Las obras de modernización del centro histórico de Piura, valorizadas en más de S/113 millones, atraviesan uno de sus momentos más delicados desde su inicio en septiembre de 2025. El megaproyecto comprende dos intervenciones ejecutadas de manera simultánea por la empresa Corporación Diamante Jubers S.A.C.: el drenaje pluvial urbano, con un presupuesto superior a S/68,2 millones, y la recuperación de pistas y veredas, valorizada en más de S/44,9 millones.
Sin embargo, el principal foco de preocupación se concentra en el Ítem I, correspondiente al drenaje pluvial, cuyo avance físico se encuentra muy lejos de las metas previstas y amenaza con desencadenar una situación extrema: la resolución del contrato.
Según la información más reciente del portal Invierte.pe, al mes de abril de 2026 la obra de drenaje pluvial presenta un avance físico real de apenas 10,48%, mientras que el avance programado era de 91,05%. En otras palabras, el proyecto se encuentra atrasado en un 80,57%.
La cifra resulta especialmente preocupante si se considera que el plazo contractual original contemplaba culminar los trabajos en abril de este año. Sin embargo, tras sucesivas ampliaciones, la fecha de entrega ha sido reprogramada hasta el 9 de julio de 2026.
“Ya deberíamos estar terminando la obra. Estamos en la séptima valorización con un avance de apenas 10,48%. No hacemos ni siquiera una tercera parte de la obra y la ampliación hasta el 9 de julio no va a alcanzar”, afirmó para Norte Sostenible, Robert Sánchez, consejero regional de Piura, quien ha liderado tres acciones de fiscalización sobre el proyecto.
¿Puede resolverse el contrato?
La posibilidad de resolver el contrato contrasta con la postura que ha mantenido el gobernador regional, Luis Neyra, quien ha asegurado en reiteradas ocasiones que las empresas que incumplan plazos o ejecuten obras deficientes serán sancionadas con la terminación de sus contratos.
“Contratista que no haga bien las cosas, se le resolverá el contrato”, enfatizó.
No obstante, aplicar esa medida en el caso del drenaje pluvial podría generar consecuencias mucho más complejas que en otros proyectos.
“Si el Gobierno Regional resuelve el contrato, las consecuencias son que no se podrían hacer pistas y veredas y que nuestra ciudad quedaría así como está, con todas las calles abiertas sin poder colocar la losa, y los más perjudicados serán los comerciantes”, sostuvo.
Sánchez explicó que la normativa de contrataciones permite exigir calendarios acelerados a la empresa cuando los atrasos superan determinados límites. Sin embargo, cuando el incumplimiento persiste, la entidad puede optar por resolver el contrato.
“Normalmente, cuando ocurre eso, el contrato ya se hubiera resuelto. Sucedió en el estadio, sucedió en Cascapampa y sucedió en la carretera entre Ignacio Escudero y Sullana”, señaló.
La preocupación es compartida por el decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Manuel Asmat, quien considera que la resolución contractual es una alternativa legalmente viable, aunque no necesariamente la más conveniente.
“Cuando una empresa tiene un retraso muy alto, la Ley de Contrataciones prevé la posibilidad de resolver el contrato. Si se da, se debe hacer el análisis y buscar alternativas. Se puede cambiar a la empresa a través de un expediente de saldo de obra”, indicó.
Sin embargo, añadió que cualquier reemplazo debería garantizar mayores capacidades técnicas.
“La idea no es caer en lo mismo. Si se le resuelve el contrato a una empresa por deficiencias, la idea es encontrar una empresa mucho más capacitada y mejorar los criterios de evaluación”, afirmó.
Más de S/8 millones en adicionales
Uno de los aspectos que más cuestionamientos ha generado es el incremento progresivo del costo de la obra debido a prestaciones adicionales originadas por deficiencias en el expediente técnico.
El primer adicional aprobado ascendió a aproximadamente S/2,9 millones.
El segundo corresponde a la Prestación Adicional de Obra N° 02 por S/4’921.419,62, destinada a la construcción de cajas de paso y acometidas para redes de telecomunicaciones.
Según la Resolución Regional 121-2026, este gasto fue necesario porque el expediente técnico original no contempló el acondicionamiento de conexiones domiciliarias de telecomunicaciones, pese a tratarse de una intervención en pleno centro histórico de la ciudad.
“Ya estamos hablando de casi 8 millones de adicionales que implican aproximadamente un 11,5% adicional sobre los S/68 millones que costaba originalmente la obra”, cuestionó Sánchez.
El adicional representa por sí solo una incidencia de 7,21% respecto al presupuesto contractual original de S/68,2 millones y requiere un plazo de ejecución de 135 días calendario.
Para el consejero regional, estos incrementos reflejan problemas estructurales en la formulación del proyecto.
“Este incremento de casi ocho millones de soles es consecuencia de una mala planificación y de la falta de experiencia en la elaboración del expediente técnico”, sostuvo.
Pero los problemas no terminan ahí. La Prestación Adicional de Obra N°04 obligó a aprobar un Presupuesto Deductivo Vinculante por S/4’853.035,08.
En términos prácticos, se trata de eliminar partidas contempladas en el diseño original, como los buzones eléctricos tipo III, porque incumplían criterios técnicos y normativos.
La modificación surge debido a que los sistemas de media tensión y baja tensión requieren estructuras independientes, conforme al Código Nacional de Electricidad.
Aunque el deductivo resta recursos del contrato original, su efecto final no implica un ahorro. Por el contrario, permite sustituir infraestructura mal diseñada por nuevas estructuras que sí cumplen los estándares técnicos.
El efecto sobre el componente de pistas y veredas
El retraso del drenaje ya comenzó a impactar directamente en el segundo componente. La obra de movilidad urbana registra un avance acumulado de 11,01%, frente al 13,28% programado.
Además de una ampliación previa de 40 días, el Gobierno Regional aprobó mediante la Resolución Gerencial Regional N.° 071-2026 una nueva ampliación parcial de 21 días calendario, trasladando la fecha de culminación al 2 de julio de 2027.
Para Sánchez, el problema era previsible porque ambos contratos fueron concebidos para ejecutarse de manera simultánea.
“Pistas y veredas depende directamente del avance del drenaje. Si el primer ítem no avanza, el segundo inevitablemente termina afectado”, explicó.
El consejero sostiene que el principal error fue aprobar un expediente técnico que proyectaba culminar una intervención de esta magnitud en apenas siete meses.
“Una obra de esta envergadura no podía hacerse en siete meses. El expediente técnico estuvo mal elaborado y eso nos ha llevado a esta situación”, afirmó.
Por otro lado, Sánchez recordó que el Consorcio Diamantes Jubers SAC, responsable de las dos obras del centro histórico, no acreditó experiencia previa en proyectos de drenaje pluvial urbano de similar complejidad.
“Genera suspicacia que para una obra de esta magnitud no se exigiera experiencia específica en drenaje pluvial. Había muchas empresas que sí tenían antecedentes en este tipo de proyectos”, señaló.
Las dudas aumentan luego de que la misma empresa resultara adjudicataria de la futura obra del bypass de la avenida Sánchez Cerro.
Para el decano Manuel Asmat, esta decisión requiere una explicación técnica sólida.
“Las dudas están ahí. A esa empresa se le acaba de adjudicar la obra del bypass en Sánchez Cerro. El gobernador debe ser más crítico con quienes trabaja; si ya tiene deficiencias, adjudicarle una nueva obra agrava mucho las dudas”, advirtió.
Sánchez también advirtió sobre la necesidad de fiscalizar las garantías financieras del contrato. Según explicó, la empresa aún mantiene importantes montos pendientes por adelantos recibidos, mientras algunas cartas fianza estarían próximas a vencer. Por ello, recomendó reforzar el control de estas garantías para evitar que una eventual resolución contractual impida recuperar recursos públicos y genere un perjuicio económico para la región.
“No podemos llegar al extremo de resolver el contrato y encontrarnos después con que no hay forma de recuperar el dinero”, señaló.
Para el consejero, la prioridad debe ser evitar que una eventual resolución contractual termine convirtiéndose en una pérdida económica irreparable para la ciudad.
