Juzgado consideró que existe peligro de fuga debido a la gravedad de las penas y los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía. Defensas apelarán la decisión.
Piura acumula 51 homicidios en menos de cinco meses y alcanza su registro más crítico de los últimos años. Mientras el Gobierno extiende por tercera vez el estado de emergencia, Sullana concentra más de la mitad de los asesinatos y se consolida como el principal foco del sicariato en la región. El exministro Carlos Basombrío advierte que Piura ya figura entre las zonas más golpeadas por el crimen organizado en el país y cuestiona la eficacia de la estrategia de seguridad del Ejecutivo.
La constructora Diamante Jubers SAC evita pronunciarse sobre el contrato del by pass del óvalo Cáceres (S/ 85 millones), pese a las observaciones sobre su adjudicación. Su defensa se sostiene en una medida cautelar obtenida en marzo de 2026, de carácter estrictamente temporal. Para acceder a este recurso legal, la empresa pagó una contracautela de S/ 150 mil. El proceso contencioso administrativo —que definirá su situación— está en manos de la misma sala que le otorgó dicha medida cautelar.
El contrato para construir un puente clave en el Óvalo Cáceres fue firmado pese a que la empresa líder del consorcio ya estaba sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La inhabilitación, emitida antes de la firma del contrato, fue luego ratificada por 26 meses. Aun así, se comprometió más de S/ 85 millones del presupuesto público de todos los piuranos. Expertos advierten posibles irregularidades y cuestionan la transparencia del proceso.
El proyecto de pistas y drenaje pluvial, clave para evitar inundaciones en el Centro Histórico, fue adjudicado por S/ 113 millones a una contratista sancionada por presentar información falsa. La Corporación Diamante Jubers SAC arrastra antecedentes, falta de experiencia en drenaje y cuestionamientos en otras regiones. La obra registra un retraso crítico de casi 50% y presenta fallas en su expediente técnico. Especialistas y sociedad civil exigen investigar al Gobierno Regional por presunto favorecimiento y riesgos de corrupción.
El avance de la obra no supera ni el 10% de lo programado y enfrenta serias dificultades técnicas, como interferencias no previstas y cambios en el diseño, lo que pone en duda el cumplimiento del nuevo plazo y prolonga el impacto en la población del centro histórico.
El proyecto de drenaje pluvial apenas alcanza un 5.35% de avance frente al 55.02% programado y ahora culminará el 9 de julio de 2026; mientras que pistas y veredas avanzan 11.01% con retraso de 2.27% y extensión de 40 días; ambas obras, iniciadas el 23 de septiembre de 2025, están a cargo del Consorcio Diamante JUBERS SAC y presentan deficiencias técnicas y conflictos que ponen en duda su ejecución.
Cientos de familias del condominio en Veintiséis de Octubre salieron a las calles ante un servicio restringido y, por momentos, inexistente. Aunque Indecopi ordenó garantizar agua las 24 horas y multó a la inmobiliaria DH Mont, la resolución sigue en apelación. Los residentes advierten que la entrega de nuevas torres agravará la crisis hídrica en el complejo. Denuncian publicidad engañosa y exigen la intervención urgente de autoridades como Sunass, EPS Grau y la Defensoría del Pueblo.
Tres informes de la Contraloría General de la República revelan incumplimientos graves en el Paquete 11 de la Reconstrucción con Cambios. El consorcio a cargo acumula retrasos de hasta 130 días en expedientes técnicos clave. Pese a ello, la ANIN no habría aplicado penalidades, afectando el inicio de obras en Talara, Sechura y Máncora. Las fallas técnicas, ambientales y de gestión comprometen más de S/ 23 millones y la atención de miles de piuranos.
El cierre de La Choza tras 25 años expone el impacto de la construcción del Teatro Municipal en el centro de Piura. Restaurantes con ventas caídas hasta en 80%, viviendas dañadas y calles bloqueadas revelan una obra sin diálogo ni planificación social. Vecinos denuncian inseguridad, basura y falta de respuestas de la municipalidad y el Consorcio Piura. Mientras el proyecto presenta retrasos y limitaciones presupuestales, crece la incertidumbre en una zona convertida en cerco y resistencia.
