La crisis institucional que atraviesa la Universidad Nacional de Piura (UNP) desde hace casi un año tendrá este viernes uno de sus capítulos más decisivos. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura realizará la audiencia de vista de la causa correspondiente a la acción de amparo presentada por José Luis Ordinola Boyer, quien resultó ganador de las elecciones rectorales de julio de 2025 y cuya proclamación quedó sin efecto tras la anulación del proceso electoral.
La diligencia ha sido programada para el viernes 19 de junio a las 11:30 a.m. y estará a cargo de los magistrados Francisco Cunya Celi, Jensen F. García Córdova y Gloria T. Panta Ordinola, integrantes de la Primera Sala Civil de Piura.
El caso se remonta al 9 de julio de 2025, cuando se desarrolló la segunda vuelta de las elecciones para rector de la UNP. Según los resultados oficiales, Ordinola Boyer obtuvo la mayoría de votos en los estamentos docente y estudiantil, siendo proclamado ganador por el propio Comité Electoral.
Sin embargo, una semana después, el Comité Electoral emitió la Resolución N°20, mediante la cual anuló todo el proceso electoral. La decisión generó cuestionamientos debido a que organismos como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público habían participado en la supervisión de los comicios.
Flavio Gutiérrez, integrante del movimiento Dignidad Universitaria, sostiene que la medida carecía de sustento legal.
“Entre gallos y medianoche el Comité Electoral anuló el proceso sin justificación legal alguna”, afirmó.
Según el dirigente universitario, los argumentos utilizados para invalidar los comicios no justificaban una decisión de tal magnitud.
“El Comité Electoral anuló el proceso a pesar de que la ONPE, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo dijeron que había sido válido. Argumentaron cosas como que había docentes que votaron doble, pero eso ocurrió en ambos grupos. Buscaron cinco patas al gato”, señaló.
Frente a esta situación, Ordinola Boyer interpuso una acción de amparo alegando la vulneración de sus derechos constitucionales de elegir y ser elegido. En primera instancia, el Poder Judicial declaró fundada la demanda y otorgó una medida cautelar que ordenaba continuar con el proceso electoral.
No obstante, según los promotores de la demanda, dichas disposiciones judiciales no fueron acatadas.
“Les dieron plazo de cinco días, de tres días para que tomen las decisiones adecuadas. Nunca lo hicieron”, manifestó Gutiérrez.
Como consecuencia, la jueza del caso dispuso acciones por presunto desacato, mientras que los integrantes del antiguo Comité Electoral afrontan investigaciones vinculadas a la anulación del proceso y a la presunta resistencia a la autoridad.
“Un año perdido para la universidad”
Para José Luis Ordinola Boyer, las consecuencias de la controversia han trascendido el ámbito personal y han afectado directamente la gestión universitaria.
“Teníamos toda una ruta de trabajo para ejecutar en este primer año. Nada de eso se pudo hacer porque no nos han permitido asumir el cargo”, declaró.
El docente considera que la decisión de anular las elecciones terminó desconociendo la voluntad expresada por la mayoría de la comunidad universitaria.
“Acá hubo un amago de fraude que perjudicó al grupo mayoritario de la Universidad Nacional de Piura, tanto en docentes como en estudiantes. Se violó un derecho constitucional fundamental. La fiscalía tiene bien clara la cosa: aquí hay cosas que deben cumplirse porque estamos en un estado de derecho”, sostuvo.
Asimismo, indicó que el Ministerio Público le ha solicitado un informe detallado sobre los perjuicios ocasionados durante el periodo en que no pudo asumir funciones.
Investigación penal en paralelo
Mientras el proceso constitucional avanza en el Poder Judicial, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla desarrolla una investigación que, según Ordinola Boyer, ya reúne alrededor de 85 elementos probatorios.
La pesquisa alcanza a los integrantes del antiguo Comité Electoral y también aparece mencionado el exrector encargado de la Universidad Nacional de Piura, Enrique Cáceres Florián, a quien el entorno de Ordinola Boyer señala como una figura clave en los hechos que desembocaron en la crisis institucional.
“Se nota por las formas como han actuado que no es una idea que haya salido de ellos solos, están digitados. Y la fiscalía ha dejado bien claro quién es el principal responsable”, afirmó en referencia al exrector encargado Enrique Cáceres.
De acuerdo con su versión, el proceso penal podría extenderse hasta septiembre debido a que algunos de los involucrados aún no han acudido a las citaciones fiscales.
Convocan a protesta
En paralelo a la audiencia, el movimiento Dignidad Universitaria ha convocado a docentes, estudiantes, trabajadores y egresados a una concentración pacífica en la Plaza Tres Culturas, frente a la sede del Poder Judicial de Piura.
La movilización busca expresar respaldo a la demanda de amparo presentada por Ordinola Boyer y exigir una resolución que, según sus organizadores, respete la voluntad expresada en las urnas durante las elecciones de julio de 2025.
Fotografía de portada: Diario Correo
