Los vecinos están mortificados porque el tramo II de la avenida Sullana, que ejecuta el Gobierno Regional de Piura, se inundó en varias partes con la lluvia de 14 milímetros registrada el martes. La obra incrementó su precio tras la aprobación de dos adicionales por más de S/ 5 millones; y también varió de fecha de entrega: ya no será entregada en diciembre, sino en febrero del 2026.
El Ministerio Público de Piura abrió una investigación preventiva por noventa días contra los responsables del proyecto de drenaje pluvial en el Centro Histórico de Piura, tras denuncias por tala de árboles y daños al patrimonio ecológico y cultural de la Plaza Tres Culturas.
La batalla por la «justicia azul» se intensifica en las costas de Tumbes y Piura, en el norte de Perú, donde las comunidades de pescadores de pequeña escala enfrentan una represión creciente mientras intentan proteger sus medios de subsistencia y un ecosistema marino vital de la pesca industrial ilegal. A pesar de que las primeras cinco millas náuticas han estado legalmente protegidas durante 30 años como una zona de reproducción crítica reservada para los pescadores artesanales, la vigilancia es deficiente, permitiendo que embarcaciones industriales utilicen artes de pesca no selectivas y prohibidas (como redes de cerco y arrastre) para operar ilegalmente en esta área.
La ampliación del plazo de la obra en la avenida Sullana hasta febrero de 2026 ha puesto al borde del colapso a los comerciantes del sector. Denuncian que no venden nada desde julio y que sus ingresos no alcanzan ni para cubrir el alquiler de los puestos.
El certamen “Mujeres en la Construcción de Paz” reconoce los mejores trabajos periodísticos que visibilizan el rol de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos en América Latina. El jurado destacó que el artículo de Norte Sostenible “resalta con fuerza narrativa el liderazgo de las mujeres que convierten la defensa del territorio en una lucha por la paz y la justicia social”.
La tesis fiscal sostiene que se habría utilizado a tres comunidades campesinas de Ayabaca como fachada para «blanquear» el recurso forestal, que se encuentra en peligro crítico. Investigación incluye a exjefe de Serfor-Piura, funcionarios, regentes forestales, dirigentes comunales y un consorcio de inversionistas, a quienes se los acusa de organización criminal y tráfico de productos forestales maderables.
Como hace más de 20 años, el distrito de Tambogrande, en Piura, está de nuevo en el centro de un conflicto socioambiental tras la firma de contrato del proyecto minero El Algarrobo, de la compañía Buenaventura. Pero las defensoras ambientales también están listas para defender su territorio. Dos de ellas son Hermelinda Castro y Estela Arroyo, curtidas lideresas que vienen formando nuevas generaciones de jóvenes para cuidar la tierra y construir justicia social.
La disputa por la Ley N.º 31749, que reserva las primeras cinco millas marinas para la pesca artesanal, ha originado un enfrentamiento legal y político que pone en juego el futuro de la sostenibilidad pesquera en el Perú. En Piura, epicentro de esta pugna, gremios artesanales defienden la norma como un escudo contra el colapso ecológico, mientras sectores con embarcaciones mecanizadas impulsan acciones judiciales que podrían frenar su aplicación. Lo que está en juego es el sustento de miles de familias y la definición de un modelo de desarrollo pesquero para el país.
Luego de ganar millonarios contratos en La Libertad, Nicole Coca Condori, estudiante de Derecho de 23 años, también buscó suerte en Piura. En esta región norteña, la próspera empresaria se presentó como postora en la licitación impulsada por el Gobierno Regional de Piura para construir el Estadio Miguel Grau de Piura, por casi S/ 200 millones. Aunque no ganó, dejó constancia de la fórmula que usaba para conseguir muchos millones.
En una ciudad calurosa como Piura, que necesita más arborización urbana para combatir las altas temperaturas, las autoridades se han empeñado en talar los árboles existentes para «sembrar» cemento. Eso ocurre, y ha sido denunciado por colectivos ciudadanos, en la Av. Don Bosco, que es ejecutada por el mismo consorcio que construye los promocionados polideportivos del gobernador regional Luis Neyra.
