A pocas horas de que venza el plazo otorgado por el Gobierno para culminar el empadronamiento de productores que accederán a la compra extraordinaria de arroz, los agricultores de Piura advierten que el proceso avanza entre demoras, requisitos que consideran excesivos y una incertidumbre que amenaza con dejar fuera a miles de pequeños productores.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) estableció que las direcciones regionales debían remitir hasta el 12 de julio los padrones consolidados de agricultores que podrán vender su producción al Estado, en el marco del Decreto de Urgencia N.° 005-2026, que destina S/120 millones para la adquisición extraordinaria de arroz pilado destinado posteriormente a programas sociales.
Sin embargo, a un día del cierre del proceso, dirigentes agrarios aseguran que buena parte de los pequeños productores aún no logra completar la documentación exigida y temen que el programa termine beneficiando principalmente a los grandes molinos.
«El Estado sigue burlándose de nosotros»
El presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Sechura, del Medio y Bajo Piura, Máximo Valdiviezo Delfín, sostuvo que el cronograma fijado por el Gobierno dificulta el acceso de los agricultores al programa.
«Hoy tenemos plazo para entregar la documentación porque el cierre es el domingo 12, pero ese día nadie trabaja. Es como burlarse prácticamente de nosotros», cuestionó.
El dirigente explicó que, aunque muchos productores lograron iniciar el empadronamiento, aún deberán superar una etapa de evaluación a cargo de la Dirección Regional de Agricultura.
«Nos hemos empadronado, pero falta la evaluación. Quién sabe si pasaremos o no pasaremos», indicó.
Valdiviezo también cuestionó que, pese a que las comisiones de usuarios ya cuentan con la información de los agricultores —como el pago de la tarifa de agua y la ubicación de los predios—, el Estado continúe exigiendo nuevos documentos.
Entre ellos figura una declaración jurada y la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), requisito que, según el dirigente, muchos pequeños productores no poseen.
«La mayoría de nosotros no tiene RUC porque somos pequeños agricultores. La mayoría en el Bajo Piura cultiva media hectárea o una hectárea y ahora nos exigen trámites que nunca hemos necesitado», afirmó.
También recordó que el programa está dirigido únicamente a agricultores familiares con predios de hasta cinco hectáreas, aunque advirtió que muchos ni siquiera llegarán a esa etapa debido a las exigencias administrativas.
Otro de los principales obstáculos es la exigencia de que el arroz sea procesado en molinos que cuenten con la certificación de Principios Generales de Higiene (PGH), requisito sanitario establecido en los lineamientos aprobados por el Midagri.
El presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Valle San Lorenzo, Santos Portilla Huarnizo, aseguró que prácticamente ningún molino de la región cuenta con esa certificación.
«En Piura solamente un molino tiene el PGH. Los demás no lo tienen y eso demuestra que el Gobierno ha puesto requisitos imposibles para que los pequeños agricultores no podamos vender nuestro arroz», sostuvo.
El dirigente explicó que esta condición obliga a los productores a buscar molinos certificados fuera de sus localidades, elevando considerablemente los costos de transporte y procesamiento.
«Aquí en San Lorenzo apenas hemos reunido unos 40 usuarios y ninguno ha podido completar los requisitos por el tema del PGH. Toda la región Piura podría quedarse fuera», advirtió.
Productores venden por necesidad
Mientras el proceso administrativo continúa, numerosos agricultores han optado por vender su arroz a precios inferiores a los esperados para poder afrontar sus obligaciones financieras.
«Muchos ya han vendido porque tienen que pagar préstamos en las cajas municipales. Los intereses siguen corriendo y no podemos esperar hasta septiembre o octubre para cobrar del Estado», señaló Valdiviezo.
Portilla coincidió en que las deudas acumuladas tras dos campañas consecutivas con pérdidas están obligando a los productores a desprenderse de su cosecha.
«Tenemos que pagar al banco, al proveedor o al vecino que nos prestó dinero para sembrar. Algunos todavía guardamos el arroz con la esperanza de venderle al Estado, pero con tantos requisitos eso parece imposible», afirmó.
En ese contexto, el presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Sechura, del Medio y Bajo Piura, Máximo Valdiviezo Delfín, insistió en que la compra estatal de arroz no resolverá de fondo la crisis que enfrenta el sector y volvió a solicitar la implementación de un Reactiva Agrario para los pequeños productores.
«No estamos pidiendo que nos regalen el dinero. Queremos un Reactiva Agrario para poder seguir sembrando y devolver ese préstamo cuando mejore la situación. Si no hay financiamiento, muchos agricultores no podrán volver a cultivar, poniendo en riesgo la campaña grande», afirmó.
Evalúan nuevas medidas de protesta
La falta de avances concretos también ha reactivado las conversaciones entre los dirigentes de Conarroz Perú sobre una nueva jornada de protestas.
Valdiviezo informó que los representantes nacionales sostendrán reuniones para definir las próximas acciones.
«Lo más seguro es que retomemos las medidas de lucha porque el Estado sigue burlándose prácticamente de nosotros», manifestó.
En la misma línea, Portilla confirmó que las organizaciones agrarias vienen coordinando una reunión para evaluar la convocatoria a un nuevo paro nacional.
«No hay nada concreto todavía, pero si el Gobierno mantiene estos requisitos y no hay soluciones reales para el agricultor, tendremos que volver a salir a las calles», concluyó.
