Piura, una de las regiones más prósperas del Perú pero a la vez más vulnerables por el Fenómeno El Niño, acudirá a las urnas el próximo 4 de octubre para elegir a quien conducirá el destino de la región a partir del 01 de enero del 2027, en un contexto climático alarmante y con obras inconclusas que incrementan el riesgo en la población. De las 31 organizaciones políticas que iniciaron el proceso de inscripción, solo 20 lograron registrar sus fórmulas antes del cierre del plazo ampliado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Otras 12 quedaron fuera de competencia por incumplir los requisitos establecidos.
La lista de postulantes al máximo cargo regional incluye a dos exgobernadores regionales, un excongresista de la República que enfrenta un proceso penal, un candidato investigado por presunto tráfico ilegal de palo santo, otros con sentencias por omisión a la asistencia familiar y un consejero regional denunciado por disparar contra un periodista. También aparecen cuestionados empresarios, profesionales del sector privado, docentes, militares en retiro y ciudadanos que participan por primera vez en una elección.
En este primer informe, Norte Sostenible presenta los perfiles de los postulantes para gobernador regional, luego de una exhaustiva investigación de sus hojas de vida, declaraciones juradas ante Contraloría, aportes a partidos políticos, patrimonio, entre otros datos relevantes para que la ciudadanía tome la mejor decisión en las urnas.
Dos exgobernadores buscan retornar al poder
El médico Servando García Correa, exgobernador regional entre 2019 y 2022, intenta retornar al poder luego de una administración fallida y recordada por escándalos de corrupción en el Hospital de Huarmaca y el centro de salud de Máncora; y por las famosas “defensas ribereñas” que durarían 100 años, pero que hoy se caen a pedazos en un tramo del río Piura en la ciudad.
La exautoridad, de 46 años, postula con el movimiento Fuerza Regional, del cual es fundador. Aunque en la campaña electoral pasada prometió concluir los cuatro hospitales estratégicos para Piura (Ayabaca, Huancabamba, Huarmaca y Los Algarrobos), al término de su gestión esa fue su principal deuda. No concluyó ninguno, ya que los contratos fueron resueltos por incumplimientos; y en algunos casos, las investigaciones posteriores alcanzaron a exfuncionarios de su gobierno, algunos de ellos hoy presos por corrupción.
En agosto de 2025 se detuvo a ocho personas, entre ellas a exfuncionarios regionales de la gestión de García Correa por irregularidades relacionadas con una adenda para la compra de equipamiento médico del hospital de Huarmaca que nunca se entregó. Incluso, su exgerente de Infraestructura, Wilmer Vise Ruiz, aceptó los cargos de colusión en esta obra que hasta la fecha continúa paralizada. El caso forma parte de “Los sanitarios de la corrupción”, una presunta red de exfuncionarios de la gestión de García Correa vinculada a hechos ilícitos en el sector salud.
Unos años antes, en 2021, su exgerente general Jesús Torres Saravia, fue recluido en la cárcel por el delito de colusión agravada al haber participado en un proceso de selección para la construcción del centro de Salud de Máncora y haber recibido cartas fianzas falsas del Consorcio Constructor MNDC. El caso se encuentra listo para juicio oral e involucra a varios exfuncionarios de la gestión de García Correa. Incluso, el hoy candidato también fue citado en su momento a declarar por este caso.
Pero la cuestionada obra que se mantiene fresca en la mente de los piuranos, en el contexto del Fenómeno El Niño, es la relacionada con la construcción de las defensas ribereñas en el río Piura, cuyo costo fue de S/ 386 millones. Sin embargo, tras su inauguración, en 2022, se comenzaron a deteriorar; y hoy varios tramos se caen a pedazos.
La Contraloría advirtió en varios informes que no se usaron los materiales adecuados, hubo responsabilidad en la supervisión, se sobrevaloraron los precios y no se ejecutaron algunos trabajos, entre otras irregularidades recogidas por el órgano de control. El resultado es que hoy Piura sigue desprotegida ante grandes caudales de lluvia.
Entre 2010 y 2014, García Correa aportó S/ 5,500 a la campaña de Fuerza Regional, según los reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Tras ganar las elecciones en 2019, Diario Correo reveló que el entonces gobernador regional Servando García Correa declaró ante la ONPE haber recaudado S/ 70,650 para su campaña electoral de 2018 mediante aportes de 16 personas, entre ellas cuatro familiares.
Entre el inicio y término de su gestión como gobernador regional de Piura, Servando García incrementó su patrimonio en 74%.
Al menos cinco de esos aportantes pasaron luego a ocupar cargos en el Gobierno Regional de Piura y varios afrontaban investigaciones o denuncias por presuntos delitos vinculados a corrupción y otros hechos.
Para esta elección, en su declaración ante el JNE el candidato informó ingresos anuales por S/124,610, provenientes de su actividad como médico y de labores de asesoría privada. También registró una vivienda valorizada en 300 mil soles y una motocicleta. Sin embargo, su crecimiento patrimonial es evidente, a juzgar por las declaraciones reportadas a la Contraloría.
Al inicio de su gestión como gobernador, en 2019, declaró un patrimonio de S/370,500. Cuatro años más tarde, al culminar su gestión en 2022, reportó un patrimonio de S/ 647,500, lo que representa un incremento de S/ 277,000, equivalente a un aumento del 74.8% respecto al patrimonio declarado al inicio de su gestión.
En su hoja de vida también informó que laboró como asesor administrativo en Construcciones Progreso MAX SAC, empresa cuyos dueños son sus hermanos Wilmer y el excongresista Idelso García Correa (2022-2026). Esta empresa ha contratado con el Estado por casi S/ 10 millones entre 2011 y 2018.
Norte Sostenible intentó recoger la versión de Servando García mediante llamadas telefónicas y mensajes enviados a su cuenta de WhatsApp. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición el candidato no respondió a nuestros mensajes.
El otro exgobernador que participa en esta contienda es Reynaldo Hilbck Guzmán, quien postula tras perder la segunda vuelta regional en 2022 y fracasar en su intento de llegar al Senado durante las Elecciones Generales de este año, con el partido Renovación Popular. Exalumno de la Universidad de Piura (UDEP), Hilbck regresa a la esfera política esta vez con el partido Alianza Para el Progreso (APP).
Es uno de los candidatos con mayor patrimonio declarado ante el JNE. Para esta ocasión reportó ingresos anuales superiores a S/600 mil, provenientes de su participación en empresas agrícolas y actividades privadas; asimismo, registró bienes que superan los S/ 2,7 millones, distribuidos en diez inmuebles ubicados en Piura, Castilla y Lima, además de cuatro vehículos, entre ellos una camioneta Lexus valorizada en más de S/ 210 mil. También registró acciones en tres empresas por la suma de S/ 750 mil 208.
En su hoja de vida reportada al JNE informó de investigaciones fiscales por el caso Lava Jato, vinculado al Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura (Peihap). Declaró dos procesos por presunta colusión y otros delitos, uno de ellos en etapa intermedia con requerimiento fiscal y otro con investigación preparatoria concluida, además de dos carpetas fiscales por presuntos delitos de colusión y lavado de activos tramitadas por la Segunda Fiscalía Supranacional Especializada.
Las investigaciones se remontan a su desempeño como presidente del Consejo Directivo del Peihap entre 2011 y 2013. Según la Fiscalía, las adendas suscritas durante ese periodo habrían favorecido a la constructora brasileña Camargo Correa y habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado estimado en S/32 millones solo en el primer adicional.
En su descargo a Norte Sostenible, Hilbck rechazó que existan procesos derivados de su gestión como gobernador y sostuvo que las denuncias formuladas durante ese periodo fueron archivadas. «Cuando yo he sido gobernador, he sido el máximo responsable del Gobierno Regional; no tengo ningún proceso. Hay denuncias, como toda autoridad, pero ningún proceso; todo está archivado», afirmó.
Respecto al caso Alto Piura, aseguró que la investigación corresponde a hechos anteriores a su mandato y relacionados con su participación en el Consejo Directivo del Peihap. «Ese órgano no tenía ninguna función ejecutiva. Es el único proceso pendiente. No es cuando he sido gobernador, sino antes, y yo creo que se va a solucionar», señaló.
Un excongresista fujimorista y un consejero regional sentenciado por violencia familiar
Mártires Lizana Santos, de 53 años, busca convertirse en gobernador regional con Fuerza Popular tras una extensa trayectoria en la política. Nacido en Lambayeque, pero residente en Piura desde hace varias décadas, es, junto con Reynaldo Hilbck, uno de los candidatos con mayor exposición pública de esta contienda. Fue alcalde distrital de Huarmaca durante dos períodos consecutivos (2007-2010; y 2011-2014), congresista de la República entre 2016 y 2021 y trabajador del Gobierno Regional de Piura durante la gestión del actual gobernador Luis Neyra (2023-2026).
Su hoja de vida refleja una carrera construida casi exclusivamente en el sector público. Antes de llegar al Parlamento fundó los movimientos regionales Unidad Campesina y Contigo Región, este último fue el partido con el que ganó el actual gobernador regional Luis Neyra. Sin embargo, en esta elección Lizana vuelve a postular bajo la bandera de Fuerza Popular.
En su declaración ante el JNE reportó ingresos anuales por S/ 77 mil provenientes de su cargo público, además de una camioneta Toyota Land Cruiser Prado valorizada en S/50,000, un terreno en Olmos y una vivienda en Lambayeque.
Sin embargo, el análisis de sus declaraciones patrimoniales revela una evolución significativa en los últimos años. En las elecciones congresales de 2016 declaró ingresos por S/82,000 y bienes inmuebles valorizados en S/145,000. Cuatro años después, durante los comicios extraordinarios de 2020, sus ingresos ascendieron a S/376,213, mientras que el valor de sus inmuebles aumentó hasta S/790 mil.
Las declaraciones presentadas ante la Contraloría durante su paso por la función pública muestran una evolución aún más marcada. Como alcalde de Huarmaca, su patrimonio pasó de S/35,000 en 2009 a S/203,000 en 2014. Ya como congresista, alcanzó S/1,02 millones en 2019.
El candidato fujimorista estuvo comprendido en investigaciones por presuntos delitos de colusión agravada, negociación incompatible y malversación de fondos vinculados a su función como alcalde de Huarmaca. Sin embargo, en declaraciones a Norte Sostenible, Lizana sostuvo que dos de los tres procesos penales ya fueron archivados y aseguró que únicamente permanece en trámite el expediente relacionado con la compra de un terreno destinado al futuro terminal terrestre de Huarmaca.
“El resto fue archivado. El único que sigue pendiente es el de la compra del terreno para el terminal”, afirmó. Asimismo, explicó que este caso se encuentra actualmente en una sala judicial para la programación de audiencia y atribuyó su inclusión en la investigación a su condición de representante de la Municipalidad de Huarmaca durante la adquisición del predio.
Según indicó, el conflicto se originó porque no se habrían respetado los derechos de antiguos posesionarios del terreno, situación que derivó en la denuncia presentada por la gestión municipal siguiente. “No hay nada de qué preocuparse. El terreno está inscrito a favor de la municipalidad, tiene expediente técnico y el proyecto sigue su curso”, sostuvo.
Otro de los candidatos con alta exposición pública es Pedro Enrique Alama Farfán, de 50 años. Licenciado en Ciencias Administrativas por la Universidad Nacional de Piura (UNP), fue elegido consejero regional en 2022 como parte de la organización Contigo Región, movimiento con el que Luis Neyra alcanzó la Gobernación Regional.
De hecho, ambos fueron amigos y militantes del mismo partido político. Sin embargo, la alianza duró poco.Tras una serie de discrepancias públicas con el gobernador, donde Alama lo acusó de no pagarle una deuda asumida durante la campaña electoral de 2022, mientras que Neyra respondió señalando que el consejero pretendía ejercer influencia sobre la ejecución de obras regionales, renunció al movimiento en febrero de 2024.
Tres meses después, se afilió a Perú Primero, partido con el que ahora busca convertirse en la máxima autoridad regional. En su declaración jurada presentada al JNE reportó ingresos anuales cercanos a S/120 mil, provenientes de actividades públicas y privadas. Declaró dos inmuebles ubicados en Castilla y Piura valorizados en conjunto en S/420 mil, además de dos vehículos por S/ 20 mil.
Asimismo, declaró una sentencia por el delito de lesiones leves por violencia familiar, un caso por el que el JNE casi lo excluye del proceso electoral. En la actualidad, Alama es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa, luego de que un periodista lo denunciara por haberle disparado, como represalia a investigaciones que venía realizando sobre presuntas irregularidades vinculadas a su organización política. El proceso sigue abierto.
Este medio buscó, mediante llamadas y mensajes de Whatsapp, comunicarse con el candidato, pero hasta el cierre del artículo no fue posible.
Santiago Paz postula por tercera vez
A diferencia de otros candidatos, Santiago Paz López no llega con una trayectoria como autoridad regional o municipal, pero sí con un largo recorrido dentro del cooperativismo agrícola y varias campañas electorales. El ingeniero agrónomo de 58 años ha construido su carrera en organizaciones como Cepicafé y Norandino, desde donde se convirtió en uno de los dirigentes más conocidos del sector cafetalero del norte del país.
Su aspiración al Gobierno Regional tampoco es nueva. Esta es la tercera vez que intenta alcanzar el cargo, después de competir en 2018 —cuando llegó a la segunda vuelta y perdió contra Servando García— y en 2022 cuando ocupó el tercer lugar en la preferencia de la ciudadanía.
Durante su primera campaña electoral se conoció una investigación fiscal relacionada con una presunta falsificación de documentos cuando ejercía funciones dentro de la cooperativa Cepicafé, en agravio de sus asociados. Paralelamente, el Ministerio Público abrió investigaciones sobre la presunta falsificación de firmas durante el proceso de inscripción del movimiento político Región para Todos, con el que postuló dos veces al Gobierno Regional de Piura.
En su hoja de vida reportada al JNE, Paz López consignó 10 predios rurales y urbanos valorizados en más de S/ 900 mil, además de acciones empresariales en Norandino Trading SAC. Sus ingresos anuales bordean los 120 mil soles. El candidato es fundador de la ONG Progreso, de la Cooperativa Cepicafé y de la Cooperativa Norandino, donde actualmente ocupa el cargo de gerente de exportaciones.
Norte Sostenible buscó conversar con el candidato, pero hasta el cierre de este artículo no fue posible.
Empresarios cuestionados
Ely Asdrúbal Calle López, de 55 años, es el candidato de la Alianza Electoral Venceremos. Natural de Ayabaca, es su primera postulación a un cargo público. En su hoja de vida presentada al JNE no registra estudios técnicos o superiores, y desde 2018 es propietario de un taller en Sullana dedicado a la fabricación de piezas de carpintería.
Se afilió al movimiento Adelante Pueblo Unido en enero de 2026, según el JNE. En su hoja de vida reportó dos inmuebles por la suma de S/ 153 mil y cuatro vehículos cuyo valor conjunto supera los S/35 mil. Sin embargo, únicamente declaró S/1,864.08 por concepto de ingresos anuales, sin registrar remuneraciones provenientes de actividades empresariales o laborales.
Como persona natural con negocio, Calle López obtuvo contratos entre 2012 y 2018 con diferentes municipalidades de Piura por la suma de S/ 636 mil 837. Los servicios que ofreció fueron alquiler de maquinaria pesada y adquisición de mobiliario para colegios, entre otros.
De acuerdo con una disposición del Ministerio Público a la que accedió Norte Sostenible, la Fiscalía lo investiga por presuntamente integrar una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de productos forestales, específicamente más de 650 mil kilos de palo santo.
La investigación sostiene que el empresario habría cumplido funciones vinculadas al financiamiento y comercialización del producto una vez incorporado al mercado formal mediante “blanqueo de madera”. Aunque el proceso aún se encuentra en etapa de investigación y no existe una sentencia judicial, se trata de uno de los casos penales de mayor alcance entre todos los candidatos inscritos.
Consultado por Norte Sostenible, Calle rechazó las acusaciones y sostuvo que la investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el fallecido exalcalde de Pacasmayo, Alejandro Vera Palomino, con quien mantenía una disputa por la ejecución de proyectos de aprovechamiento de palo santo en comunidades campesinas. «Mis proyectos de palo santo son proyectos legales, transparentes. Vengo trabajando en ellos desde hace cinco años», señaló.
Precisó que la investigación fiscal continúa en etapa preliminar y cuestionó las diligencias realizadas por el Ministerio Público, al considerar que no se efectuaron las verificaciones técnicas correspondientes en los lugares donde se ejecutaban los proyectos.
Respecto a la diferencia entre los ingresos anuales consignados en su hoja de vida y el patrimonio que declaró, Calle explicó que durante más de tres décadas ha trabajado como contratista y prestador de servicios para empresas privadas, actividad con la que, según afirmó, ha adquirido sus bienes. «Tengo cómo demostrarlo. Todo lo que tengo ha sido producto de mi trabajo», sostuvo.
Otro de los aspirantes al Gobierno Regional es Iván Leonardo Neyra del Rosario, de 40 años, conocido como “Churrupaco”. Natural de Trujillo, postula con el partido Progresemos. Aunque solo es bachiller por la extinta universidad Alas Peruanas, es titular gerente en dos empresas del sector construcción: Servicios Generales Neros E.I.R.L., que fue dada de baja de oficio por la Sunat en octubre de 2024.
Sin embargo, entre 2018 y 2020 esta empresa obtuvo contratos con al menos seis municipalidades de Piura por más de S/2,2 millones. La empresa mantiene una deuda en cobranza coactiva por S/ 21 mil 855, correspondiente a obligaciones con el Tesoro Público, Essalud y ONP. La segunda empresa es Neyra Ferreteros E.I.R.L., también de su propiedad, fue dada de baja de oficio por la Sunat en septiembre de 2025 y mantiene una deuda coactiva de S/ 18 mil 176 con la SUNAT.
Su historial registra, además, tres papeletas de tránsito impuestas por la Municipalidad Provincial de Piura entre 2018 y 2026 por infracciones como estacionar en zonas no permitidas y no portar la documentación exigida para la circulación vehicular. En su hoja de vida declaró dos sentencias por omisión a la asistencia familiar. La primera fue emitida en 2019 por el Primer Juzgado Penal de Piura y ya fue cumplida. La segunda corresponde a una sentencia dictada en septiembre de 2025 por el Primer Juzgado Unipersonal de Tambogrande, que le impuso una pena privativa de libertad suspendida y que continúa vigente.
Exdirector de educación cuestionado y otros candidatos
Elvis Bonifaz López, de 52 años, natural de Ayabaca y residente en el distrito de Castilla, postula con País para Todos. Es licenciado en Educación por la Universidad Nacional de Piura (UNP) y durante casi dos décadas ejerció como docente en instituciones públicas antes de asumir, entre 2020 y 2022, la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP).
En su declaración jurada reportó una vivienda en la urbanización El Bosque, valorizada en S/200 mil, además de tres vehículos por S/ 45 mil. También declaró ingresos anuales por S/58 mil 664, provenientes de su actividad en el sector público. El principal cuestionamiento a su candidatura proviene de tres auditorías de Contraloría realizadas entre 2022 y 2024 que concluyeron que Bonifaz intervino en actos administrativos que ocasionaron un perjuicio económico acumulado superior a S/927 mil al Estado.
Su historial también registra cuatro infracciones de tránsito: en 2021 por conducir con presencia de alcohol en la sangre, además de multas por estacionar en zona prohibida, no portar la tarjeta de identificación vehicular y cruzar un semáforo con luz roja. De acuerdo con el registro consultado, mantiene una deuda de S/6,634.89 por estas infracciones.
Norte Sostenible también buscó la versión de Elvis Bonifaz a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp para recoger sus descargos sobre los hallazgos de este reportaje, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Uno de los últimos candidatos que logró su inscripción fue Guillermo La Torre Gómez, exdirector del Programa Agua Bayóvar y actual funcionario del Gobierno Regional de Piura, y cuya candidatura es considerada como “el continuismo” del actual gobernador Luis Neyra León, una gestión que ha sido calificada como nefasta por expertos y gran parte de la ciudadanía debido a obras inconclusas, resueltas y que han causado rechazo.
Completan la lista de candidatos a gobernador regional de Piura: el docente David Arturo Collazos Maza (Acción Popular), el exmilitar Werner Ernesto Wilhelm Herrera (PPC), el ingeniero y empresario José Antonio Durán Pérez (Renovación Popular), el ingeniero Gerardo Cabrera Córdova (Salvemos al Perú), el abogado Danilo Calle Castillo (APRA), Aníbal Martínez Juárez (FREPAP) el economista Deciderio Rufino Escobar (Partido Patriótico del Perú), Félix Castillo Ramírez (Partido de los Trabajadores y Emprendedores) y María Soledad Peña Morales (Visión Perú).
Editado por Ralph Zapata
Para esta investigación es analizaron las hojas de vida reportadas por los candidatos al JNE, además de las colgadas en Infogob, las DDJJ de Contraloría, la web Aportes Limpios de la ONPE, bases de datos del MTC, SUNAT, documentos públicos y otras fuentes abiertas.
