De los 24706 agricultores que fueron empadronados en Piura para acceder al programa de compra estatal de arroz, solo entre 3000 y 5000 lograrían vender finalmente su producción al Estado. Así lo estimó el director regional de Agricultura, Ílich López Orozco, quien atribuyó esta reducción a las limitaciones presupuestarias del programa y a los criterios de selección establecidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
La proyección pone en evidencia el limitado alcance de la medida impulsada por el Gobierno para enfrentar la crisis del sector arrocero, marcada por los bajos precios en chacra. Aunque el empadronamiento culminó el domingo 12 de julio con 24706 productores registrados, miles de ellos aún enfrentan obstáculos para acceder al beneficio.
Uno de los principales problemas es que solo cerca de 6000 agricultores presentaron toda la documentación requerida, mientras que 18706 todavía no han entregado la declaración jurada, requisito indispensable para continuar con la evaluación. Frente a ello, la Dirección Regional de Agricultura amplió hasta este martes el plazo para subsanar esa observación.
«Muchos agricultores todavía no han presentado la declaración jurada. Estamos trabajando con las juntas y las comisiones de usuarios para incorporarlos y lograr que la mayor cantidad posible complete el expediente», informó el director regional de Agricultura, Ílich López Orozco.
El funcionario explicó que el documento consiste en una declaración simple mediante la cual el productor certifica el área sembrada y acredita su condición de agricultor arrocero. Sin embargo, reconoció que este requisito fue incorporado cuando el proceso ya estaba en marcha.
«Esto ha sido bastante esporádico al final. Prácticamente Agroo Rural nos hizo llegar esos documentos recién la semana pasada. El tiempo ha sido bastante corto», admitió.
Agricultores cuestionan nuevas exigencias
Las observaciones ya habían sido advertidas por las organizaciones arroceras antes del cierre del padrón. El presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Sechura, del Medio y Bajo Piura, Máximo Valdiviezo, cuestionó la exigencia de la declaración jurada pese a que las comisiones de usuarios ya cuentan con los datos de cada agricultor.
«Aparte de la información que ya tienen las comisiones de usuarios, nos piden una declaración jurada. Es como si desconfiaran de que realmente somos agricultores», manifestó.
El dirigente también advirtió que otro obstáculo es la exigencia del Registro Único de Contribuyentes (RUC), un trámite que —afirmó— resulta ajeno a la realidad de la pequeña agricultura.
«La mayoría de nosotros no tenemos RUC porque somos pequeños agricultores. Aquí la mayoría cultiva media hectárea o una hectárea. Nos están pidiendo requisitos pensados para productores grandes», sostuvo.
Dos importantes valles arroceros quedaron fuera
El padrón consolidado elaborado por la Dirección Regional de Agricultura reúne 24706 productores, distribuidos entre la Junta de Usuarios de Sechura (14012 agricultores), la Junta del Medio y Bajo Piura (10510) y la comisión de usuarios de Morropón (184), perteneciente al Alto Piura.
En Sechura destacan las comisiones de Parte Alta (5509 productores), San Andrés (3.989), Margen Derecha (3259) y Margen Izquierda (1255). En el Medio y Bajo Piura sobresalen Casarana (1914), La Bruja (1,401), Puyuntala (1332), Seminario (1326), Chato (1296) y Sinchao (982).
No obstante, el registro dejó fuera a dos de las principales zonas arroceras de la región: el valle del Chira y San Lorenzo.
López explicó que la Junta de Usuarios del Chira optó por no participar debido a que la mayor parte de sus agricultores ya había vendido la cosecha antes de la implementación del programa. En tanto, San Lorenzo no remitió la documentación necesaria para incorporarse al padrón.
Según precisó, la exclusión no respondió a problemas administrativos, sino a la necesidad económica de los productores, quienes debieron comercializar anticipadamente su arroz para afrontar deudas y créditos, además de considerar demasiado complejo el procedimiento establecido por el Estado.
«Ya vendieron el producto porque tienen deudas y créditos pendientes. Además, muchos consideran que venderle al Estado es un proceso muy engorroso y que trasladar el arroz hasta un molino autorizado implica costos adicionales», explicó.
Piura necesitaría S/480 millones para atender la demanda
Como parte del proceso de validación, la Dirección Regional de Agricultura clasificó a los productores en cuatro niveles de prioridad. 14169 agricultores fueron ubicados en el primer nivel de prioridad alta; 3858 en el segundo; 985 en el tercero; y 5694 quedaron en el cuarto nivel, correspondiente a los descartados.
López explicó que la priorización responde principalmente al tamaño de las parcelas, ya que el decreto favorece a los agricultores con menor extensión cultivada. Añadió que la dirección regional continúa depurando los padrones para eliminar registros duplicados, productores fallecidos y agricultores que superan el límite de cinco hectáreas establecido por la norma.
No obstante, aclaró que este proceso constituye únicamente un filtro técnico y que la decisión final corresponderá al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que determinará quiénes accederán finalmente a la venta del arroz.
A las dificultades administrativas se suma la limitada disponibilidad de recursos. Según López, el presupuesto asignado por el Gobierno resulta insuficiente para atender la magnitud de la crisis que enfrenta el sector arrocero en la región.
«Habíamos hecho algunas proyecciones y calculamos que Piura necesitaría, como mínimo, alrededor de S/480 millones. Imagínese, el programa contempla apenas S/100 millones para todo el país; es imposible cubrir la demanda», afirmó.
El Decreto de Urgencia N° 005-2026 destina S/100 millones para la compra extraordinaria de arroz y S/20 millones adicionales para la logística del programa. Sin embargo, el Midagri aún no ha definido cuánto recibirá cada región, ya que primero debe consolidar los padrones remitidos a nivel nacional.
Se espera que hacia el 12 de agosto el ministerio determine el volumen de arroz que adquirirá en cada departamento y la cantidad que podrá vender cada productor seleccionado.
Pese a ello, el director regional advirtió que la medida representa únicamente un alivio temporal.
«Tenemos que ejecutar este decreto para aprovechar los recursos disponibles, pero definitivamente no resolverá el problema de fondo que atraviesa el sector arrocero», concluyó.
