La Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura confirmó los nueve meses de prisión preventiva contra William Eduardo Seminario Girón, esposo de la pediatra Minosska Pinto Lazo, y los otros cuatro investigados por el crimen ocurrido en abril de este año. La decisión fue adoptada por unanimidad por los magistrados Tulio Villacorta, Gladys Quiroga y Melina Timaná, quienes consideraron que se mantienen vigentes los requisitos legales para que los imputados continúen recluidos mientras avanzan las investigaciones.
La resolución alcanza también a Luis Alejandro Rojas Guillén, Junior Francisco Miñán Seminario, Cristian Alberto Sócola Bayona y Sergio Junior Sevillano Gutiérrez, todos investigados por el presunto delito de sicariato.
La sospecha contra William Seminario
Uno de los principales argumentos de la Sala para confirmar la medida fue la existencia de una «sospecha fuerte» respecto a la presunta participación de William Seminario como autor intelectual e instigador del asesinato de su esposa. Según el tribunal, esta hipótesis se sustenta principalmente en las declaraciones de dos coimputados que lo señalan como la persona que habría ordenado el crimen.
Durante la lectura de la resolución, el magistrado Tulio Villacorta sostuvo que ambos testimonios resultan relevantes porque no se ha acreditado la existencia de algún interés particular para perjudicar al médico.
“Porque hay una sospecha fuerte sobre su rol de instigador, en este caso en particular información por dos personas que son coinvestigadas y que no tienen ningún ánimo perverso o de venganza que se nos haya informado en el presente proceso”, señaló.
La Sala también destacó que uno de los investigados identificó a Seminario no solo como “el doctor”, sino que proporcionó su nombre completo, lo que, a criterio de los jueces, reduce cualquier posibilidad de confusión sobre la persona sindicada.
La defensa argumentó que William Seminario cuenta con arraigo familiar, domiciliario y laboral debido a que ejerce como médico de EsSalud. Sin embargo, el colegiado consideró que dichos elementos pierden fuerza frente a la gravedad del delito imputado y la expectativa de una eventual condena.
“Ellos, sumado a una potente pena como es la cadena perpetua, eclipsan el arraigo laboral informado o el arraigo familiar. Y con ello, evidentemente, se configura el peligro procesal de fuga, se vuelve un peligro real”, afirmó Villacorta.
Durante la audiencia de apelación, William Seminario intervino para solicitar que se revoque la medida de prisión preventiva y reiteró que es inocente de los cargos que se le atribuyen.
“Pido que realmente se liberen a quienes son inocentes y yo soy uno de ellos. Deseo que se haga justicia. Quiero estar con mi hijo, es la única familia que me queda, lo único que me queda de mi esposa. Hasta el último día que estuve en libertad laboré, nunca he estado en contra de la justicia, siempre he colaborado”, manifestó ante los magistrados.
Seminario también argumentó que cuenta con arraigo laboral y económico en Piura, debido a que trabaja en EsSalud y administra otras actividades privadas.
“Yo soy un médico en EsSalud. Tengo dos negocios más como ingreso. Debido a ello, yo debo estar presente para realizar algunas acciones administrativas”, señaló.
Sin embargo, la Sala consideró que estos elementos no resultan suficientes para neutralizar el peligro de fuga. Según el magistrado Tulio Villacorta, la gravedad de la imputación y la posibilidad de afrontar una condena de cadena perpetua terminan por prevalecer sobre el arraigo familiar y laboral alegado por el investigado.
Las razones contra los otros investigados
En el caso de Luis Alejandro Rojas Guillén, sindicado como presunto autor material del crimen, la Sala valoró registros de videovigilancia y el reconocimiento realizado por un taxista que lo habría trasladado después del asesinato. Además, consideró que su desplazamiento a Talara tras los hechos constituye un indicio de intención de eludir a las autoridades.
Respecto a Junior Miñán Seminario, señalado como conductor de la motocicleta utilizada durante el seguimiento a la víctima, los jueces tuvieron en cuenta imágenes de videovigilancia y su propia declaración, en la que admitió haber participado en el traslado de los involucrados, aunque aseguró que creía que se trataba de un robo.
Para Cristian Sócola Bayona, la Sala destacó que aparece en videos realizando labores de vigilancia a la médica y que en su vivienda fue hallada la pistola que, según los peritajes balísticos, coincide con el arma utilizada en el homicidio.
En tanto, Sergio Junior Sevillano Gutiérrez quedó vinculado al caso por el hallazgo de armas de fuego en su domicilio, entre ellas la utilizada en el crimen, así como por una transferencia económica que habría servido para financiar el traslado de los presuntos sicarios hacia Talara. El tribunal también tomó en cuenta que registra antecedentes por homicidio.
Investigación aún no está cerrada
Pese a la decisión judicial, la investigación fiscal aún se encuentra en etapa preparatoria y mantiene diligencias pendientes consideradas relevantes para esclarecer el caso. Entre ellas figuran el levantamiento del secreto de las comunicaciones, la revisión de los teléfonos celulares de William Seminario y de Minosska Pinto, así como la identificación de dos personajes mencionados por los investigados bajo los alias de “el Viejo” y “el Gordo”.
También continúa bajo investigación el móvil del crimen. La Fiscalía evalúa distintas hipótesis relacionadas con conflictos conyugales, aspectos económicos y seguros de vida, mientras familiares y allegados de la médica han solicitado ampliar las pesquisas hacia su entorno profesional y financiero.
Con esta decisión, los cinco investigados permanecerán en el penal de Piura mientras el Ministerio Público concluye las diligencias pendientes y define si formula una acusación formal por el asesinato de la pediatra.
