El Gobierno Regional de Piura adjudicó un proyecto millonario para la mejora de la movilidad urbana con la construcción de un nuevo puente en la intersección de las avenidas Sánchez Cerro y Avelino Cáceres a una empresa que ya se encontraba sancionada en primera instancia. El contrato, valorizado en más de 85 millones de soles, fue suscrito con el Consorcio Ingeniería Diamante, liderado por la cuestionada Corporación Diamante Jubers S.A.C.
La firma del contrato se realizó el 26 de enero de 2026. Para ese entonces, ya era de conocimiento público que el 19 de diciembre de 2025, el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) había emitido la resolución N° 08920-2025-TCP-S1, que inhabilitaba a la empresa en primera instancia.
A pesar de esta severa medida, el comité de selección permitió que el proceso siguiera su curso. El contrato N° 010-2026-GRP establece un compromiso de S/ 85,488,638.17 para la ejecución de obras e intersecciones viales en las avenidas Sánchez Cerro y Andrés Avelino Cáceres bajo el sistema de diseño y construcción.
Un contrato cuestionable
El ejecutor de esta obra es el Consorcio Ingeniería Diamante, una alianza donde la Corporación Diamante Jubers S.A.C. tiene el 95% de participación. El 5% restante corresponde a la empresa Pedelta Colombia SAS, conformando así el equipo responsable de una de las infraestructuras más importantes de la ciudad.
Según las cláusulas del contrato, la representación legal del grupo recae en Rover Aliende Ramos Rodriguez, mientras que por parte del Gobierno Regional firmó el Gerente Regional de Infraestructura, Fernando Anthony Santa Cruz Aguilar.
El proyecto, denominado formalmente “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en el puente vehicular urbano, intersección de la avenida Sánchez Cerro y Andrés Avelino Cáceres y sus accesos de Piura», busca descongestionar una de las zonas de mayor tráfico diario en la ciudad.
La inversión total se desglosa en dos rubros principales: el Componente diseño, valorizado en S/ 3,653,251.11 y que estará a cargo de Pedelta Colombia SAS y el Componente obra, que absorbe la mayor parte con S/ 81,835,387.06 y que ejecutará la ahora ya inhabilitada Jubers SAC.
Contrato para el Puente en Óvalo Cáceres by sosteniblenorte
En cuanto a los plazos, el consorcio tiene un margen de 510 días calendario para entregar la obra completa. Este tiempo se divide en 150 días para la elaboración del expediente técnico (diseño) y 360 días para la ejecución física de los trabajos.
Un punto que genera alarma son los adelantos financieros estipulados. El Gobierno Regional se obligó a otorgar un adelanto directo del 30% para el componente de diseño y un 10% para el componente de obra una vez aprobado el expediente técnico. Esto significa que millones de soles serán comprometidos con una empresa cuya inhabilitación fue ratificada poco después de la firma del contrato de esta obra.
Al concurso público para esta obra se presentaron 20 postores, entre los que destacaba Yaksetig Guerrero SA y Pronte Ingenieros SAC. Sin embargo, el comité de selección solo admitió dos ofertas: Consorcio Piura, integrado entre otros por Construcciones y Servicios Dieguito SAC (a cargo de la obra en Av. Grau); y Consorcio Ingeniería Diamante, a la que finalmente se le adjudicó el proyecto. El primer consorcio fue descalificado porque no acreditó experiencia de su personal clave.
Una suma de pésimos antecedentes
La sanción que pesaba sobre Jubers S.A.C. no era un error administrativo menor. El Tribunal determinó que la empresa presentó información falsa e inexacta para perfeccionar un contrato de agua y alcantarillado en Cusco, vulnerando la fe pública. Esta falta es considerada una de las más graves en la gestión de contrataciones públicas.
Apenas semanas después de la firma en Piura, el 9 de febrero de 2026, la Primera Sala del TCE ratificó la sanción mediante la resolución N° 01424-2026-TCP-S1. Con este fallo, la inhabilitación de la empresa quedó firme por un periodo de 26 meses, extendiéndose hasta abril de 2028.
La buena pro de este contrato había sido otorgada el 30 de diciembre de 2025 por el Comité de Selección del Gobierno Regional de Piura, integrado por Junior Céspedes Espinoza, César Pereda Medina y Marino Tafur Castillo. Estos funcionarios aceptaron la propuesta de Jubers a pesar de que la sanción en primera instancia ya había sido emitida diez días antes.
Al respecto, Juana Huaco, experta en gestión pública de la Universidad de Piura (UDEP), dijo que es bastante sospechosa la entrega de esta obra a una empresa sancionada. “¿Qué interés hay allí? ¿Es un interés de que yo te doy y yo gano algo? Eso es corrupción, no hay forma. Si ya está observada por malos manejos, el poner datos falsos ya es indicativo de algo. ¿Dónde están las autoridades de justicia?”, cuestionó la especialista.
Por su parte, Mela Salazar, presidenta de la Asociación Civil Vigilia Ciudadana, señaló que hay muchas dudas y sospechas con este nuevo contrato. ¿Qué tipo de colusión habrá que se le sigue favoreciendo a esta contratista, que ya tiene inhabilitación? Parece que hubiera un cordón umbilical con Jubers. La obra del centro es un desastre, y que se le vuelva a “premiar” con otra obra, ¿de qué estamos hablando?”, se preguntó la experta.
Este nuevo contrato se suma al ya controvertido proyecto del drenaje pluvial y pistas del Centro Histórico, también en manos de Jubers por 113 millones de soles. En dicha obra, la empresa ha demostrado una alarmante falta de especialidad técnica, habiendo ganado la licitación acreditando experiencia en puentes pero nula pericia en sistemas hidráulicos.
Norte Sostenible solicitó una entrevista con voceros de la empresa Corporación Diamante Jubers SAC, pero a pesar de que les escribimos a su Whatsapp, hasta el cierre de este artículo no nos respondieron.
En síntesis, la firma de este contrato el 26 de enero de 2026 marca un precedente nefasto para Piura. Mientras la empresa principal del consorcio permanece impedida de contratar con el Estado hasta 2028, los recursos públicos para mejorar la movilidad urbana de la región quedan atados a una entidad que, según el propio Tribunal de Contrataciones, falseó documentos para ganar proyectos anteriores.
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