Las obras programadas en el centro de Piura no podrán comenzar aún. La empresa contratista responsable del proyecto no cuenta con el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR), un requisito indispensable que debe ser aprobado por la Dirección Desconcentrada de Cultura antes de cualquier intervención con remoción de suelo.
El PMAR es un instrumento técnico que establece los procedimientos para supervisar sistemáticamente las actividades constructivas y prevenir daños al patrimonio arqueológico. Su objetivo es garantizar la protección de posibles restos históricos, documentar hallazgos y activar los protocolos de respuesta en caso de descubrimientos durante las obras.
Fuentes vinculadas al proyecto informaron que la empresa contratista presentó recién ayer el expediente del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR), requisito indispensable para iniciar las obras en el centro histórico de Piura. Según la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Piura, este documento tiene un plazo de evaluación de hasta 20 días hábiles, siempre que no se presenten observaciones técnicas o administrativas. Solo después de contar con la autorización, el monitoreo podrá ejecutarse en las fases preoperativa y operativa del proyecto.
A pesar de ello, esta mañana la contratista intentó iniciar los trabajos entre las calles Lima y Moquegua, sin contar con la Resolución Ministerial que autoriza el PMAR, lo cual fue advertido por el personal de las áreas de Arqueología y Legal de la DDC Piura. Los especialistas acudieron al lugar para informar que no se puede ejecutar ninguna remoción de suelo ni actividad vinculada a la obra hasta que el plan sea aprobado formalmente.
De proceder con la ejecución sin dicha autorización, el Ministerio de Cultura estaría obligado a denegar el PMAR, dado que no puede emitirse en vías de regularización.
Contratista cuestionada y sin experiencia
Las investigaciones de Norte Sostenible desvelan que la contratista encargada del proyecto carece de historial significativo en obras hidráulicas o de drenaje; su experiencia acreditada está limitada al rubro vial, lo cual genera serias dudas sobre su capacidad técnica para asumir una obra de esta magnitud. Esta situación agrava el riesgo de fallas estructurales o incumplimientos, pues la ejecución de redes de alcantarillado requiere pericia específica y conocimiento especializado, no ofrecido por la empresa contratista.
A su vez, se han reportado antecedentes negativos que pesan sobre la reputación de la empresa en el sector construcción. Excolaboradores y fuentes del gremio de la construcción señalan que su desempeño en proyectos anteriores estuvo marcado por retrasos, deficiencias técnicas y reclamos no solucionados, elementos que ahora preocupan a los residentes y autoridades locales que dependen de una obra bien ejecutada.
Estas carencias de experiencia y los antecedentes desfavorables cobran especial relevancia en un contexto donde la Contraloría ha detectado irregularidades en otros proyectos de infraestructura. Si la Municipalidad o el ente contratante no exige garantías técnicas más sólidas, la comunidad local podría terminar sobrecargando costos y soluciones correctivas que debieron evitarse desde el diseño y la selección del contratista.
Denuncian a responsables de destrucción de Plaza Tres Culturas
Una denuncia penal por Delitos Ambientales fue interpuesta hace unos días ante la Fiscalía Provincial Penal en Materia Ambiental de Piura contra funcionarios del Gobierno Regional de Piura, la Municipalidad de Piura y todos aquellos que resulten responsables. La acusación, presentada por la Junta Vecinal Comunal Plaza Tres Culturas (JUVECCO) el 9 de octubre de 2025, busca la paralización inmediata y la investigación de la ejecución del proyecto de un «tanque de tormentas» en la emblemática Plaza Tres Culturas.
La denuncia, a la que accedió Norte Sostenible, sostiene que la obra es «irregular, ilegal y técnicamente inviable», constituyendo una «agresión sistémica al bienestar colectivo» y afectando gravemente a la Comunidad de Piura, la salud pública, el Ecosistema Urbano y el Patrimonio Cultural Urbanístico.
El núcleo de la controversia radica en la persistencia del Gobierno Regional en impulsar la construcción del tanque subterráneo, a pesar de la oposición ciudadana, técnica e institucional. Entre los «hechos denunciados,» la JUVECO señala que el proyecto conlleva la tala de árboles patrimoniales, la alteración de la napa freática y la destrucción de un espacio urbano de altísimo valor ecológico, cultural y comunitario.
Además, se adjuntaron informes técnicos que, junto con los pronunciamientos del Colegio de Arquitectos de Piura y las observaciones y anulaciones realizadas por el OSCE, demuestran la inviabilidad del proyecto por razones geotécnicas y ambientales, generando un riesgo inminente no solo para el ecosistema, sino también para la seguridad de viviendas y edificios públicos debido a la alta saturación del suelo y el peligro de infiltraciones y hundimientos.
La JUVECO señala que el proyecto conlleva la tala de árboles patrimoniales, la alteración de la napa freática y la destrucción de un espacio urbano de altísimo valor ecológico, cultural y comunitario.
Los fundamentos de la denuncia se basan en la defensa de la vida y el Derecho a la Salud Psicológica y el Buen Vivir. Se argumenta que la Plaza Tres Culturas no es un «terreno baldío», sino un «ecosistema urbano vivo, dinámico y autorregulado» que funciona como un «santuario de biodiversidad». La destrucción de este espacio representa un ecocidio y una afrenta a los principios más elementales de la ética ambiental.
La denuncia detalla que los árboles (ficus, algarrobos, nims, palmeras) no son meros ornamentos, sino que cumplen funciones vitales, como la purificación del aire (actuando como filtros naturales contra contaminantes como PM2.5 y PM10), la regulación térmica e hídrica (reduciendo el efecto «isla de calor» y previniendo inundaciones) y sirviendo como sumideros de carbono.
Legalmente, la denuncia se configura por la presunta comisión de delitos ambientales tipificados en los artículos 304° y 305° del Código Penal. JUVECCO subraya que la persistencia de las autoridades regionales en ejecutar la obra, pese a las advertencias ciudadanas, técnicas e institucionales, constituye un posible delito ambiental que requiere investigación fiscal inmediata. La acción legal invoca también la violación de principios de la Ley General del Ambiente (Ley N.° 28611), como el de Precaución y Sostenibilidad, y la vulneración del derecho a un ambiente sano, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos.
Los denunciantes insisten en que permitir la destrucción de este espacio es un acto de «profunda injusticia ecológica»
El petitorio final exige al Señor Fiscal Provincial Penal en Materia Ambiental que admita la denuncia y ordene la inmediata paralización de la obra como medida cautelar, considerando la alta probabilidad de daño grave e irreversible a la flora y fauna.
Asimismo, se solicita la apertura de una investigación preliminar penal ambiental, la realización de una pericia técnica independiente, la reparación integral del daño ambiental y moral causado, y la declaración de la Plaza Tres Culturas como zona de protección integral. Los denunciantes insisten en que permitir la destrucción de este espacio es un acto de «profunda injusticia ecológica», exigiendo que se priorice la protección de «cada árbol y a cada animal como un agraviado directo en este proceso».
Foto de portada: Noticias Piura 3.0
