A menos de cuatro meses del inicio del periodo de lluvias previsto por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Piura vuelve a encarar un escenario peor al que dejó el Fenómeno El Niño de 2017. Sin embargo, para el Instituto Peruano de Economía (IPE), el problema trasciende la amenaza climática. La verdadera vulnerabilidad de la región continúa siendo estructural, debido a una infraestructura hídrica insuficiente y un Estado que no ha logrado traducir los diagnósticos técnicos en obras de prevención.
Paola Herrera, economista senior del IPE, señala que el crecimiento de 13,2% registrado por el sector agropecuario piurano entre enero y abril de este año responde principalmente a la recuperación de cultivos como el arroz y el limón. No obstante, considera que ese desempeño podría revertirse si se confirma un Fenómeno El Niño de intensidad fuerte, previsto para los próximos meses.
«La inversión necesaria para prevenir los impactos negativos todavía no se ha realizado. En el 2017 vimos que el país no estaba preparado y ahora volvemos a enfrentar una amenaza similar o peor sin haber cerrado las principales brechas de infraestructura», sostuvo.
Infraestructura pendiente
Uno de los principales factores de vulnerabilidad, explica Herrera, es el limitado desarrollo de infraestructura para una gestión eficiente del agua. Si bien Piura presenta una menor dependencia de las lluvias que otras regiones del país —menos del 30% de su superficie agrícola depende exclusivamente de las precipitaciones—, la tecnificación del riego continúa siendo reducida.
De acuerdo con el análisis del IPE, apenas el 1,7% de la superficie agrícola dispone de sistemas de riego tecnificado, mientras que alrededor del 70% continúa utilizando métodos tradicionales, con menor capacidad para optimizar el recurso hídrico frente a periodos de sequía o lluvias intensas.
«La infraestructura para gestionar el agua sigue siendo una tarea pendiente. Mejorar el riego tecnificado permitiría reducir la vulnerabilidad de los agricultores y aumentar la productividad del sector», explicó.
La especialista añade que el fortalecimiento del agro requiere también innovación tecnológica, desarrollo de semillas más resistentes y asistencia técnica permanente para los pequeños productores, de modo que puedan responder tanto a las variaciones climáticas como a las exigencias del mercado.
Un problema de gestión pública
Para el IPE, la principal limitación no es necesariamente presupuestal. Herrera sostiene que el Estado mantiene problemas de planificación, continuidad de políticas públicas y ejecución de inversiones.
Según indicó, existen más de 2.000 proyectos vinculados a la gestión del riesgo de desastres que permanecen paralizados o abandonados en el país. Más de la mitad corresponde a gobiernos regionales y municipalidades.
«Muchos de estos son proyectos antiguos que debieron ejecutarse hace varios años. En muchos casos los recursos existen, pero las obras no avanzan por problemas de gestión, planificación y capacidades técnicas», indicó.
Herrera señaló que la constante rotación de ministros y funcionarios durante los últimos años también ha debilitado la continuidad de las políticas públicas. A ello se suma la falta de articulación entre la información técnica que producen las entidades especializadas sobre zonas de riesgo y la priorización efectiva de las inversiones públicas.
«Tenemos instituciones que identifican claramente cuáles son las áreas más vulnerables a inundaciones y otros desastres, pero esa información no termina traduciéndose en proyectos ejecutados donde más se necesitan», afirmó.
Riesgos para la economía regional
Las consecuencias, advierte Herrera, podrían sentirse mucho más allá del sector agrícola. Durante las lluvias de 2023, originadas por el Ciclón Yaku, la producción agropecuaria de Piura cayó 13% debido a las pérdidas registradas en cultivos como mango, uva, limón, caña de azúcar y arándano.
Para esta campaña, el retraso en la floración provocado por las altas temperaturas ya genera preocupación entre las empresas agroexportadoras. Si a ello se suman lluvias intensas durante el verano de 2027, el impacto podría extenderse a buena parte de las exportaciones agrícolas del norte del país.
El efecto también alcanzaría al mercado laboral. La agroexportación constituye uno de los principales motores del empleo formal en Piura y cualquier reducción en la producción implica menores contrataciones durante las campañas agrícolas.
«La agroindustria permitió formalizar una parte importante del empleo regional. Si disminuye la producción de exportación, también caerá el empleo formal y los ingresos de miles de familias», advirtió.
Por otro lado, el IPE estima que un eventual Fenómeno El Niño podría generar incrementos temporales en el precio de algunos alimentos debido a problemas de oferta, aunque descarta un impacto inflacionario prolongado. Herrera explicó que este tipo de choques climáticos suele afectar productos específicos, como ocurrió anteriormente con el limón y, actualmente, con algunas especies hidrobiológicas.
La especialista señaló que el mayor golpe económico recaería sobre los cultivos de agroexportación, como el mango, la uva y el arándano, por lo que el efecto sobre la canasta familiar sería limitado. Sin embargo, alimentos de consumo cotidiano, como el limón y algunos pescados, podrían registrar alzas transitorias mientras se normaliza la producción y el abastecimiento.
«No va a ser un efecto permanente. El mercado suele adaptarse en uno o dos meses y los precios tienden a estabilizarse», indicó Herrera. No obstante, advirtió que el principal costo económico del fenómeno no estará en la inflación, sino en la caída de la producción, las exportaciones, el empleo formal y la actividad económica si el país vuelve a enfrentar las lluvias sin la infraestructura de prevención necesaria.
Prevenir cuesta menos que reconstruir
Desde una perspectiva macroeconómica, Herrera sostiene que la falta de prevención termina generando costos significativamente mayores para el Estado que la ejecución oportuna de obras de mitigación.
Explica que cuando colapsan carreteras, puentes o infraestructura hidráulica no solo aumenta el gasto en reconstrucción, sino que también se interrumpe la cadena logística, disminuye el turismo, se afectan las exportaciones y se reduce la recaudación tributaria debido a la menor actividad económica.
«La opción menos costosa siempre será invertir en prevención. Cuando una obra falla no solo se pierde la infraestructura; también se paraliza el transporte, aumentan los costos para las empresas y se afecta el crecimiento económico», señaló.
Aunque reconoce que muchas brechas ya no podrán cerrarse antes del inicio de las lluvias, considera que todavía existe un margen para acelerar proyectos prioritarios y reducir los riesgos inmediatos.
«Hay obras que aún pueden concluirse antes de noviembre si se agilizan los procedimientos administrativos. Paralelamente, el Estado debe planificar desde ahora la respuesta frente a los sectores que podrían resultar más afectados. Renunciar a ejecutar lo que todavía es posible no debería ser una alternativa», concluyó.
Portada: Ministerio de Agricultura
