Ha pasado casi una década desde que el Niño costero destruyó gran parte de la infraestructura pública en Piura y los estragos aún son visibles. Nuestra ciudad continúa enfrentando una crisis estructural que trasciende el asfalto y las tuberías. Según el ingeniero Manuel Asmat, decano del Colegio de Ingenieros de Piura, la región padece las consecuencias de un crecimiento urbano sin horizonte, donde la improvisación y la falta de rigor técnico en los expedientes han dejado a la población atrapada en obras interminables y presupuestos inflados.
Esa fue la principal conclusión de la entrevista que sostuvimos con Asmat en el primer programa de la nueva temporada de Piura Sostenible. Uno de los puntos más críticos de la gestión actual es la ejecución del sistema de drenaje en el centro histórico. Asmat reveló que el proyecto original está siendo sometido a profundas modificaciones debido a que no se adaptaba a la realidad del terreno.
“Cuando tú tienes un proyecto lo primero que tienes que hacer es replantearlo y adaptarlo a la realidad porque desde el gabinete diseñas de una forma, pero luego tienes que adaptarte a las condiciones que tienes en el terreno”, explicó el decano, confirmando que se están integrando soluciones como cimentaciones profundas y pilotes que no fueron contemplados inicialmente.
La polémica obra en el Centro Histórico
Esta falta de previsión ha alimentado lo que el decano describe como una “estrategia” de las empresas contratistas: el uso sistemático de los adicionales de obra. Asmat señala que, aunque los vicios ocultos existen, el sistema de contratación pública actual permite que las empresas recuperen márgenes mediante estos incrementos presupuestarios. “Lamentablemente es una realidad… una estrategia que siguen [las contratistas]… se ha vuelto un modus operandi”, sentenció el líder del gremio de ingenieros, cuestionando que los proyectos no se coticen por lo que realmente valen desde el inicio.
El caso del centro de Piura es emblemático en este sentido. A pesar de contar con una partida de 25 millones de soles solo para interferencias, la contratista ya está solicitando más recursos vía adicionales. Esta situación se agrava por el hecho de que instituciones como Enosa o EPS Grau no poseen un mapeo total de lo que hay debajo de la ciudad, lo que convierte cada excavación en un riesgo financiero y técnico, explicó Asmat.
La idoneidad de las empresas a cargo también está bajo la lupa. La obra del centro de Piura se adjudicó a la empresa JUBERS SAC, cuya experiencia principal radica en la construcción de carreteras, no en sistemas hidráulicos complejos.
Asmat señala que, aunque los vicios ocultos existen, el sistema de contratación pública actual permite que las empresas recuperen márgenes mediante estos incrementos presupuestarios [adicionales].
El impacto social de estos errores técnicos es devastador para la economía local. Los comerciantes del centro han reportado pérdidas de más del 50%, cierres de negocios y despidos masivos debido al cierre prolongado de calles. Para Asmat, esto es consecuencia de una gestión social inexistente que debió empezar en la etapa de preinversión, donde solo se evaluó una alternativa de solución, ignorando las necesidades reales de la población.
En el centro de Piura, la seguridad de los trabajadores y ciudadanos también se ha visto comprometida. El reciente derrumbe en la calle Apurímac puso de manifiesto que no se están siguiendo las normas de seguridad para excavaciones profundas en zonas con nivel freático alto. Según el decano, el uso de entibados y tablestacados es una práctica obligatoria que el expediente técnico debe exigir y la supervisión garantizar para evitar tragedias.
Asimismo, la relación entre el Gobierno Regional y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) es otro foco de incertidumbre. Mientras la ANIN se desvincula de la ejecución del drenaje en el centro histórico, Asmat advierte que ambos proyectos deben ser compatibles, especialmente en los parámetros hidrológicos. “La hidrología debe ser la misma para ambos proyectos… es el enlace que debe existir”, explicó, instando a que las soluciones integrales caminen juntas para evitar futuros colapsos.
Dos o tres años más para tener un nuevo estadio
En cuanto a la infraestructura deportiva, el Estadio Miguel Grau se ha convertido en un monumento a la ineficiencia. El proyecto, que inicialmente se planteó como una remodelación (IOARR), ahora apunta a una demolición total tras detectarse fallas estructurales graves. Asmat cuestionó la lógica administrativa del Gobierno Regional al liquidar el contrato del consultor y, al mismo tiempo, denunciarlo por las deficiencias del expediente. “Si hay una controversia el proyecto debe continuar abierto”, señaló, advirtiendo que un nuevo proceso desde cero podría tardar hasta tres años.
De confirmarse la necesidad de empezar desde cero —atravesando nuevamente las fases de preinversión, elaboración de un nuevo expediente técnico y un nuevo proceso de licitación—, la región Piura tendría que resignarse a esperar entre dos y tres años adicionales antes de ver el recinto deportivo en funcionamiento.
La gestión administrativa de este proyecto también revela una preocupante falta de coherencia institucional. El Gobierno Regional procedió a la liquidación del contrato del consultor en noviembre, lo que técnicamente implica una conformidad, a pesar de haber interpuesto una denuncia penal contra el mismo profesional apenas un mes antes por deficiencias en el expediente.
“Si hay una controversia, el proyecto debe continuar abierto”, advirtió Asmat, señalando que esta “contradicción administrativa” complica el panorama legal de la obra. Para el decano, este escenario es el resultado de una supervisión deficiente y subraya la necesidad de que la Gerencia Regional de Infraestructura designe administradores de contrato que realicen un acompañamiento exhaustivo y técnico para evitar que la historia de fracasos se repita en otros proyectos clave de la región.
Las gestiones regionales no pudieron con los grandes proyectos
La falta de articulación entre entidades del Estado también quedó en evidencia con la avenida Los Cocos, en Piura. Mientras la Municipalidad de Piura invertía millones en asfaltar la vía, el Ministerio de Vivienda programaba el cambio de redes de agua y desagüe para la misma zona. Esta descoordinación garantiza que las pistas nuevas sean rotas en el corto plazo, desperdiciando recursos públicos en lo que Asmat define como una “mala coordinación que tenemos a veces entre entidades”.
Por otro lado, el panorama de los grandes proyectos regionales, como el Alto Piura y el reservorio de Poechos, es aún más sombrío. Tras 15 años de estancamiento y fracasos bajo la administración de sucesivos gobiernos locales y regionales —incluyendo las gestiones de Javier Atkins, Reynaldo Hilbck, Servando García y Luis Neyra—, estos proyectos han tenido que retornar a la tutela del Gobierno Central a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Minagri).
Para el decano Asmat, el traspaso de estas obras clave al sistema de Gobierno a Gobierno (G2G) con la asistencia técnica de China es una admisión de la incapacidad local. “Fracasaron las autoridades locales en la gestión de estos proyectos… insistir en lo mismo iba a ser un error”, afirmó, señalando que la corrupción y los arbitrajes prolongados con empresas como Camargo Correa y Obrainsa Astaldi hundieron las esperanzas de la región por años.
¿Cómo construir una ciudad resiliente y sostenible?
La brecha de servicios básicos sigue siendo la gran deuda pendiente de las autoridades que prefieren promocionar “grandes obras” antes que asegurar el acceso al agua. En pleno 2026, hay zonas en la margen izquierda del río Piura donde la población aún carga agua en burros. Asmat enfatizó que el enfoque de inversión debe centrarse en el cierre de brechas, utilizando mecanismos existentes que muchas veces no se activan por desconocimiento o falta de capacidad técnica.
El incremento de costos es la constante en la obra pública piurana. El proyecto del centro pasó de costar 70 millones de soles en manos de la municipalidad a casi 130 millones en el Gobierno Regional. Para Asmat, esto requiere una revisión exhaustiva de los precios unitarios y los alcances del proyecto, asegurando que cada adicional se justifique únicamente para cumplir los objetivos fundamentales y no para desviar fondos.
Ante la presión social, el decano ha recomendado implementar tres turnos de trabajo y múltiples frentes para intentar cumplir con la fecha de entrega en mayo. Sin embargo, reconoció que esto implicará mayores costos que el Gobierno Regional no debe escatimar si realmente busca minimizar el impacto sobre la población afectada. Es decir, la aprobación de más adicionales.
En la Plaza Tres Culturas, el conflicto social es inminente debido a la reducción del 50% de su espacio para instalar el tanque de tormentas. Asmat sugirió que se revisen los parámetros de diseño y factores de seguridad para optimizar el tamaño del tanque sin comprometer la eficacia del sistema, buscando soluciones técnicas que se pongan “en los zapatos de la población”.
Finalmente, el decano hizo un llamado a los proyectistas y consultores para que apliquen las buenas prácticas de ingeniería y la metodología BIM, evitando copiar expedientes de otras ciudades, como ocurrió con el Plan de Desarrollo Urbano que incluía calles de Ayacucho. “No escatimemos recursos ni esfuerzos en dar el mejor expediente técnico… para evitar problemas posteriores”, exhortó Asmat.
Piura llega al 2026 con la esperanza puesta en que la nueva temporada de proyectos bajo el modelo G2G y las correcciones de última hora en el centro histórico logren, por fin, dotar a la ciudad de la planificación que ha brillado por su ausencia durante décadas. Mientras tanto, la ciudadanía sigue pagando el costo de una ingeniería que muchas veces parece diseñada más para el papel que para el terreno.
Foto de portada: Trabajos en la calle Lima, en el Centro Histórico de Piura. Crédito: Norte Sostenible
