Cuando faltan pocos meses para el inicio de la temporada de lluvias y la amenaza de un posible fenómeno de El Niño obliga a acelerar las obras, la ejecución de los proyectos de inversión en Piura muestra un panorama preocupante. Los datos oficiales consultados por Norte Sostenible evidencian que buena parte de los gobiernos locales y provinciales no ha logrado convertir el presupuesto disponible en obras, pese a que el tiempo para ejecutarlas se reduce conforme avanza el año.
El análisis de la ejecución presupuestal revela que, de los 57 municipios distritales en la región, 45 todavía no alcanzan siquiera el 50% de ejecución de sus inversiones, mientras que a penas 12 superan ese umbral. Es decir, casi ocho de cada diez gobiernos locales mantienen más de la mitad de sus recursos de inversión sin utilizar cuando el calendario ya ingresó a agosto.
La situación adquiere mayor gravedad en los casos más críticos. Siete municipalidades no llegan ni al 10% de ejecución, lo que prácticamente significa que sus inversiones permanecen paralizadas o avanzan a un ritmo insignificante.
El caso más preocupante corresponde a la Municipalidad Distrital de Jililí, en la provincia de Ayabaca. La comuna dispone de S/ 6,17 millones para proyectos de inversión, pero hasta el momento no ha ejecutado un solo sol, registrando 0% de avance.
La lista de los peores desempeños continúa con Las Lomas, en la provincia de Piura. Pese a contar con uno de los presupuestos más altos entre los municipios distritales —S/ 63,35 millones— apenas ha ejecutado 7,3%, equivalente a alrededor de S/ 4,6 millones, dejando más de S/58 millones pendientes.
También figuran entre los rezagados Ignacio Escudero (Sullana), con apenas 6,9% de ejecución de un presupuesto de S/ 26,78 millones; Lagunas (Ayabaca), con 6,3% de S/ 5,63 millones; Montero (Ayabaca), con 8,8% de S/ 5,23 millones; El Arenal (Paita), con 8,6% de S/ 4,63 millones; y El Tallán (Piura), que solo alcanza 4,1% de un presupuesto de S/ 4,78 millones.
En el grupo de municipios que tampoco muestran un avance significativo aparecen Carmen de la Frontera (13,5%), Huarmaca (26,1%), Morropón (23,5%), Salitral (22,9%), Cristo Nos Valga (20,5%), El Alto (20,1%), Lobitos (25,2%), Marcavelica (25%), Vichayal (25,9%), Chalaco (21,5%) y Sapillica (22,6%), entre otros.
Provincias también muestran bajo rendimiento
La situación tampoco es favorable en las municipalidades provinciales. De las ocho provincias, únicamente Sechura supera el 50% de ejecución, con 52,4%. El resto permanece por debajo de ese nivel: Piura registra 40,1%, Ayabaca 25,7%, Huancabamba 33,6%, Morropón 39%, Paita 40,3%, Sullana 39,2% y Talara 35,8%.
Especialmente preocupante es el caso de la Municipalidad Provincial de Ayabaca. Este año administra S/187,7 millones, pero solo ha ejecutado 25,7%, equivalente a aproximadamente S/48,3 millones, dejando cerca de S/139 millones pendientes de inversión.
Huancabamba presenta un escenario similar, ya que dispone de S/184 millones, de los cuales solo ha invertido S/61,9 millones, mientras que más de S/122 millones permanecen sin ejecutarse.
La Municipalidad Provincial de Piura, por su parte, administra el mayor presupuesto provincial, con S/386,5 millones, pero solo alcanza 40,1% de ejecución, equivalente a S/155 millones, pese a ello, mantiene proyectos retrasados, como la obra de pistas y veredas de Pachitea, que debió culminar en mayo, pero que aún no ha podido ser entregada por falta de financiamiento.
Menos presupuesto que el año pasado
La baja ejecución ocurre incluso en municipios que este año administran menos recursos que en 2025.
La Municipalidad Provincial de Piura redujo su presupuesto de inversión de S/ 457 millones en 2025 a S/386,5 millones este año, una disminución cercana a S/70 millones. Sin embargo, pese a contar con menos recursos, apenas ejecuta cuatro de cada diez soles disponibles.
También registran menores presupuestos las provincias de Ayabaca, que pasó de S/197,7 millones a S/187,7 millones; Morropón, de S/208,6 millones a S/192 millones; Paita, de S/135,3 millones a S/ 116,9 millones; Talara, de S/149,7 millones a S/128,5 millones; y, especialmente, Sechura, cuyo presupuesto cayó de S/234,4 millones a S/113,8 millones, prácticamente la mitad.
Paradójicamente, la reducción de recursos no ha venido acompañada de una mayor capacidad de ejecución.
Por su parte, el Gobierno Regional de Piura registra un presupuesto de inversión de S/1.232 millones, pero solo ha ejecutado el 53,8%, equivalente a S/662,6 millones. Aunque supera el promedio de muchas municipalidades, el avance todavía deja cerca de S/570 millones pendientes de ejecutar en un periodo donde las condiciones climáticas empiezan a reducir la ventana disponible para desarrollar obras.
El tiempo juega en contra
La baja ejecución presupuestal adquiere una dimensión aún más crítica por el contexto climático que enfrenta Piura. Los pronósticos advierten la posible presencia de un Fenómeno El Niño en los próximos meses, por lo que las obras de prevención deberían acelerarse antes del inicio de la temporada de lluvias.
En ese escenario, Juana Huaco, docente de la Universidad de Piura y especialista en gestión pública, advirtió que las entidades públicas tienen un margen de acción cada vez más reducido. Explicó que, conforme avancen los meses y se inicien las precipitaciones, muchas obras podrían verse obligadas a paralizarse por razones técnicas, de seguridad o por las propias condiciones climáticas, retrasando aún más la ejecución de los recursos públicos.
«La posibilidad de un Fenómeno El Niño exige actuar con anticipación. Si las inversiones no se ejecutan ahora, existe el riesgo de que las lluvias impidan su continuidad y las brechas de infraestructura se mantengan por más tiempo», señaló.
La especialista sostuvo que el análisis no debe centrarse únicamente en cuánto presupuesto se ejecuta, sino también en qué tipo de proyectos se financian. A su juicio, los recursos disponibles deben orientarse prioritariamente a intervenciones que reduzcan la vulnerabilidad de la población, como obras de drenaje, defensas ribereñas, reforzamiento de instituciones educativas y establecimientos de salud, así como el mejoramiento de la infraestructura vial.
«Cuando una entidad conserva presupuesto sin utilizar y, al mismo tiempo, reclama más financiamiento, lo que evidencia es un problema de capacidad de gestión. Esa situación termina afectando la continuidad de los proyectos y retrasa la atención de necesidades urgentes para la población», manifestó.
