y drenes, la adquisición de bombas de alta succión y motobombas, y el reforzamiento de puntos críticos de las defensas ribereñas.
La Cámara de Comercio cuestionó que la falta de tiempo sea utilizada como argumento para no ejecutar acciones cuando todavía existen alternativas para reducir los efectos de un eventual evento climático. “Piura necesita decisiones, no resignación. Necesita acción, ejecución y sentido de urgencia”, señaló el gremio.
Finalmente, la institución remarcó que mientras exista una alternativa técnicamente viable para reducir el riesgo y proteger a la población y las actividades productivas, el Estado tiene la responsabilidad de evaluarla y hacerla realidad. “Aún hay tiempo para actuar. Lo que Piura no tiene es tiempo que perder”, concluyó.
