Más de 200 ciudadanos, entre vecinos, profesionales, comerciantes y representantes de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que rechazan las recientes declaraciones del gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, sobre la ejecución de las obras del Centro Histórico y el sistema de drenaje pluvial. Los firmantes sostienen que las afirmaciones de la autoridad descalifican la vigilancia ciudadana y exigen mayor transparencia en la ejecución de ambos proyectos.
En el documento, los firmantes expresan su rechazo a las afirmaciones realizadas por la autoridad regional durante una entrevista televisiva y sostienen que estas no solo descalifican el trabajo de vigilancia ciudadana, sino que además desconocen el derecho de la población a fiscalizar el uso de los recursos públicos.
«Las declaraciones contienen ambigüedades, falsas afirmaciones y ofensas contra ciudadanos que ejercen legítimamente su derecho a la vigilancia ciudadana», señala el pronunciamiento.
Los ciudadanos recuerdan que el control social sobre las obras públicas constituye un derecho reconocido por la Constitución y por la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública. En ese sentido, afirman que sus observaciones no obedecen a intereses políticos, sino a la preocupación por el impacto que las obras tendrán sobre el patrimonio histórico, el comercio y la calidad de vida de quienes residen en el centro de la ciudad.
Exigen información técnica
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la falta de información técnica sobre la ejecución de los proyectos.
Los colectivos sostienen que desde el inicio de las obras han solicitado conocer aspectos como el expediente técnico, el presupuesto actualizado, las modificaciones realizadas durante la ejecución, el cronograma de trabajos y las responsabilidades de las empresas contratistas.
«Como ciudadanos desconocemos incluso la denominación oficial de la obra y los detalles de su ejecución», señalan.
Asimismo, indican que han solicitado conocer la existencia y vigencia de cartas fianza, las penalidades aplicadas a los contratistas, el cuaderno de obra y los informes de supervisión, información que consideran indispensable para ejercer una adecuada fiscalización.
Frente al escenario de confrontación, los ciudadanos plantean la instalación de una mesa de diálogo encabezada por el Gobierno Regional de Piura e integrada por instituciones técnicas y de control.
Entre las entidades que proponen convocar figuran la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Ingenieros del Perú, la Cámara de Comercio y Producción de Piura y otros organismos especializados, con el objetivo de transparentar la ejecución de los proyectos y resolver las observaciones formuladas por la ciudadanía.
«Seguiremos vigilando»
Los firmantes también rechazan cualquier intento de desacreditar la participación ciudadana y aseguran que continuarán ejerciendo vigilancia sobre el desarrollo de las obras.
«Nuestra participación responde únicamente al interés de proteger el patrimonio de Piura y garantizar que las inversiones públicas se ejecuten correctamente», sostienen.
Finalmente, exhortan al Gobierno Regional a mantener un diálogo respetuoso con la población y a responder con información verificable a las interrogantes planteadas por los vecinos.
El pronunciamiento se suma al debate generado por las obras que actualmente se ejecutan en el Centro Histórico de Piura, uno de los proyectos urbanos de mayor inversión en la región, y reabre la discusión sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana durante la ejecución de obras públicas.
