La Autoridad Nacional del Agua detectó ocho puntos críticos que afectan al humedal de Santa Julia, entre ellos drenes colapsados, vertimientos de aguas residuales y fallas en infraestructura sanitaria, lo que evidencia los principales riesgos ambientales de este ecosistema frágil ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura.
Un estudio técnico impulsado por el proyecto Bambú Nororiente ha logrado identificar 6,433 hectáreas de bambú (Guadua aff angustifolia) en las regiones de Piura, Cajamarca y Amazonas. Esta investigación, basada en el análisis de imágenes satelitales de alta resolución durante el 2024, se presenta como un instrumento para el ordenamiento territorial, revelando tanto el potencial hídrico de zonas clave como Morropón y Yamango, como la creciente amenaza de deforestación por cambio de uso de suelo que enfrenta el recurso.
Las playas siguen siendo el principal atractivo del verano en Piura, pero la caída de visitantes, los problemas de infraestructura y la limpieza de balnearios ponen en riesgo la recuperación del turismo y su impacto económico.
La reciente aprobación de la Ley N.º 32534 abre una nueva posibilidad para que las comunidades costeras afectadas por derrames de petróleo reclamen indemnizaciones justas, incluso de manera retroactiva. En Lobitos, Piura, los pescadores artesanales anuncian que retomarán su lucha contra Petroperú, cuestionando compensaciones consideradas insuficientes y acuerdos firmados bajo presión, mientras exigen una reparación real por los daños ambientales, económicos y sociales sufridos tras los derrames de 2024 y 2025.
La Municipalidad de Veintiséis de Octubre denunció ante la Fiscalía la presunta contaminación del humedal Santa Julia por el colapso del pozo Los Robles, mientras persisten problemas de acceso, seguridad y señalización en este frágil ecosistema.
Un año después del derrame de crudo que contaminó el mar y golpeó el corazón de su economía, Lobitos sigue pagando el precio de la desidia estatal y la impunidad ambiental. Este balneario piurano, reconocido por sus olas y su biodiversidad, enfrenta hoy una lenta y desigual recuperación marcada por la caída del turismo, la precarización de pescadores y hoteleros, y una indemnización que nunca llegó. Entre promesas incumplidas, pasivos petroleros sin remediar y una fiscalización ausente, Lobitos se convierte en un espejo de cómo en el Perú los daños ambientales pueden quedar sin justicia ni reparación real.
Desde el histórico hallazgo del primer nido de cóndor andino en la costa peruana, hace más de una década, hasta los desafíos actuales frente a la pesca ilegal y el turismo informal, la Reserva Nacional Illescas se mantiene viva y cumple cuatro años gracias a la persistencia de sus guardianes y a iniciativas que apuestan por la conservación ambiental y el desarrollo local. En este reportaje exponemos su importancia y los retos pendientes en la gestión de esta área natural protegida del norte peruano.
A pocos días de la Navidad y el Año Nuevo, Piura vive uno de los escenarios de mayor colapso urbano de los últimos años. El cierre simultáneo de avenidas clave por obras públicas ejecutadas por el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial ha generado un severo caos vehicular, ha golpeado la economía local y ha encendido cuestionamientos por retrasos, adicionales, falta de planificación y decisiones con impacto ambiental, como la tala de árboles en zonas estratégicas de la ciudad.
El Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental (IRESA) ubica a Piura como la décima región más sostenible del país, pero los indicadores revelan brechas profundas: agua no segura, saneamiento colapsado, alta informalidad en la vivienda y una infraestructura ambiental insuficiente. Aunque la región sube posiciones, especialistas advierten que el avance es frágil y no corrige riesgos que comprometen la salud y seguridad de miles de familias.
Durante su participación en Agromin, en Piura, Raúl Benavides, director de Compañía de Minas Buenaventura, sostuvo que la oposición al proyecto hídrico-minero El Algarrobo se basa en «una encuesta manipulada». Sin embargo, su afirmación es falsa, pues se trató de un mecanismo legal, participativo y respaldado por organismos internacionales en 2002, mediante la cual el 98% de la población de Tambogrande le dijo no a la minería.
